Por Gerardo Velásquez Maravert.
Después de manifestarnos pacíficamente desde las 7:00 de la mañana en las inmediaciones del Museo Kaná, con motivo del arribo de la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, agremiados del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano y trabajadores del Programa Vasconcelos hicimos presencia de manera respetuosa para solicitar la intervención directa de la Presidenta de la República.
La razón es clara: hemos agotado los canales institucionales. Desde inicios de año se han presentado oficios, solicitudes de diálogo, planteamientos laborales y peticiones formales ante la Secretaría de Educación de Veracruz, la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Órgano Interno de Control, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, así como ante otras instancias competentes. Sin embargo, la respuesta ha sido insuficiente, tardía o abiertamente omisa.
Durante dicho acto, tuve la oportunidad de entregar en mano a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo un documento en el que se expone la situación que se ha venido desarrollando en Veracruz, la falta de atención institucional, el despido injustificado de trabajadores del Programa Vasconcelos y, recientemente, el cese notificado tanto a la Maestra Ana Karen Márquez Marín, integrante de la Secretaría General y gestora sindical, como a un servidor, en mi carácter de Secretario General del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano.
Es importante precisar algo ante la sociedad y ante el gremio magisterial: el conflicto iniciado en mi contra es de naturaleza laboral y no cancela, suspende ni extingue la existencia jurídica del sindicato que dirijo. El Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano conserva plenamente su registro, su toma de nota vigente, su personalidad jurídica y su capacidad de representación. Del mismo modo, un servidor no pierde automáticamente el carácter de Secretario General por enfrentar un procedimiento laboral o administrativo, salvo que exista una resolución firme de autoridad competente o una determinación válida conforme a los estatutos sindicales aplicables.
Por tanto, todos los trámites, gestiones, solicitudes, oficios, acompañamientos y actos de representación realizados por esta organización sindical conservan plena validez. El SIMVE no deja de operar por actos de presión, intimidación, abuso de poder o injerencia patronal. Ninguna autoridad puede paralizar artificialmente la vida sindical de una organización legalmente constituida ni afectar el derecho de los trabajadores a contar con representación legítima, activa y jurídicamente reconocida.
Lo que está ocurriendo no puede verse como un simple acto administrativo. Por su contexto y consecuencias, se advierten elementos de injerencia patronal, abuso de funciones, exceso en el ejercicio de atribuciones, uso indebido del servicio público y represalia institucional contra una representación sindical que ha señalado públicamente omisiones, irregularidades y falta de atención por parte de la autoridad educativa.
La ley protege la libertad sindical, la autonomía de las organizaciones de trabajadores, el derecho de asociación, el derecho al trabajo y la facultad de los trabajadores para organizarse y ser representados. En consecuencia, cualquier intento de utilizar el aparato público para debilitar un sindicato, castigar a sus dirigentes, inhibir la afiliación o enviar un mensaje de intimidación al gremio debe ser señalado, investigado y sancionado conforme a derecho.
Ninguna autoridad puede utilizar el aparato público para castigar la actividad sindical, debilitar una representación legítima o enviar un mensaje de intimidación a los trabajadores que deciden organizarse y exigir sus derechos.
Asimismo, debe quedar claro que esta representación sindical no ha actuado de manera improvisada ni fuera del marco legal. Por el contrario, se ha seguido una ruta institucional documentada: se han ingresado escritos, se han solicitado audiencias, se han promovido intervenciones ante las autoridades competentes y se ha acudido incluso al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz para que conozca de posibles irregularidades administrativas, abuso de poder, uso indebido del servicio público y demás conductas que pudieran derivarse de las acciones emprendidas contra esta organización sindical.
Como resultado de la intervención pública y pacífica realizada el día de hoy, se acordó brindar atención el próximo lunes en la Secretaría de Gobierno del Estado, además de dar seguimiento al escrito ingresado ante la Secretaría de Gobernación.
Estaremos atentos al resultado de dicho seguimiento. Sin embargo, lo decimos con absoluta claridad: el Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano sigue en funciones, mantiene su representación, conserva su registro y continuará realizando todos los trámites y gestiones necesarios en favor de sus agremiados.
No buscamos privilegios ni trato excepcional. Exigimos legalidad, respeto a la libertad sindical, defensa del derecho al trabajo y garantía plena de los derechos humanos y laborales de los trabajadores.
Nuestra causa no es personal ni caprichosa. Es una exigencia legítima de justicia, legalidad y dignidad laboral en el Estado de Veracruz.
Los derechos laborales no se mendigan. Se reconocen, se ejercen y se defienden.
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