A la opinión pública
Al Gobierno del Estado de Veracruz
A la Secretaría de Gobernación federal
Con motivo de la marcha programada para el martes 22 de septiembre ante Palacio de Gobierno, en Xalapa, para solicitar audiencia con la gobernadora Rocío Nahle García, este viernes 17 de septiembre fueron entregadas en la oficina estatal de la organización notificaciones judiciales dirigidas al ingeniero Samuel Aguirre Ochoa, la ingeniera Minerva Salcedo Baca y el licenciado Miguel Bastián Sierra, líderes reconocidos del antorchismo veracruzano, en las que se les cita para el mismo martes 22 de septiembre en los juzgados penales de Pacho Viejo, Veracruz, para imputarles un delito y vincularlos a proceso judicial.
Por la naturaleza de las notificaciones y su coincidencia exacta con la fecha de la movilización, no tenemos duda de que se trata de la respuesta represiva e intimidatoria del gobierno estatal, que en lugar de ofrecer diálogo y solución a las decenas de solicitudes de obra pública y servicios básicos de miles de veracruzanos humildes, ha decidido fabricar expedientes judiciales contra sus líderes históricos para frenar las protestas.
Desde el inicio de la administración de Rocío Nahle García, los colonos, campesinos y maestros organizados en el Movimiento Antorchista entregaron solicitudes de obra pública y de solución de otros problemas ante diversas dependencias del Gobierno de Veracruz (SEV, SIOP, CAEV, Patrimonio del Estado, Invivienda, SEDARPA, etc.), y hasta el momento la inmensa mayoría sigue sin respuesta ni solución.
Por tal motivo, en mayo y junio de este año realizamos dos marchas hacia Palacio de Gobierno para entregar formalmente nuestro pliego petitorio y demandar audiencia con la gobernadora Rocío Nahle, pues, según sus propios colaboradores, como el secretario de Gobierno Ricardo Ahued, ella es la única con potestad para dar solución a las demandas. Tras más de dos meses de prudente espera, seguimos sin respuesta, por lo que decidimos programar una nueva manifestación.
Pero, como ya ocurrió durante los seis años de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y con otros gobiernos antes de él, la respuesta a las peticiones legítimas de los veracruzanos más humildes llega en forma de citatorios judiciales y expedientes fabricados. Esto es una clara violación a nuestros derechos constitucionales de petición, organización y libre manifestación, protegidos por los artículos octavo y noveno de la Constitución, y cuyo cumplimiento no está sujeto al capricho de ningún gobernante.
A estos citatorios se suman las amenazas de desalojo contra decenas de familias antorchistas de la colonia Margarita Morán, segunda sección, en Xalapa, programada para el próximo 16 de octubre con uso de la fuerza pública estatal. No cabe duda: estamos ante una embestida represiva del gobierno veracruzano.
Condenamos enérgicamente estas acciones y advertimos que, si se consuma algún acto que vulnere la libertad o la salud de nuestros compañeros, emprenderemos una lucha de carácter nacional. Acudiremos hasta Palacio Nacional para solicitar la intervención de la presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y denunciaremos en todo el país que en Veracruz se responde con represión y persecución judicial a quienes encabezan la lucha del pueblo por obtener mejores condiciones de vida.
Apelamos a la solidaridad de la opinión pública y los llamamos a no dejarse confundir por las campañas de desprestigio orquestadas desde el poder. A los antorchistas veracruzanos y de todo el país los exhortamos a estar atentos de las acciones que adopte la Organización en los próximos días.
Atentamente
Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Veracruz