Por Julieta Millán.
A pesar de los esfuerzos institucionales por fortalecer la fiscalización en Veracruz, persiste una brecha preocupante entre la detección de irregularidades y la aplicación efectiva de consecuencias. El caso del municipio de San Andrés Tuxtla es un ejemplo claro.
En la Cuenta Pública 2023, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) emitió 27 observaciones: 15 de carácter financiero-presupuestal, 6 técnicas a obra pública, 3 relacionadas con deuda y disciplina financiera, y 3 de legalidad, acompañadas de 33 recomendaciones. Se documentaron sobreprecios, falta de documentación justificatoria, problemas en expedientes de obra y posibles daños al patrimonio municipal. 
Para el ejercicio 2024 (cuya revisión se publicó en 2025), el panorama no mejoró sustancialmente: 22 observaciones (18 financieras, 2 técnicas a obra pública y 2 de deuda), con 30 recomendaciones. Nuevamente aparecen señalamientos por incrementos presupuestales no autorizados, deficiencias en contrataciones y control de recursos. 
Y hasta hoy, con lo ya señalado en 2023 y 2024/2025, no ha pasado nada visible. No se conocen reintegros significativos al erario, sanciones firmes a servidores o exservidores responsables, ni mejoras estructurales que impidan la repetición de estos patrones. Las observaciones parecen quedar archivadas en un limbo de plazos de solventación que se extienden sin resultados tangibles para la ciudadanía.
Esto no es solo un problema de un municipio. Refleja una debilidad sistémica: el ORFIS cumple con su función técnica de auditar y notificar, pero el paso siguiente —la persecución de responsabilidades administrativas, penales o políticas— depende de otras instancias (Fiscalía Anticorrupción, Tribunal de Justicia Administrativa, Contraloría, Congreso local) que parecen actuar con excesiva lentitud o selectividad.
¿Qué falta?
• Transparencia real y seguimiento público: La ciudadanía de San Andrés Tuxtla tiene derecho a conocer, de forma clara y actualizada, el estatus de cada observación: qué se solventó, qué no, y por qué.
• Vinculación inmediata: Que las observaciones con posible daño patrimonial se remitan de oficio y sin demora a las autoridades sancionadoras.
• Rendición de cuentas del propio sistema: ¿Cuánto de lo observado en Veracruz en los últimos años ha derivado en reintegros reales o inhabilitaciones? La opacidad en estos resultados erosiona la confianza.
El ORFIS, bajo la conducción de Delia González Cobos, ha avanzado en generar información valiosa. Pero la fiscalización superior no puede limitarse a señalar; debe ser el detonante de una cadena de rendición de cuentas que funcione. Mientras las irregularidades detectadas en San Andrés Tuxtla sigan sin consecuencias visibles, seguiremos enviando el mensaje equivocado: que auditar es importante, pero que al final todo queda en papel.
Es hora de exigir que las observaciones no sean mero trámite anual, sino instrumento efectivo de corrección y justicia. La sociedad veracruzana, y particularmente los habitantes de San Andrés Tuxtla, merecen más que reportes: merecen resultados.
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