Una oportunidad para que el ORFIS realice una nueva valoración a las aclaraciones de la documentación justificatoria y comprobatoria

Posicionamiento del Dip. Ramón Díaz Ávila del PT con respecto a la Cuenta Pública 2021.

Xalapa, Ver; a 31 de enero 2023.- Con fecha 19 de octubre del 2022, la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, emitió el Dictamen en sentido negativo sobre los informes de Fiscalización a la Cuenta Pública 2021 presentados por el Órgano de Fiscalización Superior.

En su momento, la Comisión determinó rechazar los informes individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública, lo anterior con base en consideraciones expuestas y basadas en los presupuestos de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, es decir, no se encontraron elementos suficientes para su aprobación.

Rechazar los resultados de la Cuenta Pública 2021, representó un hecho histórico en Veracruz, pues el dictamen presentado, fue avalado por prácticamente todas las expresiones representadas en esta Soberanía, lo que significa una oportunidad para que el ORFIS realizara una nueva valoración a las aclaraciones de la documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables, acorde a sus propios procedimientos aplicables para la rendición de cuentas y para lo cual se le otorgó un plazo de 90 días naturales para presentar los resultados.

Por ello, es importante que en este Análisis de la Nueva Valoración del Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2021, presentada por la Titular del Órgano de Fiscalización Superior, este Pleno actúe con responsabilidad respecto a la decisión que aquí se tome, pues en mucho de ello depende lo que en los próximos meses se desarrollará en relación a las auditorías que deberán aplicarse al Primer Año de Ejercicio de las Actuales Administraciones Municipales y de los propios entes estatales.

En el Nuevo Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2021, el ORFIS señala datos sobre los ejercicios fiscales del 2018 al 2020, en los que existen 128 querellas y el daño patrimonial durante estos ejercicios asciende a 2 mil 159 millones 372 mil 852.56 pesos.

Considerando que los principios básicos en los que se basa la auditoría son los de: identidad, presentación imparcial; el debido cuidado profesional; la confidencialidad; la independencia; el enfoque basado en evidencias y el enfoque basado en riesgos, es importante reconocer que de acuerdo al informe presentado, existe la certeza de que las auditorías se realizaron bajo estos preceptos, ya que el resultado de las observaciones a las cuentas públicas municipales, abarca administraciones emanadas de las diversas expresiones políticas que imperan en Veracruz.

Debemos reconocer que en la fiscalización de los recursos públicos siempre ha existido la duda en cuanto a los resultados que cada año se presenta, sin duda que existe fundada razón para ello, pues el encubrimiento y sobornos que han prevalecido para maquillar cuentas a modo y que han evitado que muchos malos funcionarios sigan sin ser sancionados, representa hoy en día la oportunidad para brindar mejores herramientas legales tanto al propio Órgano de Fiscalización Superior, como a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para que puedan actuar en su momento en contra de quienes hayan hecho o hagan mal uso de los recursos públicos, y a la vez, estas instituciones cumplan a cabalidad con sus funciones de brindar certeza a la sociedad en sus resultados.

Los entes fiscalizables, de acuerdo al artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, son responsables subsidiarios de los daños y perjuicios que causen los servidores públicos del mismo y los despachos o prestadores de servicios de auditoría.

Esta es la razón por la que un servidor siempre ha insistido al interior de la Comisión y públicamente sobre el desempeño profesional de algunos despachos o prestadores de servicios que bajo el amparo o recomendación de funcionarios y el consentimiento del propio Órgano auditor han abusado de la confianza de quienes los contratan.

Es por esto que, en una revisión sobre el “Padrón 2022 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría”, publicada el 29 de diciembre del año pasado, podemos constatar que en ese listado aparecen 25 personas físicas y 69 personas morales registradas para la realización de auditoría financiera presupuestal; 36 personas físicas y 19 personas morales para la auditoría técnica, de las cuales, 18 personas morales empadronados dentro de la auditoría financiera y 7 personas morales empadronados en la auditoría técnica, el responsable de suscribir dictámenes y el representante legal, no es el mismo, por lo que ésta situación genera un verdadero conflicto de interés, ya que se presta a que un representante legal de estos despachos puede estar desempeñando una función pública, no estar certificado o no tener los registros federales o estatales para desempeñar la función de auditoría.

Esta situación ha provocado que muchas de las administraciones pasadas se encuentren en problemas legales, debido a que algunas de estas empresas creadas al vapor, subcontratan o maquilan sus servicios que dicen ofertar y que en su momento repercute en contra del ente público contratante.

Ante esto, solicitaré formalmente a la Comisión de Vigilancia para que, a su vez se requiera al ORFIS la información sobre los despachos o prestadores de servicios en auditoría sobre los que existan dudas sobre su representación legal y dictaminación, para que sean excluidos del padrón, en tanto no aclaren esta situación; esto con el propósito de generar confianza y certeza legal en los propios resultados del Órgano de Fiscalización.

Del mismo modo solicitaré que el ORFIS publique el listado de Empresas a las que se les han otorgado asignaciones o contratos para los trabajos de auditoría, lo que permitirá a su vez brindar confianza en la rendición de cuentas y evitar la subcontratación en estos servicios.

El Dictamen de las Cuentas Públicas 2021 sometido a este Pleno, es al mismo tiempo un llamado a las autoridades actuales a conducirse con responsabilidad en el manejo de recursos públicos. Si bien no estamos en contra de que los entes públicos contraten los servicios de estos despachos, sí lo estamos a que lo hagan con quienes cuenten con la mayor experiencia en temas de fiscalización.

Considerando que, en lo que respecta al combate a la corrupción e impunidad durante la presente Administración Estatal que inició en el 2018, y que a partir de ese momento sólo existen 128 denuncias en contra de ex servidores públicos, se hace necesario que el área jurídica del ORFIS actúe con mayor celeridad para seguir integrando las denuncias correspondientes en contra de los presuntos responsables del daño a las Finanzas Públicas del Estado.

Es cuanto.