¿Represión selectiva o justicia tardía? El caso de Gerardo Velásquez Maravert y el SIMVE pone en jaque a la SEV.

*Vivir en el Golfo.*

Por Rodolfo Herrera. 

¿Represión selectiva o justicia tardía? El caso de Gerardo Velásquez Maravert y el SIMVE pone en jaque a la SEV.

En Veracruz, la tradición sindical ha sido clara durante décadas: los dirigentes de las agrupaciones magisteriales ocupan plazas docentes o administrativas, pero su labor principal se desarrolla al frente de sus organizaciones. Esa realidad queda consignada en su toma de nota y en la práctica cotidiana. Nadie, hasta ahora, había cuestionado con tanto énfasis por qué estos líderes no acuden diariamente a su centro de trabajo adscrito. La razón es obvia: están cumpliendo funciones sindicales de representación, defensa de derechos laborales y negociación colectiva.

¿Ahora se pretende cambiar las reglas del juego de manera retroactiva y selectiva? ¿Se cesará a todos los dirigentes sindicales que históricamente han operado bajo este esquema, o solo a aquellos que incomodan al poder de turno? Esta pregunta resulta fundamental, porque de no aplicarse de forma uniforme, estaríamos ante un claro acto de discriminación y uso político del aparato estatal. 

Gerardo Velásquez Maravert, secretario general del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE), ha reiterado públicamente que no ha sido notificado formalmente de ningún proceso en su contra por supuesta venta de plazas. ¿Cómo es posible que se le acuse de manera pública y mediática de irregularidades graves, mientras la autoridad competente omite la notificación debida? Esta falta de transparencia no solo vulnera principios elementales del debido proceso, sino que genera la percepción de una campaña orquestada para desprestigiarlo antes de cualquier resolución judicial o administrativa firme. En un Estado de derecho, las acusaciones deben sustentarse con pruebas y procedimientos claros, no con filtraciones selectivas ni condenas mediáticas anticipadas.

A esto se suma un video que circula ampliamente en redes sociales y medios, grabado por integrantes del SIMVE durante una asamblea. En él se observa cómo personal de la SEV acude a informar del cese a Velásquez Maravert y a otra persona, precisamente en el momento en que uno de los involucrados mantenía una llamada en video con autoridades de la propia secretaría. ¿Es esta la forma habitual en que la SEV realiza notificaciones de ceses? ¿O se trata de un procedimiento especial, motivado por una preocupación particular hacia este líder sindical? Si es lo segundo, ¿cuál es la razón de fondo? La grabación sugiere, cuando menos, improvisación y falta de profesionalismo en el actuar de la dependencia, o peor aún, un intento de generar confrontación directa y visible. 

Estos elementos retoman y profundizan cuestionamientos ya planteados en reflexiones anteriores sobre el caso: ¿Por qué la SEV opta por medidas drásticas justo cuando el SIMVE alza la voz en defensa de sus agremiados? ¿Existe proporcionalidad entre las supuestas irregularidades y la respuesta institucional? ¿Se está utilizando el peso del Estado para silenciar disidencias sindicales independientes, en lugar de resolver problemas estructurales como la falta de plazas, condiciones laborales dignas o la defensa real de los trabajadores de la educación?

Todo apunta, al menos en apariencia, a un uso del aparato estatal con fines represivos. El costo de esta torpeza es alto y multifacético. Primero, erosiona la confianza de miles de maestros en las instituciones educativas y laborales. Segundo, deslegitima los esfuerzos de diálogo y negociación, polarizando aún más el sector. Tercero, genera un precedente peligroso: hoy es un dirigente incómodo, mañana podría ser cualquier voz crítica. En un contexto donde Veracruz requiere estabilidad social para avanzar en educación y desarrollo, acciones que parezcan venganzas políticas solo profundizan divisiones y debilitan la gobernabilidad.

El SIMVE y su líder no piden impunidad; exigen claridad, debido proceso y trato equitativo. La SEV y el gobierno estatal tienen la oportunidad —y la obligación— de responder con transparencia: notificaciones formales, investigaciones exhaustivas y aplicación uniforme de las reglas. De lo contrario, la narrativa de represión selectiva ganará terreno, y el verdadero perjudicado será el sistema educativo veracruzano y sus trabajadores.

Es hora de que prevalezca el diálogo constructivo sobre la confrontación. La educación de Veracruz merece más que ceses mediáticos y dudas razonables sobre motivaciones políticas.