Vivir en el Golfo.
Por Rodolfo Herrera.
Obras sin pruebas: el daño de 17.6 millones que la ASF no pudo solventar.
La Auditoría Superior de la Federación no es un organismo que se invente observaciones por deporte. Cuando señala un presunto daño patrimonial de 17 millones 681 mil 764 pesos con 78 centavos en la Cuenta Pública 2024 de la administración de María Elena Solana Calzada (2022-2025), lo hace con base en documentación —o en la ausencia de ella.
El núcleo de la observación es concreto y difícil de relativizar: las actas de finiquito del 30 de agosto y del 4 y 13 de diciembre de 2024, junto con las estimaciones y la documentación de las obras públicas, no vinieron acompañadas de las pruebas de laboratorio suficientes ni de los argumentos técnicos que permitieran justificar las insuficiencias detectadas. El ente fiscalizado simplemente no presentó la información correcta. Como consecuencia, no fue posible acreditar la calidad de los trabajos ejecutados ni solventar lo observado.
En lenguaje llano: se pagaron obras cuya calidad no pudo certificarse porque faltaron —o fueron insuficientes— las pruebas que debían respaldarlas. Esa omisión no es un detalle menor de trámite. Es el mecanismo que convierte un gasto público en un daño patrimonial que, con las cargas financieras, ya alcanza esa cifra millonaria y que, de no solventarse, puede ser exigida para reembolso por la Hacienda Federal.
La responsabilidad política y administrativa de quien encabezó el gobierno municipal en ese periodo es ineludible. Las obras públicas no se improvisan ni se finiquitan a medias. Existen normas, laboratorios y actas precisamente para proteger el dinero de la gente y garantizar que lo que se construye tenga la calidad que se pagó. Cuando esas pruebas no se exhiben o no bastan, el mensaje que queda es que la ejecución y la supervisión estuvieron por debajo del estándar mínimo exigible.
No se trata de un “error administrativo” inocente. Se trata de una omisión que impidió demostrar que el recurso se utilizó correctamente. Y cuando el recurso público no se puede acreditar, deja de ser inversión y pasa a ser un pasivo que carga sobre las finanzas municipales y, en última instancia, sobre los contribuyentes de San Andrés Tuxtla.
La ASF ya hizo su trabajo. Ahora corresponde que las autoridades competentes —y la propia ciudadanía— exijan que se aclare, se solvente o se resarza lo que no pudo justificarse. La opacidad en las pruebas de calidad no es un problema técnico menor: es el síntoma de una gestión que no rindió cuentas a tiempo y que ahora enfrenta las consecuencias en números concretos.
17.6 millones de pesos no se evaporan solos. Alguien los gastó sin poder demostrar, con las pruebas requeridas, que las obras valían lo que se pagó. Esa es la observación. Y esa es la crítica.
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