La pesada herencia de San Andrés Tuxtla y el rol impostergable del ORFIS.

*Vivir en el Golfo*

Por Rodolfo Herrera.

 La pesada herencia de San Andrés Tuxtla y el rol impostergable del ORFIS.

La ciudadanía de San Andrés Tuxtla sigue pagando, literalmente, las consecuencias de una administración municipal pasada que dejó más sombras que luces. Al frente de esa gestión estuvo la Dra. María Elena Solana Calzada, mejor conocida como la Dra. Remedios, cuya salida del poder no debe significar el cierre del capítulo de rendición de cuentas. Al contrario: es el momento preciso para mantener el reflector encendido sobre las irregularidades documentadas y exigir que no queden en meros informes archivados.

Deudas millonarias heredadas, adeudos millonarios con la CONAGUA que superan los 18 millones de pesos, ISR retenido y no enterado al SAT por alrededor de 7 millones, obras relacionadas con el servicio de agua que generaron observaciones por más de 17 millones de pesos, y un patrón repetido de señalamientos que trasciende una sola gestión. Estos no son rumores de pasillo: son observaciones plasmadas en revisiones de cuentas públicas, tanto del ORFIS como de la Auditoría Superior de la Federación. 

San Andrés Tuxtla merece algo mejor que una “herencia tóxica” de opacidad, desorden financiero y presuntas irregularidades que terminan ahogando a las finanzas municipales y, por ende, a los contribuyentes. La actual administración ha tenido que nadar contra corriente para ordenar lo que recibió, pero eso no exime de responsabilidad a quien gobernó anteriormente.

El papel clave del ORFIS

Aquí es donde el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) debe pasar de ser un ente que “informa” a uno que verdaderamente fiscaliza y da seguimiento. No basta con emitir pliegos de observaciones y publicar informes anuales. La ciudadanía exige que el ORFIS actúe como gestor activo del seguimiento: que impulse la aclaración de las observaciones pendientes, que determine responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, y que verifique físicamente si las obras pagadas realmente existen y funcionan.

El ORFIS tiene la autonomía y las herramientas legales para hacerlo. En un municipio con historial repetido de señalamientos —como San Andrés Tuxtla—, la fiscalización no puede ser un trámite rutinario. Debe ser profunda, implacable y con consecuencias reales. Solo así se rompe el ciclo de “señalar y olvidar” que tanto daño ha hecho a Veracruz.

Mantener vivo este tema no es revanchismo político: es defensa del interés público. Los sanandrescanos tienen derecho a saber qué pasó con sus recursos, a que se recupere lo que se haya desviado y a que servidores públicos —pasados o presentes— entiendan que el cargo es una responsabilidad, no un botín.

La Dra. Remedios y su equipo ya rindieron su informe y dejaron el cargo. Ahora le toca al ORFIS rendir cuentas a la sociedad demostrando que sus reportes tienen dientes. La transparencia y el Estado de Derecho exigen que este caso no se enfríe. San Andrés Tuxtla merece cierre, justicia y, sobre todo, que nunca más se repita una herencia tan costosa.

Es hora de que la fiscalización superior deje de ser solo un informe y se convierta en acción concreta. Los ojos de la ciudadanía están puestos en ello.