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- Presenta el diputado Domingo Bahena una Iniciativa de reforma a la Constitución Política local, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes
Xalapa, Ver.
Reconocer
en la Constitución Política del Estado a niñas, niños y adolescentes como
sujetos plenos de derechos y garantizarles un régimen penal distinto al de los
adultos, así como generar políticas públicas encaminadas a respetarlos, planteó
en una Iniciativa el diputado local Domingo Bahena Corbalá.
La
propuesta, enviada para su estudio y análisis a la Comisión Permanente de
Justicia y Puntos Constitucionales, pretende reformar los artículos 4° y 6° de
la Constitución local, para cumplir con la armonización de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 4 de diciembre de 2014.
Durante la
Sexta Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente, que inició a las 12:30
horas, se dio entrada a este documento, que plantea no juzgar o sancionar como
adulto al adolescente que cometa un delito. Dado el caso, sería sujeto a un
sistema de justicia penal a cargo de instituciones, tribunales y autoridades
especializadas, que garantizarán sus derechos humanos.
Las
sanciones –se explica en el documento– serán racionales y proporcionales a la
conducta realizada, pero tendrán como fin su reintegración social y familiar,
así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades.
En caso de
ser necesario el internamiento, sólo se utilizará como medida extrema y por el
tiempo más breve que proceda. Las niñas y niños menores de doce años únicamente
serán sujetos de rehabilitación y de asistencia social, dijo el Diputado en
tribuna.
De acuerdo
con la norma federal, en el nivel estatal se debe garantizar que niñas, niños y
adolescentes tengan el derecho pleno a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación, protección y sano esparcimiento para su
desarrollo integral.
El diputado
Bahena Corbalá recordó que la Ley General estipula que a partir de su entrada
en vigor, las legislaturas estatales tienen 180 días para adecuar su
legislación.
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