Por Rodolfo Herrera.
El 19 de agosto de 2026, a las 15:30 horas, en el aula de usos múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del IMSS Veracruz Norte, en Belisario Domínguez 15, colonia Adalberto Tejeda, Xalapa, se firmó un Acta de Asignación. El procedimiento: AA-50-GYR-050GYR014-N-162-2026. El objeto: adquisición de órtesis, prótesis y ayudas funcionales para unidades médicas del régimen ordinario. La modalidad: adjudicación directa nacional. El resultado: un solo participante, un solo ganador.
Firmaron, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el licenciado José Antonio Hernández Ramos, titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento; la L.A.N.I. Mary Lú Villicaña Acosta, titular del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios; el licenciado Luis Antonio Vargas Morado, encargado de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios; y Elnathan Jarib Landa Molina, analista coordinador. El acta consta de ocho hojas.
El implante que no llega: el acta de Xalapa y el patrón de sobreprecios en el material ortopédico del IMSS.
Las rúbricas están en la última.
Ese ganador es Ortopedia Verástegui. Las piezas aparecen como marca Verastegui, fabricadas en México, sin registro sanitario. A quien esto escribe le hicieron llegar copias de esa acta. En ellas constan las unidades médicas, las descripciones de los dispositivos y el precio unitario que el IMSS aceptó pagar. Esos son los únicos precios que aparecen en el documento oficial.
Los montos más bajos anotados a mano no forman parte del acta.
Ahí está el caso.
Una prótesis de amputación a nivel de rodilla se adjudicó en 138 mil 725 pesos; la investigación de mercado ubica piezas equivalentes desde 60 mil. Otra partida igual: 138 mil 725 contra 60 mil. Un reemplazo de liner y pie de prótesis: 46 mil 400 adjudicados contra 25 mil en el mercado. Una prótesis con cuña supracondílea para amputación bajo rodilla: 98 mil 697 contra 35 mil. Una férula para tobillo y pie: 51 mil 332 contra 19 mil. Un auxiliar auditivo digital programable: 94 mil 250 contra 20 mil. Una rehabilitación auditiva con auxiliares eléctricos: otra vez 94 mil 250 contra 20 mil.
Sigue el mismo patrón en el resto de las partidas que constan en el documento. Prótesis transradial bilateral con socket, gancho y sistema de cables: 122 mil 525 adjudicados; el mercado, desde 45 mil. Transfemoral con barra lateral y rodilla mecánica: 121 mil 736 contra 70 mil. Pie tipo relleno para amputación de un dedo: 17 mil 400 contra 2 mil 500. Paquete de silla de ruedas con descansabrazos y llantas neumáticas: 22 mil 215 contra 3 mil 500. Prótesis parcial de mano: 35 mil 800 contra 15 mil. Zapato con alza de 55 milímetros: 150 mil 325 contra mil pesos. Prótesis modular transtibial: 98 mil 697 contra 45 mil. Otra igual. Una prótesis descrita como transfemoral con rodilla neumática —con la observación de que “esto no lleva rodilla” y que lo prescrito es transtibial— aparece adjudicada en 138 mil 725. Una transfemoral de alta especificación con fibra de carbono: 368 mil 300 contra 120 mil. Otra transfemoral: 138 mil 725 contra 80 mil. Dos prótesis parciales de pie tipo Chopart: 116 mil 812 cada una contra 16 mil. Una prótesis de miembro superior: 138 mil 733 contra 50 mil. Hasta una pantimedia de mediana presión: mil 160 contra 550.
En una de las hojas el acta suma más de 2.9 millones de pesos. La diferencia no está impresa en el formato institucional. Surge cuando se pone el precio adjudicado junto al precio más bajo que una revisión de mercado encontró para dispositivos comparables. Eso es el sobreprecio a la vista.
El acta dice que se recibió una sola cotización. Que el participante no aparece en el directorio de proveedores sancionados. Que el dictamen legal-administrativo “cumple”, el técnico “cumple” y el económico es “solvente”. Que habrá garantía del 10 por ciento. Todo en regla. Todo con un solo nombre de proveedor en la mesa y cuatro firmas del instituto al final.
Eso es Xalapa, agosto de 2026. No es un caso aislado. Es la versión local de un patrón que el IMSS arrastra desde hace más de veinte años en osteosíntesis, endoprótesis, órtesis y prótesis externas.
Entre 2003 y 2010, la subsidiaria mexicana de Orthofix pagó sobornos —efectivo, televisores, computadoras, relojes, vacaciones— a jefes de compras, médicos y encargados de almacén. La SEC de Estados Unidos lo llamó “chocolates”. Contratos por unos 8.7 millones de dólares. Hospitales como Magdalena de las Salinas, Lomas Verdes y el 21 de Nuevo León. El IMSS demandó, acordó en 2016 tres millones en equipo y un millón en efectivo, y el equipo llegó incompleto, usado o fuera de cuadro. Los funcionarios mexicanos, en el expediente público, no aparecen sancionados.
En 2023, el Hospital de Traumatología y Ortopedia “Dr. Victorio de la Fuente Narváez” enfrentó denuncias de licitaciones a modo para material de osteosíntesis. Se acusó de favorecer a Medtronic —una de las propuestas más caras— en el procedimiento LA-50-GYR-050GYR049-T31-2023, por unos 5.5 millones. Ofertas válidas y más baratas habrían sido descartadas. El sobrecosto se estimó en el equivalente a 350 cirugías de columna. El OIC abrió el INC/072/2023. Consecuencias visibles: ninguna que conste.
La ASF, al revisar la cuenta pública 2017, ya había hallado plazos recortados, fallos que no se pronunciaban sobre decenas de claves e incumplimientos en las dotaciones. Contratos por más de 233 millones. Empresas inhabilitadas por declarar origen mexicano falso. Licitaciones internacionales desiertas que abrían la puerta a la compra directa. En 2026, IMSS-Bienestar canceló 47 cirugías porque Aspamedical Latinoamérica —empresa de reciente creación, socios de 26 y 32 años, más de 270 millones en adjudicaciones directas en dos años— no entregó tornillos, placas y barras, o los llevó en mal estado. Pacientes en la plancha. Uno con fractura de cadera.
El modelo de “inventario cero”
concentra el poder en quien decide qué es “compatible”, qué propuesta es “técnicamente solvente” y quién se queda la partida única. En Xalapa ni siquiera hubo que declarar desierta una licitación: se invitó, llegó uno, se asignó. Y firmaron Hernández Ramos, Villicaña Acosta, Vargas Morado y Landa Molina.
El derechohabiente de la HGZ 11, de la HGSZ 28, de la UMF 57 o de la UMF 61 no ve CompraNet. Ve si le llega la prótesis, si el socket sienta, si el pie es el que le recetaron o una descripción que no corresponde con su amputación. Cada peso pagado de más es una pieza que el instituto deja de comprar para otro paciente. Cada adjudicación a un solo proveedor, con precios que duplican o triplican lo que una investigación de mercado encuentra por piezas equivalentes, es un mensaje: el riesgo es bajo.
La Suprema Corte ordenó en 2026 que el IMSS cubra prótesis y órtesis a menores. El instituto alega techo presupuestal. Es una defensa difícil de sostener cuando, en la misma institución y el mismo año, un acta de Xalapa pone 138 mil pesos donde el mercado ofrece 60 mil, 150 mil donde ofrece mil, 368 mil donde ofrece 120 mil.
No basta con CompraNet. Se necesita publicar la comparación de precios unitarios entre lo adjudicado y lo que se cobra en el mercado por dispositivos equivalentes. Separar de verdad la evaluación médica de la decisión de abastecimiento. Sancionar no solo al proveedor, sino al servidor que acepta la única oferta y el precio más alto sin explicar por qué. Que la ASF y el OIC no se queden en recomendaciones.
A quien esto escribe le hicieron llegar el documento. Tiene fecha, folio, nombre de la empresa, los precios que el IMSS aceptó y las firmas de José Antonio Hernández Ramos, Mary Lú Villicaña Acosta, Luis Antonio Vargas Morado y Elnathan Jarib Landa Molina. La otra columna —la del mercado— no la puso el instituto: la puso una revisión de lo que esas piezas cuestan afuera. La corrupción en salud no siempre se ve en un maletín. A veces se ve en un acta de ocho páginas, firmada a las 15:30 horas, con un solo participante y una diferencia de decenas de miles de pesos por cada hueso que el instituto prometió reparar.
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