Xalapa, Veracruz. — El Secretario General del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE), Gerardo Velásquez Maravert, presentó formalmente una denuncia ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), acompañado de trabajadores del Programa Vasconcelos y de otras áreas de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), quienes se ostentan como víctimas de presuntos actos de abuso de poder, violencia institucional y posibles irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos destinados al pago de nómina y operación administrativa.
Como parte de las líneas de investigación planteadas ante el ORFIS, el dirigente sindical solicitó investigar la actuación de diversos servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación de Veracruz, entre ellos:
• Dra. Claudia Tello Espinosa — Secretaria de Educación de Veracruz.
• Juan Darío Lemarroy Martínez — Coordinador o Jefe de Asesores de la Secretaría de Educación de Veracruz.
• Dra. Omaira del Ángel Benavides — Titular de la Dirección para la Incorporación de Escuelas Particulares (DIEP).
• C. Ángel Alberto Borjas Solorza — Director de la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz.
• C. Rosalba Valencia Cruz — Subsecretaria de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz.
• José Manuel Villaseñor Campos — Director Jurídico de la Secretaría de Educación de Veracruz.
• Dra. Sofía Enith Quiroz Allende — Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Veracruz.
• Adriana Velásquez Flores — Coordinadora del Programa Vasconcelos.
• Elías Calixto Armas — Ex Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Veracruz.
• Alan Eduardo Cedillo García — Consultor de Desarrollo Educativo adscrito a la Subsecretaría de Desarrollo Educativo.
A partir de dichos hechos, la decisión de acudir ante el ORFIS derivó de una serie de situaciones que, desde el ámbito administrativo, presupuestal y laboral, podrían constituir posibles irregularidades relacionadas con el uso indebido del servicio público, abuso de funciones, manejo irregular de recursos públicos, utilización discrecional de estructuras institucionales y probables afectaciones a derechos laborales y sindicales dentro de la Secretaría de Educación de Veracruz.
Entre los principales motivos expuestos en la denuncia destacan los presuntos despidos y desplazamientos injustificados de trabajadores con más de 20 años de servicio dentro del Programa Vasconcelos; la exclusión arbitraria de personal de sus centros de trabajo sin procedimiento legal previo; posibles prácticas de hostigamiento institucional; así como el probable uso de recursos humanos, administrativos y jurídicos de la SEV para ejercer presión contra trabajadores y representantes sindicales.
En consecuencia, solicité al ORFIS que, en el ámbito de sus facultades constitucionales y legales, realice una auditoría integral y determine posibles responsabilidades administrativas y, en caso de advertirse la probable comisión de conductas ilícitas, dé vista a las autoridades competentes por hechos que podrían constituir abuso de autoridad, utilización indebida del servicio público, desvío de atribuciones, tráfico de influencias, manejo irregular de recursos públicos, posible nepotismo, presunta usurpación de funciones y posibles violaciones a la libertad sindical.
Bajo esa misma línea, precisé que la denuncia presentada no constituye una imputación definitiva de delitos, sino la exposición formal de hechos presuntamente irregulares para que las autoridades fiscalizadoras y de procuración de justicia competentes realicen las investigaciones correspondientes y, en su caso, determinen las responsabilidades legales a que haya lugar.
En atención a dichos antecedentes, también solicité una revisión integral sobre posibles irregularidades administrativas y financieras relacionadas con movimientos de personal, plazas y nómina dentro de la Secretaría de Educación de Veracruz, particularmente en áreas vinculadas al Programa Vasconcelos, la Dirección de Actividades Artísticas, la Dirección para la Incorporación de Escuelas Particulares (DIEP) e incluso dentro de la propia Dirección Jurídica de la SEV.
En ese contexto, advertí que los despidos y desplazamientos presuntamente injustificados de trabajadores podrían haber derivado en beneficios administrativos, presupuestales o de control interno para personas presuntamente favorecidas o vinculadas con servidores públicos actualmente señalados en la denuncia.
Bajo ese planteamiento, solicité investigar posibles prácticas de favoritismo, asignación irregular de plazas, utilización discrecional de recursos humanos y la eventual existencia de redes de beneficio interno dentro de la dependencia.
Aunado a ello, pedí verificar si funcionarios o servidores públicos señalados mantienen familiares, allegados o personas vinculadas dentro de las nóminas de la SEV, a fin de descartar posibles actos de nepotismo, conflicto de interés, uso indebido de cargos públicos o manejo irregular de recursos y presupuesto público.
En el mismo sentido, la denuncia expone posibles actos de injerencia patronal y prácticas antisindicales mediante el presunto uso del aparato institucional y jurídico de la SEV para afectar la autonomía sindical y la representación legítima del SIMVE, en contravención a los principios de libertad sindical, autonomía sindical y libre asociación previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz y diversos convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Uno de los puntos más delicados que motivó la presentación de esta denuncia fue la promoción de una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado en mi contra, derivada de manifestaciones realizadas en inmediaciones de la SEV en defensa de trabajadores del Programa Vasconcelos que, según los denunciantes, fueron separados injustificadamente de sus funciones después de más de dos décadas de servicio ininterrumpido.
Desde esa perspectiva institucional, actualmente comparezco con la calidad jurídica de persona denunciada dentro de una carpeta de investigación iniciada ante la Fiscalía General del Estado; sin embargo, considero preocupante que recursos públicos, estructuras administrativas y personal adscrito a la Secretaría de Educación de Veracruz pudieran haber sido utilizados para impulsar acciones de presión, intimidación o desgaste institucional en mi contra, derivado de las denuncias públicas y sindicales que he realizado respecto de posibles irregularidades administrativas, afectaciones laborales y probables actos de corrupción dentro del sector educativo estatal.
Derivado de ello, de acreditarse los hechos denunciados, éstos podrían configurar no sólo posibles actos de injerencia patronal y prácticas antisindicales, sino también conductas relacionadas con violencia institucional, abuso de poder, utilización indebida del servicio público y posible coalición de servidores públicos, derivadas de la presunta participación coordinada de diversas áreas administrativas, jurídicas y operativas de la Secretaría de Educación de Veracruz para trasladar un conflicto de naturaleza laboral y sindical al ámbito penal.
Como parte de los antecedentes expuestos ante el ORFIS, también solicité revisar posibles vínculos administrativos y presupuestales relacionados con el caso de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), con el propósito de determinar si existen patrones de opacidad, simulación administrativa o utilización indebida de recursos públicos en áreas relacionadas con la operación educativa y administrativa de la SEV.
En paralelo, la denuncia incorpora los señalamientos y testimonios de trabajadoras adscritas al Programa Vasconcelos y a otras áreas de la Secretaría de Educación de Veracruz, quienes manifestaron haber sido objeto de presuntas afectaciones laborales, hostigamiento institucional, violencia administrativa, desplazamientos arbitrarios y posibles actos de presión relacionados con su permanencia laboral.
Entre los hechos denunciados destaca el caso de una trabajadora adscrita a la Dirección para la Incorporación de Escuelas Particulares (DIEP), quien manifestó haber sido presuntamente presionada para firmar documentación previamente elaborada sin permitírsele conocer su contenido, además de haber sido informada verbalmente sobre la terminación de su relación laboral por instrucciones superiores, sin procedimiento legal previo ni resolución fundada y motivada.
A la par, la trabajadora señaló que dicha situación impactó directamente su estabilidad económica, su derecho humano a la salud y su acceso a la seguridad social, particularmente porque actualmente enfrenta una afección pulmonar de carácter crónico que requiere seguimiento médico constante.
Sumado a lo anterior, expuso que la posible pérdida de su fuente de empleo comprometería también el acceso a servicios médicos y medicamentos para su hijo menor de edad, quien actualmente cursa el segundo grado de primaria y depende económicamente de ella.
De igual forma, dentro de los escritos presentados se expuso que los hechos denunciados podrían constituir posibles actos de violencia institucional, violencia laboral y violencia contra la mujer en el ámbito laboral, toda vez que las conductas descritas habrían generado afectaciones emocionales, incertidumbre jurídica, presión psicológica y condiciones adversas incompatibles con el derecho de toda mujer a vivir una vida libre de violencia, conforme a los principios previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables en materia de derechos humanos y protección reforzada a mujeres trabajadoras.
En paralelo, se incorporó el caso de una trabajadora adscrita a la Dirección de Actividades Artísticas de la SEV, quien previamente promovió quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Órgano Interno de Control por hechos que presuntamente podrían constituir violencia laboral, violencia de género, hostigamiento institucional, abuso de autoridad y posibles irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos dentro de dicha área administrativa.
Según lo expuesto en los escritos presentados, la trabajadora habría sido separada de sus funciones habituales y puesta a disposición del área de Recursos Humanos sin procedimiento previo, sin garantía de audiencia y sin resolución debidamente fundada y motivada.
Bajo esa misma tesitura, los denunciantes señalaron que dicha medida no sólo resultó arbitraria, sino además revictimizante, toda vez que la afectación laboral y administrativa recayó directamente sobre la trabajadora denunciante y no sobre el servidor público señalado en las quejas, identificado como titular de la Dirección de Actividades Artísticas de la SEV, pese a los señalamientos relacionados con presuntos actos de hostigamiento institucional, violencia laboral y abuso de autoridad expuestos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Órgano Interno de Control.
En ese mismo contexto, la denuncia presentada ante el ORFIS también incorporó solicitudes de revisión relacionadas con la actuación de Juan Darío Lemarroy Martínez, quien públicamente se ostenta como Coordinador o Jefe de Asesores de la Secretaría de Educación de Veracruz, pese a que dicha figura no aparece expresamente contemplada dentro de la estructura orgánica prevista en el Reglamento Interior vigente de la SEV.
Por tal motivo, se pidió investigar si cuenta con nombramiento formal, facultades legalmente delegadas y sustento normativo suficiente para intervenir en procesos administrativos, toma de decisiones institucionales o emisión de directrices dentro de la dependencia, toda vez que la inexistencia formal del cargo dentro del organigrama oficial podría generar incertidumbre jurídica respecto de la validez y legalidad de las actuaciones en las que presuntamente participe.
Bajo esa misma tesitura, se solicitó al ORFIS requerir información relacionada con el C. Elías Calixto Armas, ex Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Veracruz, a efecto de que se esclarezca cualquier posible vínculo administrativo, financiero o institucional relacionado con decisiones, actuaciones o antecedentes derivados de su desempeño dentro del sector educativo estatal, particularmente en asuntos vinculados con la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), dada la relevancia pública y administrativa del caso.
Desde esa perspectiva institucional, cobra relevancia que la propia titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Dra. Claudia Tello Espinosa, reconoció públicamente durante su comparecencia ante el Congreso del Estado que presuntamente habría existido falsificación de su firma en documentación oficial, situación que, por su gravedad institucional y posible impacto administrativo y presupuestal, amerita, a consideración del denunciante, una investigación exhaustiva y la emisión de informes claros por parte de las autoridades competentes respecto del estado que guarda dicho asunto.
En consecuencia, solicité al ORFIS iniciar las investigaciones correspondientes, requerir información relacionada con contratación, manejo de recursos, nómina, toma de decisiones administrativas, actuación de servidores públicos y estructura jerárquica de las áreas señaladas, reservándome además el derecho de ampliar la denuncia conforme avancen las investigaciones y se integren nuevas pruebas documentales y testimoniales.
“En el SIMVE conocemos plenamente el marco constitucional, laboral y administrativo que regula la función pública y la vida sindical en Veracruz. Por ello, no vamos a permitir que decisiones unilaterales, estructuras institucionales o áreas jurídicas sean utilizadas para intentar intimidar trabajadores, desplazar personal con décadas de servicio o desarticular la representación sindical legítima mediante mecanismos de presión administrativa o penal.
Quienes creen que el ejercicio del poder público permite actuar al margen de la legalidad están equivocados. Ningún servidor público, independientemente de su cargo, se encuentra por encima de la ley ni exento del deber de rendir cuentas.
Esta denuncia no representa un acto de confrontación política, sino el ejercicio legítimo de derechos constitucionales y mecanismos institucionales de fiscalización. El SIMVE continúa operando, defendiendo trabajadores y utilizando las vías legales correspondientes para exigir transparencia, legalidad y respeto a los derechos humanos, laborales y sindicales dentro del sistema educativo veracruzano”, señaló
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