* Presenta el diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo una iniciativa para reformar el Código local de Procedimientos Penales
* Habría tiempo para el pleno conocimiento de la legislación nacional y recursos federales para implementar el nuevo Sistema de Justicia
XALAPA, VERACRUZ.
Ante la próxima entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales –que dejará sin efectos los ordenamientos locales–, a propuesta del diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo se reformaría el Código local para diferir la aplicación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en los 17 distritos judiciales de la entidad en los que todavía no rige.
El Legislador propuso reformar el Código local, para dejarlo vigente sólo en los distritos donde ya rige. Así se evitan confusiones y su aplicación efímera en 17 distritos judiciales. Habría tiempo para el pleno conocimiento de la legislación nacional y los recursos federales para implementar el Sistema de Justicia.
El nuevo Código Nacional –publicado en el Diario Oficial de la Federación este 5 de marzo– entrará en vigor sesenta días naturales después de la Declaratoria que emita el propio Congreso del Estado.
Callejas Arroyo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura local, recordó que la reforma constitucional de 2008 establece un plazo de ocho años para aplicar el sistema de carácter acusatorio y oral.
En acatamiento de ello –agregó–, el Congreso de Veracruz emitió un nuevo Código Procesal Penal en septiembre de 2012. Su aplicación sería gradual, tanto para capacitar a los servidores públicos involucrados, como la adecuación de la infraestructura física que permita celebrar los juicios orales.
Manifestó que el Código de Procedimientos Penales local rige ya en los distritos judiciales de Xalapa, Córdoba, Jalacingo y Coatepec, y debiera entrar en vigor este 11 de mayo en otros nueve del norte de la entidad (Pánuco, Ozuluama, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Tuxpan, Poza Rica, Papantla y Misantla.), y en mayo de 2015 en los ocho restantes.
La iniciativa se turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, para su análisis y dictamen.
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