Por redacción.
Diversos casos dentro de la Fiscalía General del Estado de Veracruz evidencian un patrón preocupante: expedientes que se congelan, citatorios que no se ejecutan y medidas de apremio que no se aplican, aun cuando existen incumplimientos reiterados en asuntos que involucran a niñas, niños y adolescentes.
No se trata de un hecho aislado. Se trata de una práctica que, por omisión o negligencia, está debilitando la protección efectiva del interés superior de la niñez.
Cuando una autoridad deja de actuar frente a desacatos evidentes, no solo retrasa un procedimiento: abre la puerta a que las situaciones escalen, se agraven y terminen afectando de manera directa la estabilidad emocional, jurídica y física de los menores involucrados. El problema de fondo no es únicamente jurídico, es estructural. La falta de diligencia, la discrecionalidad en la aplicación de la ley y la ausencia de seguimiento oportuno generan un mensaje claro: los derechos de la niñez están siendo tratados como secundarios.
Esto es grave, porque cada expediente detenido representa una oportunidad perdida para prevenir conflictos mayores. Cada citatorio no ejecutado es un riesgo que crece. Cada omisión institucional puede traducirse en consecuencias irreversibles para un menor.
La ley no es ambigua en este punto: el interés superior de niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad absoluta, no una opción sujeta a tiempos administrativos o decisiones discrecionales. Por ello, se hace un llamado firme a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para:
- Realizar una revisión integral de los casos en los que existan omisiones o retrasos injustificados.
- Garantizar la aplicación inmediata de medidas de apremio ante desacatos reiterados.
- Establecer mecanismos de seguimiento que eviten la “congelación” de expedientes sensibles.
- Investigar posibles actos de negligencia o tráfico de influencias que comprometan la imparcialidad institucional.
La prevención no es un discurso: es una obligación. Si la Fiscalía no actúa a tiempo, no solo falla en su función; se convierte en un factor de riesgo para quienes más deberían ser protegidos. Hoy la exigencia es clara: actuar con firmeza, con legalidad y con sentido de urgencia. Porque en materia de niñez, cada día de omisión cuenta… y pesa.
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