Trabajadores acusan simulación institucional, violencia contra mujeres y uso del poder para intimidar.
Por Gerardo Velásquez Maravert
Xalapa, Ver. — Tal parece que para algunos funcionarios que ocupan diversos cargos dentro de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), uno de los principales requisitos ya no es la capacidad de diálogo, conciliación o sensibilidad humana, sino más bien el uso del amedrentamiento como mecanismo de control y condicionamiento para conservar el empleo. Entre trabajadores comienza a crecer la percepción de que ciertos mandos son entrenados no para resolver conflictos, sino para ejercer presión, miedo y desgaste psicológico sobre sus propios subalternos.
Lo que comenzó como un conflicto administrativo al interior de la Dirección para la Incorporación de Escuelas Particulares (DIEP) de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), ubicada en la Av. Americas No. 60 hoy amenaza con convertirse en un escándalo de derechos humanos, violencia laboral e institucional contra mujeres trabajadoras.
Diversos testimonios señalan que dentro de la DIEP existiría un ambiente de presión, hostigamiento y exclusión sistemática contra empleados considerados “incómodos” para ciertos mandos directivos. La situación, aseguran trabajadores, ya dejó de ser un tema interno para convertirse en un reflejo de prácticas que contradicen abiertamente el discurso oficial de respeto, inclusión y protección hacia las mujeres.
En el centro de las acusaciones figura la Dra. Omaira del Ángel Benavides, identificada como Directora para la Incorporación de Escuelas Particulares (DIEP), señalada por presuntos actos de presión laboral, aislamiento institucional y conductas que podrían constituir violencia laboral y abuso de funciones.
Sin embargo, trabajadores consultados sostienen que este tipo de prácticas difícilmente podrían sostenerse de manera aislada sin la permisividad, indiferencia u omisión de mandos superiores. En ese contexto, también figura el nombre de la Subsecretaria de Desarrollo Educativo, la Mtra. Rosalba Valencia Cruz, señalada por diversos trabajadores como una funcionaria que ha permanecido distante frente a múltiples conflictos laborales que se han venido acumulando dentro de la dependencia.
Tal como ocurrió con trabajadores del programa Vasconcelos, quienes —según denunciaron públicamente— fueron separados del servicio bajo el argumento de que “simplemente se les terminó el contrato”, pese a que muchos de ellos llevaban cerca de 20 años laborando dentro de la dependencia.
Aquella situación también derivó en solicitudes de intervención dirigidas a la Rocío Nahle García, luego de que los afectados señalaran falta de sensibilidad institucional, ausencia de diálogo y decisiones administrativas que, más allá de criterios laborales, parecían ignorar por completo el impacto humano y social que implica dejar sin sustento a decenas de familias.
Para diversos trabajadores, estos antecedentes comienzan a reforzar una percepción preocupante: que dentro de ciertas áreas de la SEV los conflictos no se atienden desde la conciliación o el entendimiento, sino desde la frialdad burocrática y el desgaste emocional de quienes dependen laboralmente de la institución.
Para algunos empleados, el problema comienza a volverse recurrente: conflictos laborales que escalan innecesariamente hasta Palacio de Gobierno porque dentro de la Secretaría pareciera agotarse rápidamente la capacidad de diálogo, conciliación y operación política.
Trabajadores consideran preocupante que una dependencia encargada de la formación educativa y humana en Veracruz proyecte hacia su interior dinámicas de presión, miedo e indiferencia frente a denuncias relacionadas con derechos humanos y violencia laboral.
Bajo ese contexto, comienza a consolidarse entre trabajadores una percepción cada vez más incómoda: que este tipo de prácticas represoras, lejos de ser corregidas, terminan siendo toleradas y políticamente permitidas desde los más altos niveles de la propia Secretaría de Educación de Veracruz, encabezada por la titular de la dependencia, Claudia Tello Espinosa.
Para muchos trabajadores, lo verdaderamente grave no es únicamente el presunto abuso de poder, sino la sensación de abandono institucional frente a conflictos que, lejos de resolverse, parecen crecer bajo el silencio, el desgaste emocional y el miedo de quienes dependen laboralmente de la propia dependencia.
“No es un conflicto laboral; es violencia institucional”
El caso que detonó la inconformidad involucra a una trabajadora —cuya identidad permanece reservada en calidad de víctima— que habría sido retirada de sus funciones, aislada laboralmente, enviada a espacios sin herramientas de trabajo y posteriormente presionada para firmar documentos sin posibilidad de leerlos ni conservar copia.
Lo más delicado, según denuncian compañeros de la dependencia, es que la víctima es madre independiente de un menor de edad y además enfrenta aparentes complicaciones de salud de carácter pulmonar, situación que, lejos de generar empatía institucional, habría derivado en nuevas presiones para dejar de presentarse a laborar.
“Parece que en la SEV la sensibilidad institucional sólo existe para los discursos y las fotografías oficiales”, comentó un trabajador bajo condición de anonimato.
Los posibles delitos y violaciones que enfrentan muchas mujeres en silencio.
Especialistas consultados señalan que conductas de este tipo podrían encuadrar en diversas figuras legales y administrativas. Incluso organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y estudios impulsados por instituciones académicas de prestigio como Harvard University han advertido que los entornos de violencia institucional, hostigamiento laboral y abuso de poder dentro de organismos públicos generan afectaciones profundas en la salud mental, estabilidad económica y dignidad de las personas trabajadoras, particularmente en mujeres que además enfrentan condiciones de vulnerabilidad familiar o de salud.
Entre las posibles conductas y violaciones que podrían actualizarse en casos de esta naturaleza se encuentran:
Violencia laboral
Violencia institucional
Discriminación
Coacción
Abuso de autoridad
Hostigamiento laboral (mobbing)
Violaciones al debido proceso
Vulneración a la dignidad humana
Violaciones a derechos humanos
Afectación al interés superior de la niñez
Retención indebida de documentos
Posible nulidad de actos obtenidos bajo presión.
Trabajadores advierten que el problema no sería aislado. Aseguran que dentro de ciertas áreas prevalece una cultura de miedo donde empleados son condicionados sobre con quién hablar, a quién evitar y cómo comportarse frente a directivos.
“La famosa ‘ley del hielo’ se volvió una herramienta de control. Hay gente que, por miedo a perder el trabajo, termina normalizando el abuso”, expresó otra fuente.
Antimotines y miedo antes que diálogo
La tensión creció aún más luego de trascender que la SEV habría solicitado presencia de policías antimotines para el próximo lunes 18 de mayo, ante el temor de posibles protestas o manifestaciones por parte de trabajadores inconformes.
La medida ha provocado indignación entre sectores sindicales y trabajadores administrativos, quienes consideran alarmante que una dependencia educativa piense primero en mecanismos de contención y presión antes que en mesas de diálogo y solución.
La pregunta que muchos comienzan a hacerse es inevitable: ¿qué tipo de gobierno pretende resolver conflictos laborales mediante intimidación en lugar de diálogo?
Porque cuando una institución pública opta por el miedo antes que, por la conciliación, deja de actuar como autoridad democrática y comienza a parecer un aparato de control.
Cuando Palacio de Gobierno termina resolviendo lo que la SEV no puede
Por otra parte, ya fue solicitada la intervención directa de la Gobernadora del Estado; sin embargo, lo verdaderamente preocupante no es únicamente la gravedad de las denuncias, sino el nivel de incapacidad institucional que pareciera existir dentro de la propia Secretaría de Educación de Veracruz para resolver conflictos internos sin que estos terminen escalando hasta Palacio de Gobierno.
Porque la pregunta es inevitable: ¿de verdad ninguna de las servidoras públicas involucradas tiene la capacidad política, administrativa o humana para contener un conflicto laboral sin convertirlo en un problema de gobernabilidad?
Trabajadores comienzan a cuestionar cada vez con mayor severidad la aparente indiferencia y limitada capacidad de operación política al interior de la SEV, pues aseguran que los conflictos internos escalan constantemente hasta niveles innecesarios, obligando a otras áreas del Gobierno del Estado a intervenir para contener crisis que, desde su origen, pudieron haberse resuelto mediante diálogo, sensibilidad institucional y capacidad de conducción administrativa.
Para muchos empleados, resulta preocupante que decisiones marcadas por la soberbia, la omisión o la falta de voluntad para conciliar terminen convirtiéndose en conflictos de mayor dimensión que desgastan no sólo a los trabajadores afectados, sino también la imagen y credibilidad de la propia dependencia.
Y aunque al final suele ser la Secretaría de Gobierno quien termina entrando a poner orden, muchos consideran que eso jamás debería ser necesario en una dependencia encargada precisamente de educar, formar y garantizar condiciones humanas mínimas dentro de sus propias oficinas.
Porque una cosa es administrar la educación pública… y otra muy distinta administrar mediante miedo, desgaste psicológico y control político interno.
Para diversos trabajadores, lo más alarmante no es sólo el presunto abuso de poder, sino la normalización de una cultura institucional donde parecería castigarse más a quien denuncia que a quien atropella derechos.
Y mientras las quejas siguen acumulándose, dentro de la SEV comienza a crecer una percepción peligrosa: que algunos funcionarios ya no gobiernan mediante liderazgo o capacidad de diálogo, sino a través del temor de quienes dependen laboralmente de ellos.
¿Habrá justicia o silencio institucional?
Hasta ahora, ya existirían denuncias ante el Órgano Interno de Control, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otras instancias que podrían intervenir en el caso.
La incógnita ahora gira en torno a la reacción de la Gobernadora y de la propia Secretaría de Educación: ¿habrá una investigación seria o prevalecerá el silencio institucional?
Como dice el viejo refrán:
“Cuando el abuso se vuelve costumbre, la dignidad termina pareciendo rebeldía”.
Mientras tanto, entre los pasillos de la SEV crece una sensación incómoda: hoy le ocurrió a otra trabajadora; una más de cientos que guardan silencio por miedo, necesidad o desgaste emocional. Y quienes hoy deciden callar, minimizar o mirar hacia otro lado, terminan convirtiéndose, aunque no lo adviertan, en actores pasivos de un sistema que normaliza el abuso.
Muchos creen ingenuamente que jamás estarán en esa posición. La única diferencia, quizá, no radica en si les ocurrirá o no… sino en cuándo.
#SIMVE
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