- Acuden el Presidente Municipal y el Síndico del Ayuntamiento, así como el Fiscal General del Estado, a presentar sus argumentos ante los miembros de la Comisión Permanente Instructora del Congreso del Estado
Xalapa, Ver.
Al
continuar con el proceso de Declaración de Procedencia en contra del presidente
municipal de Ayahualulco, Abundio Morales Rosas, y del síndico único, José
Guadalupe Flores Peña, acusados de abuso de autoridad, la Comisión Permanente
Instructora celebró la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos entre los
ediles y la Fiscalía General del Estado (FGE), representada por su titular,
Luis Ángel Bravo Contreras.
Durante la
reunión, celebrada en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio
Legislativo, acudieron por la citada comisión los diputados Juan Manuel
Velázquez Yunes, presidente; Édgar Hugo Fernández Bernal, secretario, y Raúl
Zarrabal Ferat, vocal, para escuchar los argumentos que permitirán elaborar un
Dictamen que estará listo este viernes 23 de octubre.
Al término
de la audiencia, el diputado Juan Manuel Velázquez explicó que el Presidente
Municipal y el Síndico presentaron unos videos que hacen referencia a una parte
del juicio: “Como legisladores, nos corresponde emitir las opiniones de este
caso para elaborar un dictamen responsable. Haremos un análisis a fondo”.
Por su
parte, la FGE fortaleció su denuncia con base en el expediente que presentó al
solicitar el Juicio de Procedencia. Los diputados tendrán tres días para opinar
y concluir el Dictamen, y estipular el desafuero si procede.
“Tenemos la
obligación –dijo Velázquez Yunes–, de trabajar este caso como cualquiera otro.
Hemos demostrado que no hay tintes políticos, y como ejemplo de su
fundamentación está el de Ayahualulco, que es un mandato judicial”.
Los videos,
el oficio por el que se desiste la familia presuntamente afectada y las nuevas
pruebas aportadas en esta reunión permitirán a los integrantes de la Comisión
Permanente Instructora emitir sus opiniones.
El
secretario de esta instancia legislativa, Édgar Hugo Fernández, manifestó que
al concluir esta audiencia, considera que podría tratarse de un asunto de abuso
de autoridad por ambos ediles, aunque corresponde al Ministerio Público
determinar su culpabilidad o inocencia.
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