Ejidatarios de la ampliación piden la intervención del Ayuntamiento y de la Fiscalía; advierten riesgo de violencia por la ejecución de una sentencia agraria pendiente desde 2002.

Medio siglo de disputa agraria escala a denuncias por despojo y amenazas en Ángel R. Cabada.

Ejidatarios de la ampliación piden la intervención del Ayuntamiento y de la Fiscalía; advierten riesgo de violencia por la ejecución de una sentencia agraria pendiente desde 2002.

Por Simón Rodríguez, Triano 

Ángel R. Cabada, Ver.- Una lucha agraria que comenzó hace más de cinco décadas y que ha transitado por tribunales agrarios, juzgados federales y múltiples diligencias de ejecución, volvió a colocarse en el centro de la tensión social en Ángel R. Cabada. El representante de los ejidatarios de la ampliación del ejido, Eduardo Leyva Cruz, solicitó la intervención de la presidenta municipal y, de manera paralela, presentó una denuncia penal por presunto despojo, amenazas y otros hechos relacionados con la disputa por 77 hectáreas cuya restitución ha sido ordenada por diversas resoluciones judiciales.

A través de un escrito dirigido al Ayuntamiento, Leyva Cruz expuso que el conflicto tiene su origen en una resolución presidencial emitida en 1976, mediante la cual se otorgaron 240 hectáreas a la ampliación del ejido Ángel R. Cabada, incluyendo 77 hectáreas de propiedad nacional. Aunque esas tierras fueron entregadas formalmente ese mismo año, con el paso del tiempo surgieron controversias sobre su posesión.

Según el documento, en 1998 los integrantes de la ampliación promovieron el juicio agrario 571/1998 para reclamar la entrega efectiva de las 77 hectáreas. Tras varios recursos legales, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40 emitió en junio de 2002 una sentencia definitiva que ordenó su restitución, entrega legal y material a favor de los ejidatarios de la ampliación.

No obstante, el representante asegura que la resolución enfrentó años de obstáculos para su cumplimiento. Incluso promovieron un juicio de amparo al considerar que una diligencia de ejecución había sido simulada. En 2010, la justicia federal les concedió el amparo y ordenó nuevamente la entrega efectiva de la superficie en disputa.

A pesar de distintas diligencias realizadas por el Tribunal Unitario Agrario y de la intervención solicitada a autoridades estatales y federales, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, la ejecución total de la sentencia continúa sin concretarse debido a la oposición de un grupo de personas asentadas en la zona.

De acuerdo con Leyva Cruz, el 22 de junio de 2022 se logró la entrega parcial de algunas fracciones de terreno, mientras que el 3 de diciembre de 2025 personal del Tribunal Agrario realizó una nueva diligencia mediante la cual entregó legal y materialmente poco más de 27 hectáreas a los ejidatarios beneficiarios de la sentencia.

Sin embargo, el conflicto se intensificó apenas tres días después.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, el representante de la ampliación acusa a Armando Azamar Nato, Juan Ochoa Delfín, Saturnino Machuco Pérez y Omar Camacho Velázquez de participar en actos de despojo y amenazas dentro de la superficie que había sido entregada por las autoridades agrarias.

Según la querella, el 6 de diciembre de 2025 un grupo de personas ingresó a una fracción aproximada de cuatro hectáreas ubicada en las inmediaciones deltes y palos, delimitaron lotes y establecieron un campamento permanente en una zona que actualmente identifican como colonia Benito Juárez.

Leyva Cruz afirma que intentó dialogar con los ocupantes para evitar confrontaciones, pero asegura haber recibido amenazas. En su declaración sostiene que algunos de los señalados le advirtieron que el conflicto sólo terminaría cuando hubiera una víctima fatal y que impedirían cualquier intento por recuperar los terrenos.

La denuncia también refiere que el pasado 20 de enero de 2026 se registró un nuevo incidente cuando presuntamente Armando Azamar Nato intentó privar de la vida a Cornelio Romero Avendaño, integrante del grupo ejidal, quien habría presentado una denuncia independiente por esos hechos.

Asimismo, el denunciante acusa a Omar Camacho Velázquez de ocupar sin autorización alrededor de 800 metros cuadrados dentro de la superficie restituida y de negarse a abandonar el terreno pese a las solicitudes realizadas.

Como prueba, el representante de los ejidatarios presentó el acta de ejecución emitida por el Tribunal Unitario Agrario el 3 de diciembre de 2025, además de planos, fotografías y testimonios de personas que presuntamente presenciaron tanto el despojo como las amenazas denunciadas.

En el escrito remitido a la alcaldesa, Leyva Cruz sostiene que su grupo no busca perjudicar a las familias que actualmente habitan en parte de los terrenos en disputa y afirma que los ejidatarios están dispuestos a aceptar una indemnización que permita resolver el conflicto por la vía institucional.

No obstante, advirtió que si no se alcanza un acuerdo o un cumplimiento sustituto de las resoluciones agrarias y de amparo, las autoridades eventualmente podrían verse obligadas a ejecutar la sentencia mediante desalojos con apoyo de la fuerza pública.

Ante ese escenario, pidió a la autoridad municipal intervenir para contribuir a una solución negociada que evite una escalada de violencia.

"Han pasado más de 50 años de lucha agraria y algunos compañeros murieron esperando justicia", sostiene el documento, que además alerta sobre el riesgo de que la confrontación entre grupos derive en hechos de consecuencias irreparables para la población de Ángel R. Cabada.