Por Gerardo Velásquez Maravert.
¡Qué ironía tan exquisita la de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV)!
Hoy, en la página oficial de Facebook de la Secretaría de Educación de Veracruz, se publica un mensaje impecable, lleno de buenas intenciones:
“Nuestro compromiso es atender a la ciudadanía con equidad, respeto y sin discriminación. Trabajamos para darte la atención que mereces.”
Y remata con un enlace amable para denunciar cualquier agravio.
Suena hermoso. Casi conmovedor. Uno podría pensar que estamos ante una institución modelo de sensibilidad, justicia y respeto a los derechos laborales.
Mientras tanto, en el mundo real, veinticinco trabajadores del Programa Vasconcelos, algunos con hasta 20 años de servicio, continúan luchando por su reinstalación, después de haber sido separados de sus funciones de manera injustificada desde enero de 2026. No hubo notificación formal, no hubo explicación clara; solo la puerta cerrada y la negación semántica de siempre: “no fueron despedidos, simplemente concluyeron sus contratos”.
Es decir: la SEV predica equidad y respeto… pero en los hechos practica el despido exprés disfrazado de “fin de contrato” contra personas que dedicaron años de su vida a llevar educación a las comunidades más marginadas de Veracruz.
La ironía duele: mientras invitan a la ciudadanía a denunciar discriminación mediante un bonito enlace, sin embargo, en la práctica es otra historia.
¿Dónde quedó ese “compromiso” cuando se trató de respetar la antigüedad, la estabilidad laboral y la dignidad de quienes han estado en las verdaderas trincheras educativas, y no en el discurso institucional?
Por otra parte, el problema no termina ahí.
Es del conocimiento público que, desde la llegada de la actual administración encabezada por Claudia Tello Espinoza, se han registrado múltiples casos de separación laboral que, según refieren los propios trabajadores, carecen de justificación clara y de los procedimientos formales correspondientes. Se habla de más de 350 trabajadores de distintas áreas afectados, algunos de los cuales incluso habrían sido presionados para firmar su renuncia.
Asimismo, se han presentado situaciones en las que personal con años de servicio ha sido impedido de desempeñar las funciones propias de su adscripción, presuntamente por haber formado parte de la administración anterior. Tal es el caso de un trabajador cuya identidad se reserva como “Ángel N”, padre de familia, quien lleva meses apartado de sus funciones sin documento oficial que sustente dicha medida ni la existencia de procedimiento administrativo alguno. Actualmente se encuentra sin recibir sueldo, lo que ha generado afectaciones directas a su subsistencia y a la de su familia, todo ello bajo el argumento informal de que existen “instrucciones superiores”.
Cabe destacar que este trabajador ha acudido a las vías institucionales correspondientes, presentando denuncias formales ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Órgano Interno de Control de la propia Secretaría de Educación de Veracruz, así como ante la Contraloría General del Estado, sin que hasta el momento exista avance o resolución visible en su caso.
No es menor el caso de una maestra con amplia trayectoria en la Dirección de Actividades Artísticas, identificada con las iniciales ECG, quien tras presentar una denuncia formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por presuntos actos de abuso de autoridad, discriminación y violencia de género, fue puesta “a disposición” de Recursos Humanos, pese a contar con más de diez años de antigüedad. Ahora le ofrecen que busque un lugar a donde desempeñarse aún cuando su lugar de adscripción es de donde fue “sacada”.
Lo anterior resulta particularmente delicado si se considera que, de acuerdo con los señalamientos realizados, quien presuntamente habría incurrido en conductas indebidas es el titular de la Dirección de Actividades Artísticas de la SEV, a cargo del Lic. Ángel Alberto Borjas Solorza, lo que evidencia una posible inversión de responsabilidades que vulnera principios básicos de legalidad, debido proceso y protección a la víctima.
Por si fuera poco, sucede lo mismo en la Dirección para la Incorporación de Escuelas Particulares, a cargo de la Doctora Omaira del Ángel Benavides, debido a que, no solo se han señalado prácticas de intimidación generalizadas: también existen casos específicos de acoso directo, donde personal ha sido presionado, intimidado y coaccionado para asumir responsabilidades que no le corresponden, bajo la amenaza de represalias laborales y tráfico de influencias.
Estos hechos, además de haber sido reportados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Órgano interno de control de la SEV, confirman un patrón de conducta que rebasa lo administrativo y se instala en el terreno de la violencia institucional.
Estas prácticas, lejos de ser corregidas, han sido toleradas. La omisión de las autoridades competentes no es menor: de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los servidores públicos tienen la obligación de conducirse bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, objetividad, integridad, equidad y respeto a los derechos humanos.
Asimismo, dicha ley establece el deber de prevenir, investigar y sancionar cualquier conducta indebida en el ejercicio del servicio público; por lo que la inacción, la tolerancia o el encubrimiento también constituyen faltas administrativas.
En este sentido, no solo se incumple con una obligación legal, sino que se vulnera el estándar ético que rige el servicio público, convirtiendo la omisión en una forma de responsabilidad institucional.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, la situación es aún más grave: se vulnera el derecho al trabajo digno, a la estabilidad laboral, a la igualdad y no discriminación, así como el derecho a desempeñar funciones en un entorno libre de violencia, intimidación y acoso.
Más preocupante aún es que varias de las personas afectadas son mujeres, incluidas madres solteras, lo que configura posibles actos de violencia de género y discriminación estructural. Esta realidad resulta profundamente incongruente en una institución que, cada 25 de mes, se suma al “Día Naranja”, una iniciativa internacional que busca generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas.
No se puede promover en el discurso lo que se vulnera en la práctica.
Tanto quien ejecuta estas conductas como quien las permite, las encubre o simplemente guarda silencio, incurre en responsabilidad. No solo se trata de faltas administrativas, sino de la transgresión directa al mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como de posibles violaciones a los principios de igualdad sustantiva y una vida libre de violencia.
Y es precisamente aquí donde surge una pregunta inevitable: ¿se desconocen estos principios o simplemente se decide ignorarlos desde el ejercicio del poder?
Tal parece que estas prácticas no son hechos aislados, sino el reflejo de una forma de conducción que se replica en distintos niveles de la institución. La violencia laboral, en estos casos, no es un error administrativo: es un mecanismo de presión para desgastar, someter o empujar a los trabajadores a renunciar.
En este mismo contexto, resulta particularmente preocupante que la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de su representación legal, haya promovido una denuncia en mi contra, en mi calidad de Secretario General del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE), ante la Fiscalía General del Estado.
En dicha denuncia se me atribuyen conductas relacionadas con un supuesto “bloqueo estratégico de los accesos” de la dependencia. Sin embargo, más allá de los señalamientos vertidos, corresponde a la propia autoridad ministerial determinar la existencia o no de elementos que sustenten tales afirmaciones, en apego al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.
Lo que sí resulta evidente es que este tipo de acciones, en el contexto de un conflicto laboral vigente, pueden interpretarse como mecanismos de presión que buscan inhibir la legítima representación sindical y el ejercicio del derecho a la defensa colectiva de los trabajadores.
La criminalización de la actividad sindical no solo vulnera derechos fundamentales como la libertad de asociación y expresión, sino que también envía un mensaje preocupante sobre el uso de las instituciones para dirimir conflictos laborales que deberían resolverse en los cauces legales correspondientes.
En un Estado de derecho, las diferencias no se persiguen: se resuelven conforme a la ley, con respeto irrestricto a los derechos humanos y a las garantías constitucionales de todas las partes involucradas.
Más aún, este tipo de actuaciones se convierte en prueba fehaciente de la violencia institucional y del abuso de autoridad ejercido en contra de la representación del SIMVE y, por ende, en perjuicio directo de los trabajadores afiliados a esta organización.
A la luz de estos hechos, publicar mensajes sobre equidad es fácil; ejercerla, respetarla y garantizarla, especialmente hacia su propio personal “de confianza”, es lo que verdaderamente define la legitimidad de una institución.
Por ello, resulta indispensable que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no solo reciba estas quejas, sino que emita recomendaciones firmes y oportunas para frenar estas prácticas y prevenir nuevas violaciones. De igual forma, el Órgano Interno de Control debe asumir su responsabilidad: investigar de manera imparcial, substanciar los procedimientos correspondientes y, en su caso, sancionar las conductas que contravengan la ley, garantizando que el servicio público se rija por los principios de legalidad, integridad y respeto a los derechos humanos.
La realidad es contundente: cuando la institución encargada de educar no respeta los derechos básicos de quienes la sostienen, el mensaje que envía a la sociedad no solo es contradictorio, es profundamente alarmante.
Eso no se disimula con publicaciones. Se corrige con justicia.
A quienes hoy atraviesan situaciones similares, marcadas por el silencio institucional, el abuso de poder o la vulneración de sus derechos laborales, sepan que no están solos. Detrás de cada caso hay una historia que merece ser escuchada, defendida y resuelta con dignidad.
En el Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE) encontrarán una representación comprometida, dispuesta a acompañarlos, visibilizar sus casos y defender sus derechos con firmeza. Además, ponemos a su disposición asesoría legal gratuita, porque el acceso a la justicia no debe ser un privilegio, sino una garantía.
Porque los derechos no se negocian. Se defienden.
Hoy más que nunca, la Secretaría de “Educación” de Veracruz debe honrar, su nombre.
