Vivir en el Golfo.
Por Rodolfo Herrera.
¿Justicia sindical pareja o doble rasero en Veracruz?
Este lunes, integrantes de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestaron frente a la Secretaría de Educación de Veracruz para exigir el cumplimiento de acuerdos pendientes: asignación de plazas docentes, pago de adeudos, cobertura de vacantes y atención a diversos rezagos administrativos que impactan directamente en los trabajadores de la educación y en las comunidades escolares.
La movilización fue pacífica, organizada y enmarcada en la defensa legítima de derechos laborales. Ante este tipo de acciones por parte de un sindicato con peso histórico, la autoridad ha respondido —al menos públicamente— con el lenguaje del diálogo, la atención institucional y el reconocimiento de la protesta como un mecanismo válido.
Hasta ahí, nada objetable. El derecho a manifestarse y a exigir el cumplimiento de compromisos es parte esencial de la libertad sindical y del Estado de Derecho.
Sin embargo, surge una pregunta incómoda: ¿por qué esa misma comprensión y disposición al diálogo no se aplica de forma consistente cuando es el Sindicato Independiente de Maestros y Trabajadores de la Educación de Veracruz (SIMVE) el que levanta la voz por demandas similares?
El SIMVE ha enfrentado un trato visiblemente diferente. Mientras la Sección 32 del SNTE ejerce su derecho sin mayores consecuencias, el SIMVE y su dirigente han sido objeto de denuncias penales por supuesto “bloqueo estratégico”, procedimiento de cese laboral y un evidente acoso sistemático. Sus peticiones han sido mayoritariamente desatendidas, y la única ocasión en que fueron recibidos —tras semanas de presión que incluyó manifestarse fuera de la conferencia de la gobernadora— no se les ofreció una solución real al problema más grave: la pérdida de su fuente de trabajo, la cual afecta de igual manera a sus familias, a esas mismas familias que la mandataria estatal menciona con sensibilidad cuando se trata de los maestros del SNTE.
Resulta particularmente llamativo —y genera extrañeza— el contraste con las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle García sobre esta misma manifestación. La mandataria estatal destacó la instalación de una mesa de diálogo desde el sábado, reconoció que las demandas de los maestros son válidas y “en ningún momento injustas”, e instruyó tanto al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, como a la secretaria de Educación, Claudia Tello, a “pensar en un maestro, en una maestra, ellos tienen una familia que alimentar, que cuidar… hay que ponernos en sus zapatos e ir resolviendo una a una cada una de sus peticiones justas”.
Uno no puede evitar preguntarse: ¿los maestros y trabajadores del Programa Vasconcelos son diferentes? ¿Acaso no tienen también familias que alimentar, obligaciones que cumplir y el mismo derecho a un trato digno y sin hostigamiento? Si el gobierno es capaz de reconocer y atender con sensibilidad las necesidades de unos, resulta incomprensible que no aplique el mismo criterio humano e institucional con los otros.
Igualmente relevante es reflexionar sobre la proporcionalidad de las sanciones. Si a un dirigente del SIMVE se le ha iniciado un procedimiento de cese laboral considerado por su organización como ilegal y punitivo, ¿se aplicará el mismo trato a los dirigentes de la Sección 32 del SNTE por haber encabezado esta movilización? La congruencia exigiría que no, o que en todo caso se respete el debido proceso por igual para todos.
No se trata de defender una organización sobre otra, sino de exigir coherencia institucional. Si la protesta pacífica es legítima para un sindicato, debe serlo para todos. La libertad sindical no puede depender del tamaño, la afiliación histórica o la cercanía política con el gobierno en turno. Hacerlo así convierte el derecho en un privilegio selectivo.
La Secretaria de Educación ha afirmado que todos los sindicatos son atendidos, sin distinción de siglas. Esa declaración merece ser celebrada, pero sobre todo cumplida. Los trabajadores del Programa Vasconcelos y del SIMVE esperan que las mesas de diálogo se traduzcan en soluciones reales, sin presiones ni procedimientos punitivos contra sus dirigentes.
Veracruz no puede permitirse un sindicalismo de primera y otro de segunda. La congruencia exige que la autoridad trate con el mismo respeto institucional cualquier reclamo laboral legítimo, venga de donde venga.
Es momento de que el gobierno estatal demuestre, con hechos más que con palabras, su compromiso con la libertad sindical y el Estado de Derecho. Solo así se fortalecerá la confianza de los trabajadores de la educación y de la sociedad en su conjunto.
El magisterio veracruzano merece justicia pareja. Los derechos laborales no pueden medirse con doble rasero.
