- Trabajará la diputada Jaqueline García Hernández en la armonización de las normas locales con la Ley General aprobada por el Congreso de la Unión
Xalapa, Ver.
Para
garantizar a las niñas y niños veracruzanos su pleno desarrollo físico y
psicológico, así como generar normas que protejan sus derechos humanos, es
necesario que la LXIII Legislatura del Estado adecue su legislación a la nueva
Ley General de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada por el
Congreso de la Unión el pasado 6 de noviembre, afirmó la diputada local
Jaqueline García Hernández.
Durante su
participación en la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol),
celebrada recientemente en Zacatecas, la Legisladora presentó las conclusiones
de la mesa “Armonización en materia de protección de niñas, niños y
adolescentes”, que coordinó, y se comprometió a trabajar para armonizar la ley,
con el fin de establecer bases de participación entre gobierno y sociedad en la
protección de las niñas y los niños.
En su
calidad de Presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Atención a
Grupos Vulnerables y Migrantes de la LXIII Legislatura del Estado, reconoció
que con la aprobación de la Ley para Protección de Niñas y Niños, México se
coloca a la vanguardia en la defensa de este sector de la población: “Es un
mecanismo jurídico que se apega a los parámetros internacionales”.
La norma
nacional –continuó– otorga a las legislaturas estatales un plazo de 180 días
para que adecuen su legislación. Una de las acciones a seguir es que los
gobiernos locales celebren convenios y apliquen programas especiales para
abatir el rezago de registro de nacimiento de niñas, niños y adolescentes.
Jaqueline
García explicó que estas adecuaciones traerán consigo que los estados instauren
procuradurías de Protección, que deberán establecer contacto y trabajar de
manera coordinada con las autoridades administrativas de asistencia social, de
servicios de salud, de educación y todas las necesarias para garantizar los derechos
de niñas y niños.
También se
obliga a las entidades para que, en el ámbito de sus competencias, establezcan
los requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros
de asistencia social, que deberán cumplir con la ley respecto de instalaciones,
programas y medidas de seguridad, entre otros.
De acuerdo
con la Diputada local, además de la armonización en esta materia se requerirá
trabajar para modificar las legislaciones locales respecto de los derechos
humanos, al nuevo Sistema Penal Acusatorio y el derecho de identidad y registro
de nacimiento, así como en la asignación de los recursos que permitan ejecutar
estas acciones.
Todo ello,
con el propósito de mejorar las políticas públicas en los estados y permitir a
los menores el pleno goce de sus derechos, privilegiando su interés y estatus
como seres vulnerables.
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