Xalapa, Ver., 08 de agosto de 2017.- El Juzgado decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz del Poder Judicial de la Federación determinó desechar la solicitud de Amparo indirecto interpuesto por el alcalde electo de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, en contra del Acuerdo 109 del Cabildo y la decisión del Congreso del Estado, mediante el cual se autoriza la prórroga de vigencia a la empresa Proactiva Medio Ambiente para seguir manejando la concesión del relleno sanitario.
La solicitud del quejoso, interpuesta el pasado 04 de agosto, fue ingresada ese mismo día en la Mesa 5 del Juzgado y en la resolución inicial, con fecha 07 de agosto, se determina que el sentido de la misma es “desechamiento” y así consta en el link de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal.
http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ExpedienteyTipo.asp?TipoAsunto=1&TipoProcedimiento=979&Expediente=985%2F2017&Buscar=Buscar&Circuito=7&CircuitoName=S%C9PTIMO+CIRCUITO&Organismo=760&OrgName=Juzgado+Decimoquinto+de+Distrito+en+el+Estado+de+Veracruz&TipoOrganismo=0&Accion=1
Con fundamento en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, la concesionaria solicitó en tiempo y forma al Ayuntamiento de Xalapa, la prórroga de la concesión aludida; lo cual fue aprobado en sesión ordinaria de Cabildo el 31 de mayo de 2014.
El Ayuntamiento de Xalapa, para mantener el servicio del relleno sanitario, solicitó a la Legislatura del Estado la autorización de firma del convenio de prórroga de la concesión de equipamiento y operación del relleno sanitario de Xalapa, Ver., a cargo de la empresa PROACTIVA, S.A. de C.V.
El 3 de marzo del año en curso se presentó la solicitud ante el Congreso del Estado, la cual se turnó a la Comisión de Hacienda Municipal. El 9 de mayo del año en curso se sometió a consideración del Pleno el dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal y ahí, la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, de MORENA, presentó una moción suspensiva, misma que fue aprobada, teniendo como efecto que se devolviera el dictamen a la Comisión para nuevo análisis, para luego ser aprobada por mayoría el 31 de julio del presente año.
Con esta determinación, Poder Judicial de la Federación determina la validez y legalidad de los actos realizados tanto por la actual administración municipal como por el Congreso del Estado.
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