POLÍTICA AGRARIA EN MÉXICO: INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Samuel Aguirre Ochoa

Este domingo 17 de mayo, impartí una conferencia a los campesinos del Ejido La Antorcha del municipio de Cotaxtla en la que analizamos la situación que atraviesa el campo mexicano en estos momentos, compartimos ideas que me parecen muy importantes las conozca la opinión pública.

Vimos como la eliminación de los programas y fondos federales para el campo que hizo la Cuarta Transformación con López Obrador dejó a miles de campesinos y productores en una situación de incertidumbre y precariedad. 

La desaparición de Programas emblemáticos como PROCAMPO, PROAGRO, PROGAN, Programa de Innovación Tecnológica, los subsidios a insumos y seguros, de construcción de infraestructura de riego, de extensionismo y capacitación, etc. llevaron a que en el 2026 se confirme una tendencia estructural preocupante: que la autosuficiencia alimentaria cada vez está más lejana, debido a que los productores de campo apenas producen el 44.1% de los alimentos que consumimos los mexicanos, lo que nos convierte en un país dependiente de otros en lo que necesitamos para comer.

El criterio de seguridad alimentaria establecido por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda a los países producir al menos el 75% del consumo interno de los alimentos estratégicos.

De lo anterior se desprende que México sufre inseguridad alimentaria, porque varios de los productos consumidos provienen del extranjero: México es el principal importador del mundo de granos, oleaginosas y de maíz amarillo.

A partir de que inició el gobierno de la Cuarta Transformación, la importación de maíz creció de manera alarmante, al grado de que este año estemos llegando a los 23 millones de toneladas.

Vimos también, como con el objetivo de remediar el problema de la inseguridad alimentaria, López Obrador creó el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, la SEGALMEX, según él para alcanzar la autosuficiencia alimentaria en productos básicos como maíz, frijol y leche. Pero el resultado obtenido por el gobierno de la Cuarta transformación fue un rotundo fracaso pues en los años 2019 y 2020 se dio un gigantesco fraude en SEGALMEX, un desfalco de más de 15 mil millones de pesos, dinero que se perdió por la corrupción de los funcionarios. Un verdadero fracaso. 

La SEGALMEX desapareció en 2025 y en su lugar fue creada un nuevo organismo gubernamental denominado Alimentación para el Bienestar.

El presupuesto federal para la Secretaría de Agricultura en 2026 asciende a 75,175.5 millones de pesos, presupuesto que representa un incremento de apenas 0.9%, muy por debajo de la inflación en México que está en 4.5%, concentrando los recursos en apoyos sociales en lugar de infraestructura agroalimentaria o en mecanismos para incrementar la productividad y la producción en el campo mexicano.

Los programas de la 4T para el campo los podemos resumir de la siguiente manera: 1. Producción para el bienestar, que consiste en dar al productor una cantidad que oscila entre los 7,300 y 22,000 pesos al año, dependiendo de la superficie sembrada, de varios productos agrícolas; 2. Sembrando Vida, que consiste en otorgar al productor 6,450 pesos mensuales si tiene cultivadas 2.5 hectáreas con árboles forestales y maíz blanco; 3. Precios de garantía precios con los que el gobierno federal establece un precio fijo para comprarle al campesino productos como maíz, frijol y leche; 4. Fertilizantes para el bienestar, el gobierno apoya con 300 kg de fertilizante por hectárea, con un máximo de 600 kilogramos por productor; 5. Programas de financiamiento y seguros, FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura), ProSostenible y el uso de bioinsumos, Agroasemex y Crédito ganadero a la palabra.

Ninguno de estos programas tiene como objetivo incrementar la productividad y la producción en el campo, con lo que se está condenando al campo mexicano a que no se desarrolle, a que no crezca la economía y sigamos en la inseguridad alimentaria, que tanto debilita a todos los mexicanos. Tampoco hay financiamiento al campo pues la Financiera Rural desapareció en el 2020 y no se resuelven los problemas de comercialización porque el productor mexicano no compite con los productores de los países desarrollados.

Analizamos también, la política de desarrollo social, y observamos que no se están construyendo obras y servicios en los pueblos ni en los ejidos debido a que ahora el dinero del erario se ha destinado a los programas de transferencias monetarias directas de los programas del Bienestar y a las obras faraónicas de la 4T, como el Tren Maya la refinería de Dos Bocas y al AIFA.

Discutimos lo que sucede en el terreno de la política, en donde el poder se concentra cada vez más en la Presidencia, pues el partido en poder también controla el Legislativo y el Judicial, tal como sucedió en el periodo de auge del PRI y que ya vimos a donde llevó al país.

Y, al no crecer la economía no se genera mayor riqueza y si el gasto del gobierno crece, se tiene que recurrir a la deuda pública y el servicio de la deuda cada día es mayor. Con esto llegará el momento que el presupuesto de la Federación no alcanzará y tendrán que hacerse mayores recortes no solo en el terreno de la salud, la educación y el campo, si no que también se tengan que hacer recortes a los programas sociales de la 4T; y aquí es donde la puerca torcerá el rabo, porque la gente se va a inconformar y se rebelará en contra de Morena.

Llegamos a la conclusión de que la producción en el campo no va a mejorar si los campesinos no se unen con sus hermanos de clase, los obreros, con los estudiantes e intelectuales honrados para hacer un cambio de clase en el poder y construir un nuevo modelo económico en el que la riqueza se distribuya en forma más equitativa.

Royal Enfield Interceptor 650: impecable, lista para rodar

Xalapa, Ver.— La pasión por las dos ruedas encuentra su mejor expresión en esta Royal Enfield Interceptor 650, modelo 2023, que llega al mercado en condiciones impecables y con un historial de cuidado ejemplar. Con 20 mil kilómetros recorridos, nunca ha sufrido caída y cuenta con todos los servicios realizados puntualmente, además de tener todo pagado.  

El atractivo de esta motocicleta no se limita a su motor bicilíndrico de 650 cc y su diseño clásico en color Black, sino también al equipo adicional que la convierte en una opción única para quienes buscan comodidad y seguridad en cada viaje: defensa, windshield original Royal Enfield, sistema CarPlay, top case, reloj con medidor de temperatura, medidor de presión de llantas y un juego de alforjas impermeables de 30 litros nuevas, ideales para largas travesías.  

El vendedor, Ignacio R. Osorno Estrada, activo en la comunidad desde 2008, ofrece esta moto como una oportunidad para quienes desean combinar estilo, potencia y confiabilidad en un solo vehículo.  

Más que una motocicleta, la Interceptor 650 representa una experiencia de libertad y elegancia sobre el asfalto.

Para más información:

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**Crónicas enmascaradas: la colección del Dr. Radioactivo. **

Del niño de los setentas al guardián de 500 máscaras.

Por Ignacio Osorno. 

El doctor Ricardo Muñoz Riaño habla con pasión y lucidez de su gran amor: la lucha libre. Para él, este deporte-espectáculo no es solo entretenimiento, sino un fenómeno cultural profundo que nace de la contracultura. “Surge del espectáculo que fue creado para un pueblo”, explica, “y que fue abriéndose paso entre los diferentes estratos sociales hasta llegar a lo que yo llamo ahora el primer intento o la primera ola de gentrificación de la lucha libre”.

En los años setenta, la lucha libre vivió un gran apogeo en México. Era una época en la que el espectáculo popular llenaba arenas semana tras semana, conectando especialmente con las clases populares, pero aún conservaba un aura de misterio y exclusividad. “En aquella época la lucha libre era muy cerrada, muy blindada”, recuerda. “Todo se mantenía en secreto”: las identidades, las rivalidades y los trucos del oficio. Ese blindaje contribuía al encanto y al mito que rodeaba a los luchadores.

Fue precisamente en esa década dorada cuando, siendo niño de unos ocho años, su tío Rubén Riaño lo llevó por primera vez a la Arena Xalapa. Allí descubrió un mundo mágico lleno de rudos legendarios como Chucho Monroy, Gavilán Ramírez, Júpiter, el Dr. Crimen y Jaqui García. Por aquella época, Quien brillaba con luz propia como el gran padre de la lucha xalapeña era el famoso “Griego” Hiraclys Fenerly, en los años del Mundial de Argentina 78 recuerda el Doctor Ricardo.

Con el paso del tiempo, Ricardo Muñoz ha reflexionado mucho sobre la vocación de los luchadores, como parte de su encanto por esta profesión. “Yo antes pensaba que nacían ya con la vocación y eso era todo lo que necesitaban”, dice. Hoy observa un exceso de facilidades para convertirse en luchador, lo que ha cambiado el panorama. Sin embargo, es firme en un punto: “Los niños no deben practicar lucha libre; los niños deben entrenar lucha olímpica”, para proteger su desarrollo físico y formar una base técnica sólida.

Esa misma pasión lo llevó a crear Lucha Libre Radioactiva, su proyecto actual por medio del cual ha apoyado a múltiples jóvenes Xalapeños que, a través de su deseo de practicar este deporte, han obtenido de parte del “Dr. Radioactivo” las facilidades no solo para eso, sino para un desarrollo personal y es a través de este programa que también apoya al profe Paulino y a los Leones de San Bruno, un grupo que entrena en la ex fábrica de San Bruno.

Hoy, esa fascinación de toda la vida se materializa en una impresionante colección de casi 500 máscaras, la mayoría “luchadas” —usadas realmente en combates— que han resistido el paso del tiempo. De sus muchachos de Lucha Libre Radioactiva posee piezas que incluso han combatido en Japón. También conserva casi todos los programas de las funciones de aquella época. “Cuando algo te interesa, evocas al universo y las cosas llegan a ti”, dice con una sonrisa. Así ha reunido máscaras de los ochenta en adelante, aunque no tiene de los setenta.

Mientras muestra una máscara del “Forastero” —gran luchador xalapeño de los ochenta y noventa—, cuenta que la encontró con un anticuario, prácticamente como desecho de ropa. “El Forastero fue un gran luchador, vive todavía, no lo voy a desenmascarar dando su nombre, pero todo mundo lo conoce; también fue muy buen futbolista”. Con el tiempo ha logrado adquirir tres máscaras más de él, por lo que ya tiene cuatro en su poder.

Ha comprado colecciones completas y mucha gente, al enterarse de su afición, se acerca para ofrecérselas: “Dr., van a estar en mejores manos”, le dicen, confiando en que sus tesoros quedarán bien cuidados.

Mientras observa la máscara del Forastero, hecha aún con tela sencilla y relieves de piel, reflexiona sobre la evolución del arte: “Muy humilde comparada con las grandes telas y diseños que hay ahora”. Para él, esa variedad de materiales y estilos es una de las grandes riquezas de la lucha libre mexicana. “Es tan mexicana”, afirma con convicción, “que ya le vamos ganando a la charrería, porque es más democrática y es un reflejo de la vida del pueblo”. Efectivamente así es, la lucha finalmente es una representación del mal contra el bien y quienes asisten a los mágicos encuentros entre luchadores, pueden ver que gran parte del público se proyecta en los luchadores y de esa manera sacan el estrés de la vida diaria. 

Y ese espíritu democrático del ring, que permite que cualquiera, con máscara y corazón, se convierta en héroe, es lo que más valora nuestro entrevistado. Por eso no descarta un proyecto futuro: “Quizás en algún momento voy a intentar hacer un libro para dar a conocer todo esto que hoy tengo en mi colección”.

En sus palabras late no solo la nostalgia, sino el profundo respeto por un arte popular que nació desde abajo y conquistó a toda una sociedad. La colección del Dr. Radioactivo, Ricardo Muñoz Riaño es tan grande, vasta y llena de anécdotas, que a propuesta del mismo Ricardo y de un servidor, creamos este espacio denominado “Crónicas enmascaradas: la colección del Dr. Radioactivo”, con la intención primero que nada de dar a conocer datos inéditos y de gran interés sobre la lucha libre y los grandes luchadores locales y nacionales, pero, además, mediante este ejercicio dar a conocer aspectos de esa “contracultura” a la que hace alusión el Dr. Muñoz y desde donde surgen las grandes historias de héroes conocidos y desconocidos a los que mediante este espacio  les iremos rindiendo un homenaje cada semana.

Denuncian “cártel inmobiliario” en Coatepec: adultos mayores acusan fraude y amenazas

Coatepec, Ver.— En rueda de prensa realizada este lunes, la señora Obdulia Siliceo Viveros, acompañada de su esposo José Luis Monge Aldama, denunció públicamente ser víctima de un entramado de corrupción y violencia que calificó como un “cártel inmobiliario” en el municipio de Coatepec.  

Ambos, adultos mayores de 85 años, señalaron que han sufrido fraude, despojo, abuso de confianza, falsificación de actos notariales y uso indebido de la fuerza pública, lo que ha puesto en riesgo su patrimonio y su seguridad personal.  

Principales señalamientos

- Testamento manipulado: Relataron que fueron engañados por su entonces abogado, Delfino Bonilla Zamora, para firmar un testamento en favor de Jorge Alfredo Hernández Marín, con la complicidad del Notario #6 Joel López García, pese a tener cinco hijos como legítimos herederos.  

- Escritura irregular: Denunciaron que en la Notaría #30 de Emiliano Zapata, el notario Manuel Díaz Rivera escrituró su vivienda a nombre de Aldo Jair Hernández Marín por 1.6 millones de pesos, con supuestos cheques que nunca recibieron. Señalaron además que este individuo enfrenta un proceso penal federal por tráfico de armas largas (causa penal 96/2024).  

- Clausura de instalaciones deportivas: Acusaron al alcalde Ignacio Luna Hernández de clausurar sin fundamento legal su parque deportivo en la calle Ignacio López Rayón esquina Riva Palacio. El 30 de abril, narraron, un operativo con tres patrullas y alrededor de 25 policías encapuchados intentó desalojarlos mientras realizaban labores de limpieza, bajo el argumento de que el predio pertenece a otra persona.  

Red de complicidades

Obdulia Siliceo afirmó que detrás de estas acciones existe una red que involucra notarios, autoridades municipales y particulares, todos con el objetivo de apropiarse de sus propiedades mediante documentos falsificados. “Este cartel inmobiliario ya está denunciado en diversas carpetas de investigación”, puntualizó, citando números de expedientes abiertos en la Fiscalía.  

Temor y llamado urgente

“Tenemos miedo porque hemos sido amenazados de muerte. No quiero ser madre buscadora”, expresó con voz firme la señora Obdulia, aludiendo al riesgo de convertirse en víctima de desaparición forzada.  

La denuncia fue dirigida a los medios de comunicación, la opinión pública y a las madres buscadoras, con el propósito de visibilizar el caso y exigir que las autoridades estatales y federales actúen para frenar lo que consideran un esquema de despojo sistemático en Coatepec.

Secretario General del SIMVE presenta denuncia ante ORFIS por posibles irregularidades administrativas, abuso de poder y probable uso indebido de recursos públicos dentro de la SEV.

Xalapa, Veracruz. — El Secretario General del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE), Gerardo Velásquez Maravert, presentó formalmente una denuncia ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), acompañado de trabajadores del Programa Vasconcelos y de otras áreas de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), quienes se ostentan como víctimas de presuntos actos de abuso de poder, violencia institucional y posibles irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos destinados al pago de nómina y operación administrativa.

Como parte de las líneas de investigación planteadas ante el ORFIS, el dirigente sindical solicitó investigar la actuación de diversos servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación de Veracruz, entre ellos:

• Dra. Claudia Tello Espinosa — Secretaria de Educación de Veracruz.

• Juan Darío Lemarroy Martínez — Coordinador o Jefe de Asesores de la Secretaría de Educación de Veracruz.

• Dra. Omaira del Ángel Benavides — Titular de la Dirección para la Incorporación de Escuelas Particulares (DIEP).

• C. Ángel Alberto Borjas Solorza — Director de la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz.

• C. Rosalba Valencia Cruz — Subsecretaria de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz.

• José Manuel Villaseñor Campos — Director Jurídico de la Secretaría de Educación de Veracruz.

• Dra. Sofía Enith Quiroz Allende — Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Veracruz.

• Adriana Velásquez Flores — Coordinadora del Programa Vasconcelos.

• Elías Calixto Armas — Ex Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Veracruz.

• Alan Eduardo Cedillo García — Consultor de Desarrollo Educativo adscrito a la Subsecretaría de Desarrollo Educativo.

A partir de dichos hechos, la decisión de acudir ante el ORFIS derivó de una serie de situaciones que, desde el ámbito administrativo, presupuestal y laboral, podrían constituir posibles irregularidades relacionadas con el uso indebido del servicio público, abuso de funciones, manejo irregular de recursos públicos, utilización discrecional de estructuras institucionales y probables afectaciones a derechos laborales y sindicales dentro de la Secretaría de Educación de Veracruz.

Entre los principales motivos expuestos en la denuncia destacan los presuntos despidos y desplazamientos injustificados de trabajadores con más de 20 años de servicio dentro del Programa Vasconcelos; la exclusión arbitraria de personal de sus centros de trabajo sin procedimiento legal previo; posibles prácticas de hostigamiento institucional; así como el probable uso de recursos humanos, administrativos y jurídicos de la SEV para ejercer presión contra trabajadores y representantes sindicales.

En consecuencia, solicité al ORFIS que, en el ámbito de sus facultades constitucionales y legales, realice una auditoría integral y determine posibles responsabilidades administrativas y, en caso de advertirse la probable comisión de conductas ilícitas, dé vista a las autoridades competentes por hechos que podrían constituir abuso de autoridad, utilización indebida del servicio público, desvío de atribuciones, tráfico de influencias, manejo irregular de recursos públicos, posible nepotismo, presunta usurpación de funciones y posibles violaciones a la libertad sindical.

Bajo esa misma línea, precisé que la denuncia presentada no constituye una imputación definitiva de delitos, sino la exposición formal de hechos presuntamente irregulares para que las autoridades fiscalizadoras y de procuración de justicia competentes realicen las investigaciones correspondientes y, en su caso, determinen las responsabilidades legales a que haya lugar.

En atención a dichos antecedentes, también solicité una revisión integral sobre posibles irregularidades administrativas y financieras relacionadas con movimientos de personal, plazas y nómina dentro de la Secretaría de Educación de Veracruz, particularmente en áreas vinculadas al Programa Vasconcelos, la Dirección de Actividades Artísticas, la Dirección para la Incorporación de Escuelas Particulares (DIEP) e incluso dentro de la propia Dirección Jurídica de la SEV.

En ese contexto, advertí que los despidos y desplazamientos presuntamente injustificados de trabajadores podrían haber derivado en beneficios administrativos, presupuestales o de control interno para personas presuntamente favorecidas o vinculadas con servidores públicos actualmente señalados en la denuncia.

Bajo ese planteamiento, solicité investigar posibles prácticas de favoritismo, asignación irregular de plazas, utilización discrecional de recursos humanos y la eventual existencia de redes de beneficio interno dentro de la dependencia.

Aunado a ello, pedí verificar si funcionarios o servidores públicos señalados mantienen familiares, allegados o personas vinculadas dentro de las nóminas de la SEV, a fin de descartar posibles actos de nepotismo, conflicto de interés, uso indebido de cargos públicos o manejo irregular de recursos y presupuesto público.

En el mismo sentido, la denuncia expone posibles actos de injerencia patronal y prácticas antisindicales mediante el presunto uso del aparato institucional y jurídico de la SEV para afectar la autonomía sindical y la representación legítima del SIMVE, en contravención a los principios de libertad sindical, autonomía sindical y libre asociación previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz y diversos convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Uno de los puntos más delicados que motivó la presentación de esta denuncia fue la promoción de una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado en mi contra, derivada de manifestaciones realizadas en inmediaciones de la SEV en defensa de trabajadores del Programa Vasconcelos que, según los denunciantes, fueron separados injustificadamente de sus funciones después de más de dos décadas de servicio ininterrumpido.

Desde esa perspectiva institucional, actualmente comparezco con la calidad jurídica de persona denunciada dentro de una carpeta de investigación iniciada ante la Fiscalía General del Estado; sin embargo, considero preocupante que recursos públicos, estructuras administrativas y personal adscrito a la Secretaría de Educación de Veracruz pudieran haber sido utilizados para impulsar acciones de presión, intimidación o desgaste institucional en mi contra, derivado de las denuncias públicas y sindicales que he realizado respecto de posibles irregularidades administrativas, afectaciones laborales y probables actos de corrupción dentro del sector educativo estatal.

Derivado de ello, de acreditarse los hechos denunciados, éstos podrían configurar no sólo posibles actos de injerencia patronal y prácticas antisindicales, sino también conductas relacionadas con violencia institucional, abuso de poder, utilización indebida del servicio público y posible coalición de servidores públicos, derivadas de la presunta participación coordinada de diversas áreas administrativas, jurídicas y operativas de la Secretaría de Educación de Veracruz para trasladar un conflicto de naturaleza laboral y sindical al ámbito penal.

Como parte de los antecedentes expuestos ante el ORFIS, también solicité revisar posibles vínculos administrativos y presupuestales relacionados con el caso de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), con el propósito de determinar si existen patrones de opacidad, simulación administrativa o utilización indebida de recursos públicos en áreas relacionadas con la operación educativa y administrativa de la SEV.

En paralelo, la denuncia incorpora los señalamientos y testimonios de trabajadoras adscritas al Programa Vasconcelos y a otras áreas de la Secretaría de Educación de Veracruz, quienes manifestaron haber sido objeto de presuntas afectaciones laborales, hostigamiento institucional, violencia administrativa, desplazamientos arbitrarios y posibles actos de presión relacionados con su permanencia laboral.

Entre los hechos denunciados destaca el caso de una trabajadora adscrita a la Dirección para la Incorporación de Escuelas Particulares (DIEP), quien manifestó haber sido presuntamente presionada para firmar documentación previamente elaborada sin permitírsele conocer su contenido, además de haber sido informada verbalmente sobre la terminación de su relación laboral por instrucciones superiores, sin procedimiento legal previo ni resolución fundada y motivada.

A la par, la trabajadora señaló que dicha situación impactó directamente su estabilidad económica, su derecho humano a la salud y su acceso a la seguridad social, particularmente porque actualmente enfrenta una afección pulmonar de carácter crónico que requiere seguimiento médico constante.

Sumado a lo anterior, expuso que la posible pérdida de su fuente de empleo comprometería también el acceso a servicios médicos y medicamentos para su hijo menor de edad, quien actualmente cursa el segundo grado de primaria y depende económicamente de ella.

De igual forma, dentro de los escritos presentados se expuso que los hechos denunciados podrían constituir posibles actos de violencia institucional, violencia laboral y violencia contra la mujer en el ámbito laboral, toda vez que las conductas descritas habrían generado afectaciones emocionales, incertidumbre jurídica, presión psicológica y condiciones adversas incompatibles con el derecho de toda mujer a vivir una vida libre de violencia, conforme a los principios previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables en materia de derechos humanos y protección reforzada a mujeres trabajadoras.

En paralelo, se incorporó el caso de una trabajadora adscrita a la Dirección de Actividades Artísticas de la SEV, quien previamente promovió quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Órgano Interno de Control por hechos que presuntamente podrían constituir violencia laboral, violencia de género, hostigamiento institucional, abuso de autoridad y posibles irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos dentro de dicha área administrativa.

Según lo expuesto en los escritos presentados, la trabajadora habría sido separada de sus funciones habituales y puesta a disposición del área de Recursos Humanos sin procedimiento previo, sin garantía de audiencia y sin resolución debidamente fundada y motivada.

Bajo esa misma tesitura, los denunciantes señalaron que dicha medida no sólo resultó arbitraria, sino además revictimizante, toda vez que la afectación laboral y administrativa recayó directamente sobre la trabajadora denunciante y no sobre el servidor público señalado en las quejas, identificado como titular de la Dirección de Actividades Artísticas de la SEV, pese a los señalamientos relacionados con presuntos actos de hostigamiento institucional, violencia laboral y abuso de autoridad expuestos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Órgano Interno de Control.

En ese mismo contexto, la denuncia presentada ante el ORFIS también incorporó solicitudes de revisión relacionadas con la actuación de Juan Darío Lemarroy Martínez, quien públicamente se ostenta como Coordinador o Jefe de Asesores de la Secretaría de Educación de Veracruz, pese a que dicha figura no aparece expresamente contemplada dentro de la estructura orgánica prevista en el Reglamento Interior vigente de la SEV.

Por tal motivo, se pidió investigar si cuenta con nombramiento formal, facultades legalmente delegadas y sustento normativo suficiente para intervenir en procesos administrativos, toma de decisiones institucionales o emisión de directrices dentro de la dependencia, toda vez que la inexistencia formal del cargo dentro del organigrama oficial podría generar incertidumbre jurídica respecto de la validez y legalidad de las actuaciones en las que presuntamente participe.

Bajo esa misma tesitura, se solicitó al ORFIS requerir información relacionada con el C. Elías Calixto Armas, ex Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Veracruz, a efecto de que se esclarezca cualquier posible vínculo administrativo, financiero o institucional relacionado con decisiones, actuaciones o antecedentes derivados de su desempeño dentro del sector educativo estatal, particularmente en asuntos vinculados con la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), dada la relevancia pública y administrativa del caso.

Desde esa perspectiva institucional, cobra relevancia que la propia titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Dra. Claudia Tello Espinosa, reconoció públicamente durante su comparecencia ante el Congreso del Estado que presuntamente habría existido falsificación de su firma en documentación oficial, situación que, por su gravedad institucional y posible impacto administrativo y presupuestal, amerita, a consideración del denunciante, una investigación exhaustiva y la emisión de informes claros por parte de las autoridades competentes respecto del estado que guarda dicho asunto.

En consecuencia, solicité al ORFIS iniciar las investigaciones correspondientes, requerir información relacionada con contratación, manejo de recursos, nómina, toma de decisiones administrativas, actuación de servidores públicos y estructura jerárquica de las áreas señaladas, reservándome además el derecho de ampliar la denuncia conforme avancen las investigaciones y se integren nuevas pruebas documentales y testimoniales.

“En el SIMVE conocemos plenamente el marco constitucional, laboral y administrativo que regula la función pública y la vida sindical en Veracruz. Por ello, no vamos a permitir que decisiones unilaterales, estructuras institucionales o áreas jurídicas sean utilizadas para intentar intimidar trabajadores, desplazar personal con décadas de servicio o desarticular la representación sindical legítima mediante mecanismos de presión administrativa o penal.

Quienes creen que el ejercicio del poder público permite actuar al margen de la legalidad están equivocados. Ningún servidor público, independientemente de su cargo, se encuentra por encima de la ley ni exento del deber de rendir cuentas.

Esta denuncia no representa un acto de confrontación política, sino el ejercicio legítimo de derechos constitucionales y mecanismos institucionales de fiscalización. El SIMVE continúa operando, defendiendo trabajadores y utilizando las vías legales correspondientes para exigir transparencia, legalidad y respeto a los derechos humanos, laborales y sindicales dentro del sistema educativo veracruzano”, señaló

#SIMVE

Atención ayuntamiento de Xalapa... Poste fracturado en Xalapa: insisten en llamado antes de una tragedia

Xalapa, Ver.— La denuncia ciudadana sobre un poste de concreto quebrado en su base, ubicado en la calle Ismael Cristein esquina con avenida Lázaro Cárdenas, sigue sin recibir respuesta efectiva de las autoridades municipales, pese a que ya fue difundida públicamente en redes sociales y medios digitales.  

El reporte fue compartido en la página de Facebook Así en Xalapa y en el portal asienveracruz.blogspot.com, donde vecinos alertaron sobre el riesgo inminente que representa el poste, con varillas expuestas y sin soporte sólido. La preocupación aumenta porque la zona es paso obligado hacia la primaria Heriberto Jara y, a la vuelta, hacia el jardín de niños Gertrudis Guevara de Vite. Decenas de estudiantes y transeúntes circulan diariamente por el área, expuestos a un peligro que podría convertirse en accidente fatal.  

La ciudadanía cuestiona si tendrá que ocurrir una desgracia para que la administración municipal, encabezada por Daniela Griego, atienda el llamado. La exigencia es clara: que Protección Civil y las direcciones correspondientes actúen de inmediato para reparar o sustituir el poste, garantizando la seguridad de quienes transitan por la zona.  

Vecinos insisten en que este caso es una prueba de la cercanía real de las autoridades con la población. Más allá de discursos, esperan hechos que eviten que una denuncia pública se convierta en crónica de un accidente anunciado.

https://www.facebook.com/share/p/1NxwdGDcXv/

https://asienveracruz.blogspot.com/2026/04/atencion-daniela-griego-autoridades.html?m=1

Entregan en San Andrés Tuxtla tarjetas de pensión para personas con discapacidad

San Andrés Tuxtla, Ver., 16 de mayo de 2026.- Este sábado, la delegación del Bienestar en Veracruz entregó alrededor de 400 tarjetas de pensión para personas con alguna discapacidad del municipio. 

En las instalaciones del UNDESAT, el Gobierno Municipal participó de la dotación de este programa federal impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y apoyado por la Gobernadora de Veracruz, la Ingeniera Rocío Nahle García. 

Durante su participación en el evento, el alcalde Rafa Fararoni Magaña, reafirmó su disposición de seguir siendo el puente entre la ciudadanía y los programas sociales, ya que afirmó, como primera autoridad de la ciudad, tiene la obligación de buscar el mayor beneficio para sus gobernados. 

El munícipe, hizo hincapié en que, el Gobierno de la Cuarta Transformación ha mejorado las políticas públicas a favor de los que menos tienen, tomando en cuenta a cada persona y no a unos cuántos; por lo que celebró que, en esta ocasión sean las personas con alguna discapacidad las que reciban su tarjeta bienestar. 

En representación del delegado del Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín, el coordinador de los programas Bienestar en la región Jesús Córdova Salas encabezó el evento acompañado del presidente municipal, así como de Miguel Dario Fararoni y Julio César Moreno, beneficiarios del programa.

Banderazo al programa de apoyo para adquirir sementales en la Expo Feria Ganadera Ylang Ylang

Boca del Río, Ver.

La Gobernadora del Estado, Ingeniera Rocío Nahle García, en la apertura de la Expo Feria Ganadera Ylang Ylang, entregó el apoyo para la adquisición de cien sementales de alta genética a los Ganaderos de la zona centro de la entidad. Serán 300 los sementales que fortalecerán la Ganadería de los pequeños productores beneficiados a lo largo del territorio Veracruzano, se entregarán de manera estratégica cien en la zona norte, cien en la zona sur y cien más en la región central. 

El Subsecretario de Ganadería y Pesca Dr. Carlos Jiménez Díaz, agradeció a la Gobernadora del Estado, todo el apoyo que le está brindando a la Ganadería Veracruzana, poniendo especial atención en el mejoramiento genético del hato ganadero, lo que se traducirá en mayor productividad tanto en ganado de propósito cárnico como en ganado lechero y esto inevitablemente se transforma en mejor economía para los productores.

Resaltó el compromiso de la Gobernadora con la sanidad animal, con la campaña de barrido de Tuberculosis y Brucelosis que se inició el año pasado e informó que son más de 202 mil cabezas de ganado barridas a la fecha para la erradicación de dichas enfermedades. Se continúa trabajando actualmente en 19 municipios de la zona acreditada.

También explicó que el programa de mejoramiento genético que se realizó el año pasado fue todo un éxito y gracias a eso, este año nacerán 14 mil becerros en los ranchos de Veracruz; lo que en el presente año será duplicado para mantener una ganadería de mejor nivel con sangre nueva y de alta genética. 

De manera puntual detalló que en el programa de inseminación artificial a tiempo fijo alcanzó en 2025 una cobertura de 105 municipios, con 53 mil 440 palpaciones y 26 mil 115 vientres inseminados, en beneficio de mil 379 productores. En la actualización del padrón, reportó la verificación de 12 mil 428 UPP y 409 mil 763 cabezas en 19 municipios, como parte de la campaña para erradicar tuberculosis y brucelosis. También fueron aretados 138 mil 234 animales; de estos, más de 113 mil aretes se entregaron de manera gratuita a pequeños productores.

Mediante el barrido sanitario, se atendieron 5 mil 124 UPP y se revisaron 202 mil 564 cabezas, con el objetivo de consolidar la trazabilidad del hato y avanzar en la certificación nacional.

Además, durante la Expo Feria Ganadera Ylang Ylang la gobernadora hizo entrega de los primeros apoyos directos para la adquisición de sementales, con un incentivo de 30 mil pesos por productor, dando el banderazo al programa de entrega de 300 sementales, distribuidos de manera equitativa, en beneficio de 2 mil 340 ganaderos.

En el desarrollo del evento se dieron varios testimonios de los productores que fueron beneficiarios de estos programas, donde agradecieron la atención de la Gobernadora al gremio Ganadero, "Muchas gracias señora Gobernadora por estos apoyos, en muchos años no se nos había tomado en cuenta".

En este importante evento la Gobernadora realizó el corte de listón inaugural de la Expo Feria y realizó la coronación de la Reyna, Camila Rivera Pardiño, orgullo de Tierra Blanca, Ver.

Rafa Fararoni, el rostro de una nueva generación política en Veracruz.

*Ventana Política.*

Por Javier Moreno. 

Rafa Fararoni, el rostro de una nueva generación política en Veracruz.

En el panorama político actual, la distancia entre los representantes y la ciudadanía parece agrandarse cada día, figuras como Rafael Fararoni Magaña, alcalde de San Andrés Tuxtla, Veracruz, representan un soplo de aire fresco y una esperanza renovada para ese importante Estado. A sus 31 años, este joven político, originario de San Andrés Tuxtla, ha demostrado no solo una notable capacidad para gestionar y planear, sino una habilidad excepcional para concertar, dialogar y llegar a acuerdos concretos con los más diversos sectores de la sociedad. Su trayectoria, que lo llevó de ser uno de los diputados locales más jóvenes del Congreso veracruzano a convertirse en el presidente municipal más joven de la historia moderna de San Andrés, lo posiciona ya como un activo político en ascenso constante en el estado.

Fararoni ha construido su perfil sobre la base de la acción concreta y el consenso. Como alcalde, ha logrado una fluida coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Rocío Nahle. Destaca su participación activa en las reuniones regionales para el saneamiento financiero municipal, donde ha sumado esfuerzos con los ayuntamientos para fortalecer las finanzas locales y traducirlas en beneficios directos para la gente. Asimismo, ha trabajado de la mano con la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para entregar mobiliario escolar, pupitres, pizarrones y equipo a decenas de instituciones educativas en la zona de costa de su municipio, beneficiando directamente a estudiantes y docentes. No menos importante ha sido su colaboración con la Secretaría de Turismo (SECTUR), donde instaló el Consejo Consultivo de Turismo municipal en presencia del titular estatal Igor Fidel Rojí, impulsando el potencial turístico de Los Tuxtlas con visión estratégica.

Pero su capacidad de concertación no se limita al ámbito gubernamental. Fararoni ha tendido puentes con sectores productivos, laborales y sociales. Como diputado, promovió iniciativas para el pago de deudas históricas del estado y para transiciones municipales más ordenadas y transparentes. Hoy, como alcalde, ha puesto en marcha herramientas innovadoras como el “Conejo Andrés”, un chatbot con inteligencia artificial vía WhatsApp que atiende reportes ciudadanos las 24 horas, demostrando que la cercanía no es solo un discurso, sino una práctica diaria. Su reconocimiento a la fuerza laboral durante el Día del Trabajo, o su impulso a políticas públicas contra la informalidad y el desempleo, muestran su compromiso con los sectores más vulnerables.

Lo más valioso de Fararoni es que combina esa facilidad para planear y gestionar —respaldada en su formación en Economía y Políticas Públicas— con una autenticidad que lo hace genuinamente cercano a la gente. En una clase política a menudo percibida como lejana, elitista o desconectada de las realidades cotidianas, su estilo resulta refrescante: recorre colonias, escucha directamente las necesidades y resuelve con agilidad. Esa proximidad, cada vez más rara entre muchos políticos, es lo que lo está consolidando como un referente.

Veracruz necesita más perfiles como el de Rafa Fararoni: jóvenes con energía, preparación y, sobre todo, voluntad de diálogo y resultados. Su crecimiento como activo político es evidente y prometedor. No solo representa el relevo generacional que el estado reclama, sino que encarna la posibilidad de una política más humana, más efectiva y más cercana. En tiempos donde la confianza en las instituciones se pone a prueba, figuras como él nos recuerdan que sí es posible hacer política de otra manera: con gestión, concertación y, fundamentalmente, con el pueblo al centro. Veracruz está atento y, sin duda, saldrá ganando con este tipo de liderazgo.

¿DE PUERTAS ABIERTAS?

Por Juventino Navarrete Xilita

El gobierno actual, desde que llegó al poder, no ha dejado de repetir que son “de puertas abiertas”, sin embargo, la realidad es completamente diferente; en la historia reciente de nuestro país y nuestro estado no ha habido administración que más haya secuestrado los espacios públicos, en particular los edificios gubernamentales, que los de la 4T (claro, con sus honrosas excepciones). 

Desde que los gobiernos morenistas llegaron al poder cerraron las puertas en todos los sentidos, pues antes incluso podías pasar al baño, pero ahora ni eso. Aunque la mayor cerrazón es la de no atender y solucionar los problemas de la población. Los funcionarios han intentado engañarla diciéndole que no resuelven porque lo que se pide son “caprichos” de los dirigentes, no obstante, se sabe bien que no es así; que los gobiernos no quieren solucionar porque ellos no representan los intereses de las clases trabajadoras, sino de los poderosos, ¿por qué cree, estimado lector, que las únicas inversiones que ha hecho el gobierno actual son en el centro de la ciudad? Porque eso incrementa la plusvalía de las propiedades y con eso la gentrificación se profundiza, además de que dichas inversiones se han manejado con total opacidad por parte de los funcionarios a cargo (e-consulta.com, 23 de abril 2026). 

¿El arreglo de la carretera que va de Tuxpan a Tantoyuca; el camino saca cosechas en Ahuica, Chicontepec; la conclusión de los Centros de Salud en Filomeno Mata y Soteapan; la rehabilitación de la carretera El Pital, Paso de Talaya y Puntilla en San Rafael; la introducción de la red de drenaje sanitario en las colonias Aquiles Córdova Morán y Ampliación en Córdoba; la rehabilitación de la red de agua potable en la Luis Córdova Reyes en Huatusco; la regularización de las colonias Humberto Aguirre Cruz y Unión Antorchista en Xalapa, 02 de Marzo de Coatepec y Aquiles Córdova Morán en Emiliano Zapata; la pavimentación del acceso dos lomas a las colonias Clara Córdova y Unidad Antorchista en Veracruz  son un capricho? Obviamente NO, pero para el gobierno estatal parece que sí; “traen la realidad muy alterada” como dijeran los jóvenes, pues se les olvida que ellos tienen la obligación de resolver las necesidades de toda la población, no solo los afiliados a su partido, que el presupuesto que manejan no es de su propiedad, sino del pueblo, que es el que paga impuestos, y que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están estipulados los derechos a organizarse y manifestarse. 

Estas y 80 demandas más son las que incluimos en nuestro pliego de peticiones que entregamos ayer al gobierno encabezado por Roció Nahle García, mismas que ya hemos planteado a través de oficios en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), la Dirección de Patrimonio del Estado, entre otras. Pero no encontramos respuesta positiva, solo las puertas cerradas, como siempre…

Ojalá la gobernadora y sus funcionarios revisen el pliego petitorio y solucionen, pues son necesidades fundamentales y que mejorarían la vida de miles de ciudadanos a lo largo y ancho de nuestra entidad, de lo contrario nuevamente saldremos a las calles, pues no habrá otra salida. Como ya lo mencionaba la ocasión pasada y recordando al historiador Josep Fontana, “Si para una cosa sirve la Historia, es para hacernos conscientes de que ningún avance social se consigue sin lucha”. 

La situación en mundo y en el país es complicada, el imperialismo encabezado por los Estados Unidos quiere apoderarse de nuestro territorio, de nuestros recursos naturales. La única forma de hacerle frente es a través de la unidad nacional, pero esta unidad no se puede crear artificialmente, solo con discursos, para ello es necesario que se solucionen las carencias de las clases trabajadoras y que el presupuesto público se invierta en infraestructura que mejore la vida de todos los mexicanos.

CNTE Veracruz protesta: exigen abrogación de leyes y mejoras salariales

Xalapa, Ver., 15 de mayo de 2026.—  

En el marco del Día del Maestro, integrantes de la Comisión Promotora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Veracruz se manifestaron este viernes en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, frente al Palacio de Gobierno, para entregar un pliego petitorio a la gobernadora Rocío Nahle García y a la secretaria de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinoza.  

La maestra Sandra Romero Agustín, entrevistada durante la protesta, recordó que la llamada reforma educativa dejó al magisterio en un “estado de excepción”, al imponer el sistema USICAMM, considerado punitivo, y modificar el Artículo Tercero Constitucional. “Se prometió su derogación, pero no se cumplió”, señaló.  

Entre las demandas, destacó la abrogación de la Ley del ISSSTE, que mantiene en incertidumbre a miles de jóvenes docentes respecto a sus pensiones. “Se pide a la presidenta Claudia Sheinbaum que cumpla con lo prometido en campaña”, expresó.  

Los manifestantes portaron una gran bambalina con sus exigencias:  

- Derogación de la reforma educativa.  

- Abrogación de la Ley del ISSSTE.  

- Incremento salarial del 100% directo al sueldo base.  

- Rezonificación al 100% en todo Veracruz.  

- Atención a la educación indígena y especial, actualmente en abandono.  

Romero Agustín subrayó que este 15 de mayo “no es un día de fiesta, sino de lucha y protesta”, pues los incrementos salariales otorgados no compensan el costo de vida. Además, criticó las declaraciones del titular de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien afirmó que junio y julio son meses de trámites administrativos. “Le falta ir a las aulas; son meses de evaluaciones personalizadas y cierre pedagógico”, advirtió.  

Finalmente, acusó que las decisiones del funcionario obedecen a intereses internacionales y económicos, como los de la FIFA, que “no benefician al pueblo mexicano ni al magisterio”.  

La CNTE Veracruz reiteró que su movimiento busca justicia laboral y educativa, recordando que la lucha magisterial sigue vigente y que este Día del Maestro es, más que celebración, un recordatorio de las deudas históricas con el gremio docente.  

#cnteveracruz

¡De 10! Celebración por el "Día del Maestro" en San Andrés Tuxtla

*El alcalde Rafa Fararoni destacó el papel fundamental del magisterio en el desarrollo del municipio. 

San Andrés Tuxtla, Ver., 15 de mayo de 2026.- El Gobierno Municipal que preside Rafa Fararoni Magaña encabezó un magno festejo por el "Día del Maestro", en reconocimiento a quiénes son los pilares de la educación sanandrescana. 

El presidente municipal, expresó que las y los docentes han sido pieza fundamental de su proyecto de gobierno, aliados de la transformación educativa, "hemos trabajado de la mano con todos ellos desde que era diputado y seguiremos haciéndolo", expresó. 

El munícipe manifestó su agradecimiento hacia el esfuerzo diario que maestras y maestros realizan desde cada centro escolar, por impulsar la educación con amor y el corazón puesto en la enseñanza. 

En el estadio de béisbol "Aurelio Ballados" y al ritmo de la agrupación César Salaz y el Gigante de la Salsa, cientos de docentes disfrutaron de este evento organizado para resaltar el trabajo invaluable que realizan en el aula. 

Durante la velada, el Gobierno Municipal de San Andrés Tuxtla entregó reconocimientos a los docentes con más de 50, 40 y 30 años de servicio y se rifaron múltiples premios, entre ellos un automóvil del año, del cual resultó ganador el profesor del COBAEV 70, Osmar del Ángel Bustamante.

Entre el miedo y el silencio: crecen denuncias por presunto terror laboral en la SEV.

Trabajadores acusan simulación institucional, violencia contra mujeres y uso del poder para intimidar.

Por Gerardo Velásquez Maravert

Xalapa, Ver. — Tal parece que para algunos funcionarios que ocupan diversos cargos dentro de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), uno de los principales requisitos ya no es la capacidad de diálogo, conciliación o sensibilidad humana, sino más bien el uso del amedrentamiento como mecanismo de control y condicionamiento para conservar el empleo. Entre trabajadores comienza a crecer la percepción de que ciertos mandos son entrenados no para resolver conflictos, sino para ejercer presión, miedo y desgaste psicológico sobre sus propios subalternos.

Lo que comenzó como un conflicto administrativo al interior de la Dirección para la Incorporación de Escuelas Particulares (DIEP) de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), ubicada en la Av. Americas No. 60 hoy amenaza con convertirse en un escándalo de derechos humanos, violencia laboral e institucional contra mujeres trabajadoras.

Diversos testimonios señalan que dentro de la DIEP existiría un ambiente de presión, hostigamiento y exclusión sistemática contra empleados considerados “incómodos” para ciertos mandos directivos. La situación, aseguran trabajadores, ya dejó de ser un tema interno para convertirse en un reflejo de prácticas que contradicen abiertamente el discurso oficial de respeto, inclusión y protección hacia las mujeres.

En el centro de las acusaciones figura la Dra. Omaira del Ángel Benavides, identificada como Directora para la Incorporación de Escuelas Particulares (DIEP), señalada por presuntos actos de presión laboral, aislamiento institucional y conductas que podrían constituir violencia laboral y abuso de funciones.

Sin embargo, trabajadores consultados sostienen que este tipo de prácticas difícilmente podrían sostenerse de manera aislada sin la permisividad, indiferencia u omisión de mandos superiores. En ese contexto, también figura el nombre de la Subsecretaria de Desarrollo Educativo, la Mtra. Rosalba Valencia Cruz, señalada por diversos trabajadores como una funcionaria que ha permanecido distante frente a múltiples conflictos laborales que se han venido acumulando dentro de la dependencia.

Tal como ocurrió con trabajadores del programa Vasconcelos, quienes —según denunciaron públicamente— fueron separados del servicio bajo el argumento de que “simplemente se les terminó el contrato”, pese a que muchos de ellos llevaban cerca de 20 años laborando dentro de la dependencia.

Aquella situación también derivó en solicitudes de intervención dirigidas a la Rocío Nahle García, luego de que los afectados señalaran falta de sensibilidad institucional, ausencia de diálogo y decisiones administrativas que, más allá de criterios laborales, parecían ignorar por completo el impacto humano y social que implica dejar sin sustento a decenas de familias.

Para diversos trabajadores, estos antecedentes comienzan a reforzar una percepción preocupante: que dentro de ciertas áreas de la SEV los conflictos no se atienden desde la conciliación o el entendimiento, sino desde la frialdad burocrática y el desgaste emocional de quienes dependen laboralmente de la institución.

Para algunos empleados, el problema comienza a volverse recurrente: conflictos laborales que escalan innecesariamente hasta Palacio de Gobierno porque dentro de la Secretaría pareciera agotarse rápidamente la capacidad de diálogo, conciliación y operación política.

Trabajadores consideran preocupante que una dependencia encargada de la formación educativa y humana en Veracruz proyecte hacia su interior dinámicas de presión, miedo e indiferencia frente a denuncias relacionadas con derechos humanos y violencia laboral.

Bajo ese contexto, comienza a consolidarse entre trabajadores una percepción cada vez más incómoda: que este tipo de prácticas represoras, lejos de ser corregidas, terminan siendo toleradas y políticamente permitidas desde los más altos niveles de la propia Secretaría de Educación de Veracruz, encabezada por la titular de la dependencia, Claudia Tello Espinosa.

Para muchos trabajadores, lo verdaderamente grave no es únicamente el presunto abuso de poder, sino la sensación de abandono institucional frente a conflictos que, lejos de resolverse, parecen crecer bajo el silencio, el desgaste emocional y el miedo de quienes dependen laboralmente de la propia dependencia.

“No es un conflicto laboral; es violencia institucional”

El caso que detonó la inconformidad involucra a una trabajadora —cuya identidad permanece reservada en calidad de víctima— que habría sido retirada de sus funciones, aislada laboralmente, enviada a espacios sin herramientas de trabajo y posteriormente presionada para firmar documentos sin posibilidad de leerlos ni conservar copia.

Lo más delicado, según denuncian compañeros de la dependencia, es que la víctima es madre independiente de un menor de edad y además enfrenta aparentes complicaciones de salud de carácter pulmonar, situación que, lejos de generar empatía institucional, habría derivado en nuevas presiones para dejar de presentarse a laborar.

“Parece que en la SEV la sensibilidad institucional sólo existe para los discursos y las fotografías oficiales”, comentó un trabajador bajo condición de anonimato.

Los posibles delitos y violaciones que enfrentan muchas mujeres en silencio.

Especialistas consultados señalan que conductas de este tipo podrían encuadrar en diversas figuras legales y administrativas. Incluso organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y estudios impulsados por instituciones académicas de prestigio como Harvard University han advertido que los entornos de violencia institucional, hostigamiento laboral y abuso de poder dentro de organismos públicos generan afectaciones profundas en la salud mental, estabilidad económica y dignidad de las personas trabajadoras, particularmente en mujeres que además enfrentan condiciones de vulnerabilidad familiar o de salud.

Entre las posibles conductas y violaciones que podrían actualizarse en casos de esta naturaleza se encuentran:

Violencia laboral

Violencia institucional

Discriminación

Coacción

Abuso de autoridad

Hostigamiento laboral (mobbing)

Violaciones al debido proceso

Vulneración a la dignidad humana

Violaciones a derechos humanos

Afectación al interés superior de la niñez

Retención indebida de documentos

Posible nulidad de actos obtenidos bajo presión.

Trabajadores advierten que el problema no sería aislado. Aseguran que dentro de ciertas áreas prevalece una cultura de miedo donde empleados son condicionados sobre con quién hablar, a quién evitar y cómo comportarse frente a directivos.

“La famosa ‘ley del hielo’ se volvió una herramienta de control. Hay gente que, por miedo a perder el trabajo, termina normalizando el abuso”, expresó otra fuente.

Antimotines y miedo antes que diálogo

La tensión creció aún más luego de trascender que la SEV habría solicitado presencia de policías antimotines para el próximo lunes 18 de mayo, ante el temor de posibles protestas o manifestaciones por parte de trabajadores inconformes.

La medida ha provocado indignación entre sectores sindicales y trabajadores administrativos, quienes consideran alarmante que una dependencia educativa piense primero en mecanismos de contención y presión antes que en mesas de diálogo y solución.

La pregunta que muchos comienzan a hacerse es inevitable: ¿qué tipo de gobierno pretende resolver conflictos laborales mediante intimidación en lugar de diálogo?

Porque cuando una institución pública opta por el miedo antes que, por la conciliación, deja de actuar como autoridad democrática y comienza a parecer un aparato de control.

Cuando Palacio de Gobierno termina resolviendo lo que la SEV no puede

Por otra parte, ya fue solicitada la intervención directa de la Gobernadora del Estado; sin embargo, lo verdaderamente preocupante no es únicamente la gravedad de las denuncias, sino el nivel de incapacidad institucional que pareciera existir dentro de la propia Secretaría de Educación de Veracruz para resolver conflictos internos sin que estos terminen escalando hasta Palacio de Gobierno.

Porque la pregunta es inevitable: ¿de verdad ninguna de las servidoras públicas involucradas tiene la capacidad política, administrativa o humana para contener un conflicto laboral sin convertirlo en un problema de gobernabilidad?

Trabajadores comienzan a cuestionar cada vez con mayor severidad la aparente indiferencia y limitada capacidad de operación política al interior de la SEV, pues aseguran que los conflictos internos escalan constantemente hasta niveles innecesarios, obligando a otras áreas del Gobierno del Estado a intervenir para contener crisis que, desde su origen, pudieron haberse resuelto mediante diálogo, sensibilidad institucional y capacidad de conducción administrativa.

Para muchos empleados, resulta preocupante que decisiones marcadas por la soberbia, la omisión o la falta de voluntad para conciliar terminen convirtiéndose en conflictos de mayor dimensión que desgastan no sólo a los trabajadores afectados, sino también la imagen y credibilidad de la propia dependencia.

Y aunque al final suele ser la Secretaría de Gobierno quien termina entrando a poner orden, muchos consideran que eso jamás debería ser necesario en una dependencia encargada precisamente de educar, formar y garantizar condiciones humanas mínimas dentro de sus propias oficinas.

Porque una cosa es administrar la educación pública… y otra muy distinta administrar mediante miedo, desgaste psicológico y control político interno.

Para diversos trabajadores, lo más alarmante no es sólo el presunto abuso de poder, sino la normalización de una cultura institucional donde parecería castigarse más a quien denuncia que a quien atropella derechos.

Y mientras las quejas siguen acumulándose, dentro de la SEV comienza a crecer una percepción peligrosa: que algunos funcionarios ya no gobiernan mediante liderazgo o capacidad de diálogo, sino a través del temor de quienes dependen laboralmente de ellos.

¿Habrá justicia o silencio institucional?

Hasta ahora, ya existirían denuncias ante el Órgano Interno de Control, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otras instancias que podrían intervenir en el caso.

La incógnita ahora gira en torno a la reacción de la Gobernadora y de la propia Secretaría de Educación: ¿habrá una investigación seria o prevalecerá el silencio institucional?

Como dice el viejo refrán:

“Cuando el abuso se vuelve costumbre, la dignidad termina pareciendo rebeldía”.

Mientras tanto, entre los pasillos de la SEV crece una sensación incómoda: hoy le ocurrió a otra trabajadora; una más de cientos que guardan silencio por miedo, necesidad o desgaste emocional. Y quienes hoy deciden callar, minimizar o mirar hacia otro lado, terminan convirtiéndose, aunque no lo adviertan, en actores pasivos de un sistema que normaliza el abuso.

Muchos creen ingenuamente que jamás estarán en esa posición. La única diferencia, quizá, no radica en si les ocurrirá o no… sino en cuándo.

#SIMVE

La fiscalización como puente hacia un nuevo ciclo de gobernanza responsable: romper las “herencias tóxicas” en ayuntamientos con historial.

Por Javier Moreno. 

En lugar de ver la labor del ORFIS (Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz) solo como un ejercicio de sanción retrospectiva, propongo un enfoque distinto, pero en la misma línea: concebirla como un puente estratégico que libera a las administraciones entrantes del peso muerto de las irregularidades pasadas. Cuando un municipio acumula múltiples señalamientos en ejercicios fiscales anteriores, las auditorías profundas no solo persiguen responsabilidades individuales, sino que limpian el terreno para que el recurso público fluya hacia servicios reales, infraestructura funcional y desarrollo sostenible. Esto evita que las nuevas autoridades gasten sus primeros años “apagando incendios” heredados, reconstruye la confianza ciudadana y, sobre todo, rompe el ciclo vicioso de impunidad que ha convertido a algunos ayuntamientos en focos repetidos de mal uso de recursos. En Veracruz, donde decenas de municipios arrastran observaciones año tras año, esta visión convierte al ORFIS en un verdadero catalizador de cambio estructural.

Existen casos emblemáticos que ilustran esta dinámica. Por ejemplo, en Sayula de Alemán, el ORFIS reportó en la Cuenta Pública 2024 un presunto daño patrimonial de más de 74 millones de pesos, el más alto entre los 171 ayuntamientos auditados.  Este municipio, que ya había concentrado observaciones significativas en periodos previos, ejemplifica cómo los señalamientos acumulados paralizan el avance: obras inconclusas, adeudos y recursos desviados que dejan a la población sin los beneficios esperados. Similar es el caso de Ixhuatlán del Café, con más de 65 millones de pesos en irregularidades detectadas en el mismo ejercicio, donde el patrón de inconsistencias financieras y técnicas en obra pública se repite, impidiendo que las administraciones entrantes (en este caso un cambio de partido) puedan enfocarse en prioridades locales sin primero resolver el desorden heredado. 

Pero el caso que más urge atender con rigor y profundidad es el de San Andrés Tuxtla bajo la administración de la Dra. María Elena Solana Calzada, conocida como la “Dra. Remedios” ( 2022-2025 como alcaldesa por Morena). Aquí el historial es especialmente preocupante porque muestra un patrón de señalamientos que trasciende una sola gestión: ya en la Cuenta Pública 2021, bajo la administración anterior (Octavio Pérez Garay), el ORFIS detectó un presunto daño patrimonial de más de 33 millones de pesos, lo que derivó en intervenciones de la Comisión de Vigilancia del Congreso.  En la gestión de la Dra. Remedios, las observaciones se multiplicaron: en 2023 una diputada federal de Morena acusó un presunto desvío superior a los 53 millones de pesos; la ASF detectó irregularidades que superan los 25 millones (incluyendo adeudos millonarios, problemas graves con CONAGUA por más de 18 millones, ISR no enterado al SAT por alrededor de 7 millones y obras relacionadas con la crisis del agua que generaron un pliego de observaciones por más de 17 millones en 2024). 

La “herencia” que dejó —adeudos, desorden financiero y obras sin resultados visibles— ha sido documentada en redes y medios locales como un lastre que la actual administración debe enfrentar mientras intenta resolver problemas cotidianos como el abastecimiento de agua. Precisamente por este historial de señalamientos repetidos en el mismo municipio, es aquí donde el ORFIS debe aplicar su mayor rigor: no solo revisar la Cuenta Pública 2024 (donde ya existen observaciones financieras y técnicas documentadas en su informe individual), sino profundizar en el seguimiento de pliegos pendientes, posibles responsabilidades de exservidores y, sobre todo, en la verificación física de obras pagadas que nunca funcionaron. Una auditoría exhaustiva, transparente y con consecuencias jurídicas reales, permitiría recuperar recursos, sancionar lo que proceda y, lo más importante, liberar a San Andrés Tuxtla de ese ciclo, para que las próximas gestiones puedan invertir en desarrollo genuino en una región tan estratégica como Los Tuxtlas, tal y como lo está haciendo la actual administración de aquel municipio.

En resumen, cuando el ORFIS investiga a fondo a ayuntamientos con historial de múltiples señalamientos —como San Andrés Tuxtla, Sayula de Alemán o Ixhuatlán del Café—, no solo cumple con su mandato legal: está invirtiendo en el futuro de Veracruz. Evita que la corrupción se convierta en una “herencia tóxica” que se transmite de una administración a otra, empodera a las nuevas autoridades para gobernar sin lastres y, sobre todo, devuelve a la ciudadanía la certeza de que el dinero de sus impuestos sirve para resolver problemas reales, no para engrosar cuentas pendientes. Es hora de que estas auditorías dejen de ser un trámite anual y se conviertan en el instrumento que realmente transforme la forma en que se administra lo público en los municipios con más sombras del pasado. La sociedad veracruzana lo exige, y los resultados de las cuentas públicas recientes lo justifican.

El Nido del Halcón: el centro de alto rendimiento que Xalapa merece y necesita

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Por Ezequiel Ortiz Moreno. 

El pasado 10 de marzo, la gobernadora Rocío Nahle anunció la posibilidad de que se pusiera a disposición de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) el complejo deportivo “Nido del Halcón”, para reducir la deuda que el estado mantiene con ese organismo desde el sexenio de Javier Duarte.

 La noticia fue recibida con aplausos en los círculos deportivos de la capital, y con razón. No se trata de un simple cambio de administrador: será una oportunidad histórica para que Xalapa deje de ser solo la capital administrativa de Veracruz y se consolide como su capital deportiva.

Las ventajas son evidentes en todos los niveles.

En lo deportivo, el centro permitirá a nuestros atletas entrenar con estándares internacionales sin tener que emigrar a la Ciudad de México o Monterrey. Halcones UV, selecciones estatales de atletismo, taekwondo, natación y tantos otros talentos locales contarán con infraestructura, metodología y apoyo científico de primer nivel. Eso no solo eleva el rendimiento individual: multiplica las medallas para Veracruz y para México.

En lo social, un centro de alto rendimiento es una fábrica de sueños y de disciplina. Miles de niños y jóvenes de Xalapa y de la región tendrán un espacio real donde canalizar energías, lejos de la calle y de riesgos. La práctica deportiva sistemática reduce la deserción escolar, mejora la salud mental y fortalece el tejido comunitario. Xalapa ya cuenta con tradición universitaria y deportiva, este centro sería el catalizador que convierta el talento en realidad.

En lo económico, la llegada de la CONADE implica inversión directa en infraestructura, generación de empleos calificados (entrenadores, fisioterapeutas, nutriólogos, personal administrativo) y un aumento notable en el turismo deportivo. Eventos nacionales e internacionales atraerán delegaciones, familias y aficionados que llenarán hoteles, restaurantes y comercios locales. Xalapa dejará de ser solo un punto de paso entre la costa y la capital del país para convertirse en destino deportivo del sureste mexicano.

En lo urbano e institucional, el Nido del Halcón recibirá mantenimiento y modernización que beneficiará no solo a los deportistas de élite, sino también a la comunidad que lo usa diariamente. Además, posiciona a la Universidad Veracruzana y al municipio en una red nacional de excelencia, atrayendo convenios, becas y recursos que difícilmente llegarían de otra forma.

En resumen, no hay un solo nivel en el que Xalapa no salga ganando: deportivo, social, económico, educativo y de imagen. Este proyecto no es un favor que se le hace a la CONADE; es un regalo que la gobernadora le hace a la capital del estado.

Solo resta esperar que los trámites burocráticos no empantanen lo que ya está en marcha. Porque cuando el Nido del Halcón empiece a funcionar como centro de alto rendimiento, los beneficios concretos para Xalapa serán inmediatos y palpables. Ojalá la pluma y el sello no tarden más de lo necesario. La ciudad ya está lista para volar más alto.