Tras la muerte de Antonio Hernández Basurto, víctima de cáncer, su esposa Ivette Orozco Lara descubrió que un predio familiar de más de 22 mil metros cuadrados ya no estaba en manos de la familia.
Lo que siguió fue una batalla judicial que enfrentó a la familia contra una serie de operaciones inmobiliarias que finalmente fueron declaradas nulas por los tribunales.
Según consta en una resolución judicial, los magistrados concluyeron que Rosa María Martínez López utilizó facultades de representación que le habían sido otorgadas por Antonio Hernández Basurto para intervenir en operaciones mediante las cuales terminó beneficiándose del inmueble, una situación que, de acuerdo con el fallo, contravenía una prohibición expresa de la ley que impide a un representante adquirir para sí bienes cuya administración o representación le ha sido confiada.
La justicia declaró nulas las operaciones y ordenó la restitución del terreno. Sin embargo, para la viuda el conflicto no ha terminado. Después de obtener una sentencia favorable apareció una nueva controversia relacionada con una presunta transmisión del inmueble a favor de Rosa López Maldonado, quien posteriormente habría promovido un juicio para exigir el otorgamiento de la escritura del predio, situación que, asegura, ha retrasado la recuperación efectiva del patrimonio familiar.
¿Cómo pudieron formalizarse operaciones que años después fueron declaradas nulas por los tribunales? La interrogante alcanza al notario Xavier Saucedo, cuya intervención en la formalización de los actos ha sido motivo de cuestionamientos por parte de la familia, luego de que la justicia concluyera que las operaciones contravenían disposiciones expresas de la ley.
Además, en distintos momentos la actuación profesional del notario ha sido objeto de señalamientos y controversias públicas, por lo que este caso vuelve a colocar bajo escrutinio el papel de los fedatarios en operaciones inmobiliarias que posteriormente terminan siendo impugnadas en los tribunales.
Mientras los expedientes continúan acumulándose, Ivette Orozco Lara asegura seguir esperando que la justicia ordenada en papel se convierta finalmente en una realidad.
¿Se trata de un caso aislado o de un mecanismo que continúa repitiéndose en Veracruz pese a los esfuerzos del Gobierno del Estado por combatir la corrupción inmobiliaria y patrimonial que, una y otra vez, termina alcanzando a notarías y tribunales?
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