- El Diputado local considera rebasadas las fórmulas utilizadas por el Congreso Federal para la distribución de recursos a estados y municipios
Xalapa, Ver.
Las
fórmulas tradicionales que el Congreso Federal aplica para la distribución de
recursos a estados y municipios están rebasadas, afirmó el diputado Raúl
Zarrabal Ferat, quien consideró que entre las encomiendas de quienes resulten
electos diputados federales estará buscar mecanismos para que los gobiernos
locales reciban más recursos para obra y acciones.
Destacó que
la mayoría de los ayuntamientos –no sólo de la entidad, sino de todo el país–
enfrentan situaciones financieras muy difíciles, porque siguen dependiendo en
más de 90 por ciento de la Federación, que concentra los recursos recaudados
por estados y municipios.
Como
ejemplo, el Diputado local dijo que lo justo es que se devuelva más recursos al
Ayuntamiento de Veracruz. “Hay municipios que tienen ingresos muy importantes y
aportan mucho a la Federación, pero no se les trata como corresponde al momento
de asignarles un presupuesto anual. Lo que se les regresa es muy poco”.
Por ello,
consideró que debe actualizarse la Ley de Coordinación Fiscal, y que el reparto
de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, el Ramo 33 y
otros sea más equitativo, es decir, que se destinen mayores presupuestos a las
demarcaciones locales.
Admitió que
los rezagos o necesidades son muchos, y los ayuntamientos –al ser nivel de
gobierno más cercano a la gente– reciben las demandas y conocen las necesidades
de la población. Además, están investidos de personalidad jurídica y tienen la
facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley.
Dijo que,
en algunos casos, el Congreso del Estado ha aprobado préstamos para que las
administraciones municipales puedan trabajar. “La mayoría van encaminados a ejecutar
obras de infraestructura básica, caminos, unidades deportivas, sistemas de
alumbrado, instalaciones hidráulicas, y otros, con la prioridad de elevar la
calidad de la vida de la población”.
También
destacó que el Congreso del Estado deberá hacer los ajustes constitucionales
necesarios, tras la aprobación del Congreso de la Unión, para reformar la
Constitución federal e implementar acciones preventivas o controles para
autorizar deuda pública a entidades y municipios.
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