*Ventana Política.*
Por Javier Moreno.
Descuido y probables omisiones de la pasada administración municipal de San Andrés Tuxtla: Urgente acción del ORFIS.
En lo que va de la actual administración municipal de San Andrés Tuxtla , la CMAPS ha desplegado una actividad intensa y sostenida en reparaciones, rehabilitación de tanques y recuperación de capacidad de almacenamiento. Esta respuesta demuestra, por un lado, una capacidad de acción bastante eficiente; pero, por el otro, deja en evidencia el estado deplorable en el que se recibió la infraestructura hidráulica. El vital líquido no llega sin problemas precisamente porque no hubo un mantenimiento preventivo adecuado durante años.
Eso, aunado a las múltiples observaciones que el ORFIS ha señalado sobre la pasada administración municipal (gestiones 2022-2025), contextualiza con claridad qué fue lo que ocurrió: una gestión que descuidó lo esencial y dejó una pesada mochila de deterioro que hoy carga la ciudadanía.
Durante la fiscalización de las cuentas públicas de esos años, el ORFIS documentó decenas de observaciones graves en San Andrés Tuxtla. Solo por mencionar algunos ejemplos: en 2022 se emitieron alrededor de 59 observaciones (muchas concentradas en obra pública); en 2023 fueron 27 observaciones (15 de carácter financiero-presupuestal, 6 técnicas a obra pública, 3 de deuda y disciplina financiera, y 3 de legalidad), con 33 recomendaciones; y en 2024 se mantuvieron 22 observaciones. Entre los hallazgos destacan presuntos daños patrimoniales por decenas de millones de pesos, sobreprecios, falta de documentación justificatoria en expedientes de obra, adeudos millonarios (incluyendo con CONAGUA), ISR retenido y no enterado, y múltiples irregularidades en obras relacionadas con agua y saneamiento.
Este no es un caso aislado. San Andrés Tuxtla representa solo un ejemplo de una situación que se repite en varios ayuntamientos de Veracruz, donde el ORFIS ha detectado patrones similares de opacidad, abandono de infraestructura y presunto daño patrimonial.
La respuesta apunta directamente a la pesada herencia que dejó la pasada administración municipal. Se prometieron soluciones, pero se entregó una infraestructura hidráulica deteriorada por abandono, falta de mantenimiento y opacidad en el manejo de los recursos que debían destinarse a su conservación y modernización.
Tanques en mal estado, redes obsoletas, plantas de tratamiento convertidas en elefantes blancos y una red que colapsa ante cualquier contingencia. Eso es lo que hoy enfrenta la gestión de Rafa Fararoni: no solo resolver las necesidades del presente, sino sanear primero el desastre heredado. Los cortes y las fallas no son culpa de la naturaleza ni de la mala suerte; son el resultado previsible de una administración que priorizó otras cosas mientras la infraestructura esencial se caía a pedazos.
El ORFIS cumple su función primordial de fiscalizar, emitir observaciones y recomendaciones, y en su caso determinar presuntas responsabilidades. Sin embargo, no es el órgano que directamente impone sanciones administrativas o penales. Una vez que las observaciones quedan firmes (tras el periodo de solventación), corresponde al Órgano de Control Interno del propio Ayuntamiento (Contraloría Municipal), a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o, en su caso, al Congreso del Estado, dar seguimiento, fincar responsabilidades, exigir indemnizaciones por daño patrimonial y aplicar las sanciones correspondientes.
Es momento de que el ORFIS entregue toda la información recabada y que las autoridades competentes actúen con celeridad y profundidad en la fiscalización completa de la Cuenta Pública de la pasada administración municipal (2022-2025). Los sanandrescanos merecen conocer:
• ¿Cuántos millones se destinaron realmente a mantenimiento de la red de agua y saneamiento?
• ¿Por qué persisten reportes de adjudicaciones directas y obras inconclusas o mal ejecutadas?
• ¿Existió daño patrimonial que hoy limita la capacidad de respuesta de la actual administración?
No más observaciones archivadas. Las autoridades fiscalizadoras y de control tienen la responsabilidad de cortar la impunidad, exigir aclaraciones, aplicar sanciones donde proceda y garantizar transparencia total. La ciudadanía exige respuestas públicas, no silencios burocráticos.
La pasada administración municipal tuvo su oportunidad y la gestión habla por sí sola: promesas incumplidas, infraestructura colapsada y un municipio que hoy paga las consecuencias. Mientras tanto, la nueva administración invierte en rehabilitar tanques, mejorar el servicio y reducir cortes, pero ese esfuerzo se ve lastrado por la mochila tóxica del pasado.
San Andrés Tuxtla no quiere más remedios temporales. Quiere justicia, transparencia y un gobierno que realmente rinda cuentas. Es hora de que se dé seguimiento efectivo e inmediato a las observaciones del ORFIS y se exija claridad: ¿dónde quedó el dinero para el agua y los servicios básicos?
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