- El anuncio de las Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel Nacional (INDCs por sus siglas en inglés) para combatir el cambio climático hecho por el gobierno federal el viernes pasado es un buen punto de partida.
- Se deben dar a conocer con transparencia los detalles de las acciones que sustentan este compromiso, señaló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
Con relación al anuncio de las Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel Nacional (INDCs por sus siglas en inglés)[1]
que para combatir el cambio climático el gobierno mexicano anunció el
viernes pasado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
considera que se deben dar a conocer los detalles de las acciones que
sustentan este compromiso, así como la ruta crítica de cumplimiento de
las mismas.
Dado que la fecha límite
para que los países dieran a conocer sus INDCs es el 31 de marzo, México
se convirtió en el primer país en desarrollo en presentarlas de manera
anticipada el pasado viernes 27 de marzo, sumándose a otros países que
ya lo hicieron como Suiza, la Unión Europea y Noruega.
Las INDCs son resultado
de los acuerdos a los que llegó en su 19º periodo de sesiones, la
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en Varsovia en 2013, donde
se invitó a los Estado Parte a iniciar o intensificar, así como a
comunicar las acciones que llevarán a cabo a nivel nacional para reducir
sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI).
Vale la pena recordar que
México ya había establecido desde 2012 las metas de reducción de
emisiones, condicionadas de 30% al 2020 y 50% al 2050 en la Ley General
de Cambio Climático (LGCC). Ahora, se presenta como meta de INDC la
reducción NO condicionada del 25% al 2030 que incluye tanto emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) como Black Carbon (carbono negro). Es
decir, una reducción de 22% de Gases de Efecto Invernadero y 51% de
Black Carbon en ese mismo año.
También se prevé que
México alcance un pico de emisiones en el año 2026 y a partir de éste se
comience a desacoplar las emisiones al crecimiento económico. Este
escenario de mitigación podría incrementarse a un 40% de reducción al
2030 si se establece un acuerdo internacional que permita establecer un
precio internacional de carbono, cooperación técnica y transferencia de
recursos y tecnología, entre otros.
Se desarrolló un nuevo
inventario de emisiones, con base en las nuevas metodologías del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés),
el cual toma como año base al 2013 y el cual será el mismo año de
referencia para los escenarios planeados de mitigación en las INDCs. En
él se destaca que los sectores que más contribuyen a las emisiones
nacionales son transporte, generación de electricidad e industria.
Si bien México representa
únicamente alrededor del 1.6% de las emisiones globales de GEI, es un
país altamente vulnerable al cambio climático. Los costos económicos
asociados a los fenómenos hidrometeorológicos se incrementaron 30 veces
en las últimas décadas pasando a 21 mil 950 millones de pesos anuales
según la Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40[2].
Es por eso que México presenta también acciones en materia de
adaptación para reducir la vulnerabilidad social, proteger a las
comunidades de eventos meteorológicos extremos, incrementar la
resilencia de infraestructura estratégica y de ecosistemas que albergan
la biodiversidad nacional.
Los sectores que se
atienden en las políticas integradas dentro de la INDC son: energía,
procesos industriales y usos finales, agricultura, residuos, cambio de
uso de suelo y bosques.
Ante las declaraciones y
compromisos de México para reducir sus emisiones de gases y compuestos
de efecto invernadero, es indispensable fortalecer y eficientar a las
instituciones de la política climática para asegurar las condiciones e
incrementar las oportunidades de mitigación y adaptación en el corto,
mediano y largo plazo.
En nuestro país aún
existen muchas oportunidades en las que se tiene que seguir trabajando,
como son: a) Fortalecer los programas estatales de acción climática; b)
Incentivar el desarrollo de las energías renovables a través de un marco
regulatorio que promueva una adecuada transición energética; y c)
Enfocar esfuerzos muy concretos a la reducción de emisiones del sector
transporte.
Si bien estos compromisos
no dependen de recursos ni apoyo internacional, sino de los
presupuestos públicos, es indispensable generar las bases para la
integración de otros sectores que pueda aportar mayores reducciones y
fortalecer la gobernanza climática. Asimismo, se requiere promover
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre los
presupuestos públicos para cambio climático y diversificar las vías de
ingresos para el gobierno para financiar el cambio climático a nivel
nacional.
Al respecto, Gustavo
Alanis Ortega, Director General del CEMDA, hizo un reconocimiento al
gobierno federal "por el establecimiento de este compromiso a nivel
internacional, esperando que a la brevedad amplíe la información
referente a las INDCs suscritas ante otros países, identificando cuáles
de ellas ya son parte de lo que se estableció en el Programa Especial de
Cambio Climático (PECC), así como que dé a conocer una ruta crítica de
cumplimiento de la meta del 25% al 2030 y las acciones que se tienen que
cumplir con relación a la LGCC (30% al 2020 y 50% al 2050).
Igualmente, Alanis Ortega
hizo una invitación al gobierno federal para transparentar la
información detallada en el inventario nacional de emisiones 2013, las
políticas incluidas en las INDCs, así como para que detone un mecanismo
de participación pública y revisión de estas metas rumbo a la Reunión de
las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (COP 21) que se llevará a cabo en París en diciembre de este
año.
"No podemos dejar de
reconocer que éste es un buen punto de partida, pero también
consideramos que aún es posible incrementar la ambición de lo presentado
el pasado viernes", concluyó.
[2] Los
daños económicos relacionados a estos eventos han pasado de un
promedio anual de 730 millones de pesos en el periodo de 1980 a 1999 a
21,950 millones para el periodo 2000-201218.
Este incremento, además de estar asociado a la mayor ocurrencia de
eventos, obedece a un aumento en la exposición, por ejemplo, la
creciente urbanización. La evolución de la ocurrencia de desastres por
eventos climáticos y sus daños asociados
Para mayor información contactar
Margarita Campuzano / mcampuzano@cemda.org.mx / tel. oficina 52863323
No hay comentarios:
Publicar un comentario