Xalapa, Ver.
Para que en
Veracruz se reconozcan los delitos de lesa humanidad y se garantice que no
queden impunes, la diputada Ana Cristina Ledezma López presentó una Iniciativa
que reforma el último párrafo del artículo 10 de la Ley del Juicio de
Protección de Derechos Humanos del Estado, para que esas violaciones se
denuncien en cualquier momento y no estén sujetas a “tiempos fatales”.
En nombre
de su Grupo Legislativo, propuso cumplir con lo establecido por el Derecho
internacional, que reconoce estos delitos como imprescriptibles: “Nuestra
legislación señala que tratándose de violaciones graves o de lesa humanidad, el
término para interponer la denuncia es de 60 días hábiles, contados a partir de
que el agraviado o la Comisión Estatal de Derechos Humanos hayan tenido
conocimiento de ellas o de su ejecución”.
Citó como
delitos de lesa humanidad el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o
traslado forzoso de población, encarcelamiento o privación grave de la libertad
física, tortura, violación, esclavitud sexual y prostitución, embarazo y
esterilización forzados.
También
–continuó la Diputada–, la persecución de un grupo o colectividad por motivos
étnicos, culturales, religiosos o de género; la desaparición forzada y el
crimen de segregación o apartheid: “Todos ellos, actos que lesionan,
agravian, lastiman y ofenden a la humanidad”.
De acuerdo
con Ana Cristina Ledezma, México está obligado a reconocer los derechos humanos
en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que es parte, así
como las disposiciones de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los
Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas y las sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
Por ello
–finalizó–, es nuestra obligación incorporar en la legislación veracruzana que
estas violaciones graves no prescriban y dar oportunidad a las víctimas de
presentar recursos de protección a sus derechos humanos en cualquier tiempo.
La
iniciativa se turnó a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a
Grupos Vulnerables y Migrantes, para su análisis y dictamen.
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