- Ya no lo hacen ante la Contraloría, pues la dependencia pasó a ser un organismo autónomo descentralizado del Gobierno estatal, informó el secretario general de la LXIII Legislatura local, Francisco Portilla Bonilla
Xalapa, Ver.
Se espera
que alrededor de 2 mil 300 servidores públicos de toda la entidad adscritos a
la Fiscalía General del Estado (FGE) entreguen su Declaración Patrimonial ante
el Congreso local, como lo marca la Ley. Esto, en razón de que la dependencia
pasó a ser un organismo autónomo descentralizado del Gobierno estatal, informó
el secretario general de la LXIII Legislatura local, Francisco Portilla
Bonilla.
Durante una
entrevista, el funcionario dijo que cuando la dependencia dejó de ser
Procuraduría General de Justicia (PGJ) para convertirse en Fiscalía, su
titular, Luis Ángel Bravo Contreras, cumplió con esta obligación, que
anteriormente se hacía ante la Contraloría General del Estado.
Explicó que
desde que la Fiscalía inició funciones, el 1 de febrero, la Secretaría General
del Congreso ha estado recibiendo la documentación de los funcionarios de la
institución, que tiene presencia en toda la entidad.
Hay quienes
han cumplido con esta obligación en tiempo y forma –continuó–, antes de
concluir el plazo fijado, de 60 días, “pero otros esperan hasta el final para
entregar la documentación, como este lunes y martes, cuando se registró gran
afluencia de empleados de la Fiscalía, provenientes desde Pánuco hasta Las
Choapas”.
Portilla
Bonilla comentó que algunas personas optaron por enviar su declaración vía
Internet, mientras que otras lo hicieron a través de algún compañero de
trabajo. Antes, cada uno de ellos debió presentar una declaración final ante la
Contraloría estatal, y en al Congreso se le hace llegar la inicial.
Aclaró que
como excepción, quienes recibieron un nombramiento de la Fiscalía con fecha
posterior al 1 de febrero, dispondrán de 60 días a partir de entonces, y
advirtió que quienes no presenten su Declaración Patrimonial se harán
acreedores a las sanciones que la Ley estipula.
En el
interior del Palacio Legislativo se instalaron tres módulos en los que se
ofrece orientación a los servidores públicos para el llenado de los formatos, y
que la información proporcionada se mantiene en absoluta confidencialidad.
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