LA PLAZA LERDO EN TIEMPOS ELECTORALES

DESPERTAR A TIEMPO
Romeo González Medrano
LA PLAZA LERDO EN
TIEMPOS ELECTORALES
En tiempos electorales es común que se incrementen las manifestaciones sociales en Xalapa, la capital de los veracruzanos generalmente en la Plaza Lerdo a un lado de la Catedral y frente al Palacio, sede del Gobierno del Estado. 
Los manifestantes ejercen así sus derechos constitucionales, entre otros, los de expresión, asociación y de petición.  Las autoridades encargadas de la gobernabilidad, tienen la responsabilidad de recibir y atenderles con diligencia y mucha disposición pues se supone que quienes acuden a estas formas de expresión, agotaron su paciencia en infructuosas gestiones previas. Al respecto, el Primer Informe de Gobierno ofrece un registro estadístico de esas expresiones durante 2011 en donde se aprecia que la mayoría corresponden a demandas sociales de competencia municipal  que al no encontrar eco en su localidad, acuden al Gobierno del Estado.
Durante todo el año, el histórico espacio público es ocupado por manifestantes portando sus mantas, cartulinas y aparatos de sonido: campesinos, colonos, amas de casa, estudiantes, trabajadores, taxistas, vendedores ambulantes, sindicatos, etc., y  no es casual que en tiempos electorales estas  expresiones se incrementen o incluso, radicalicen el tono de sus consignas y discursos. 
Tanto líderes como manifestantes saben muy bien que en estos tiempos sus demandas e inconformidades “suben de precio” y, aunque el triunfo se da en las urnas, el anticipadamente todas las encuestas otorguen sobrada ventaja al candidato del PRI, es un hecho que genera sinergias en las organizaciones en busca de “la ventanilla alternativa”. En este periodo y en todo el país, así opera el sistema político  mexicano desde hace décadas. En el clímax de esta lógica sociopolítica, cada organización busca el reconocimiento de su peso electoral, real o ficticio, y/o al menos, la promesa de soluciones, sea de la autoridad en turno o de candidatos a representarle.
La semana pasada Gerardo Buganza, el Secretario de Gobierno y encargado de la estabilidad social y política de la entidad expresó que la dependencia a su cargo atiende de manera inmediata todas las manifestaciones o muestras de inconformidad. “Nuestra obligación es buscar el diálogo, sin duda que la gente se sienta sobre todo escuchada, plantear y hablar con verdad”.
Una política interior que supone precisar qué se puede, cuándo se puede, bajo qué condiciones se puede o de plano lo que no se puede; postura que debe ser uno de los principios fundamentales del buen gobierno y por lo tanto estar presente no en uno sino en todos los funcionarios y servidores públicos, sean federales, estatales o municipales y lo mismo vale para los candidatos, independientemente del partido al que pertenezcan. Si algo daña a ciudadanos o grupos demandantes de atención,  es precisamente la mentira, el engaño, las escusas o las falsas esperanzas, que para el caso es lo mismo. 
 Dicho en otras palabras, si hay algo adicional a las necesidades sociales insatisfechas que haga mayor daño al pueblo, es el engaño de aquellos  funcionarios que para librase de los inconformes, acuden a la respuesta fácil, e irresponsable. Otro tanto ocurre a candidatos que prometen resolver “en 15 minutos” los problemas. La promesa incumplida como la falta de atención eficaz de una demanda, obvio que produce un malestar que se vuelve irritación e inevitablemente es motivo de conflicto cuando la franqueza y el respeto recíproco no presiden el dialogo entre autoridades y representantes sociales y tampoco se demuestra disposición para buscar otras alternativas de solución.  

En esta materia, no es extraño ver funcionarios que les invade el nerviosismo, la actitud defensiva, o el temor de ver  dañada su imagen personal  y responden con toda clase de excusas, pretextos, evasivas, o lo  peor, falsas promesas o la  “aplicación del carrusel” (recorrido por otras dependencias).  
Desgraciadamente entre los funcionarios de gobierno, hablar con franqueza no es una cualidad común sino la excepción; aún pesa mucho la cultura paternalista, la otra cara de una añeja relación construida en tiempos del Estado Benefactor y las políticas populistas.  Si a ello se le añade que en ocasiones los líderes magnifican  la voz de sus representados y el reclamo acude a tácticas provocadoras  y mediáticas, las soluciones obviamente se dificultan. 
 En el terreno de los hechos, es difícil demostrar que un problema pueda ser resuelto mediante una sola formula; sin embargo suele suceder que en eso se empantane el  diálogo cuando el (los) funcionario (s) que atiende la inconformidad, son de mentalidad burocratizada o los líderes persiguen intereses completamente ajenos a las demandas de sus representados o bien sus solicitudes son de competencia federal y lo que se exige es la mediación del gobierno del estado. 
En el modelo de la gobernabilidad agotada, más no aniquilada, se opta por la respuesta fácil, incluso, la que sucumbe a la tentación de ofrecer prebendas a líderes; una práctica en la que han incurrido funcionarios de todos los partidos y que genera otros problemas más graves porque en la corrupción no hay presupuesto que alcance y en cambio un líder “planchado” es como un virus que se reproduce y multiplica en otros actores semejantes que  ingresan al mercado de las presiones. 
Gobernabilidad  reactiva es aquella que si bien reditúa estabilidades precarias en cambio, ha sido la causa de la pulverización de la organización social y productiva de nefastas consecuencias para la gestión y concertación transparente y la productividad del gasto público, particularmente el destinado al sector agropecuario. El diagnóstico de un padrón de organizaciones sociales permitiría deslindar daños, perversiones, manipulaciones, opacidad y corrupción etc., en las relaciones entre el poder político y las organizaciones  sociales. 
En consecuencia, adicional a la franqueza de parte de los funcionarios, resulta imprescindible la respuesta congruente con las políticas establecidas, en equipo y con la participación de cada una de las dependencias de gobierno con las que   esté relacionado el problema. De  sus titulares se requiere una  gran disposición e imaginación para ofrecer  soluciones  a necesidades no contempladas en el presupuesto que está en ejercicio.
La gobernabilidad es tarea compleja siempre a prueba y para que sea eficaz requiere funcionarios con sensibilidad social, conocimiento de las políticas públicas, mucha habilidad política, conocimiento de los problemas sociales más frecuentes, de sus actores involucrados, de sus móviles sociales y/o políticos, y de muchas cosas más que son necesarias para conducir negociaciones con mentalidad y actitud abierta, con visión local y regional, de corto y mediano plazo, capaz de explorar  formas de solución no experimentadas hasta ese momento y, además, concretar acuerdos dentro de la legalidad y la coyuntura de la transición, como es el caso de un gobierno en fase inicial - como el de Javier Duarte - y la víspera de una renovación de orden federal; sin duda, oportunidad para operadores con visión y propuesta estratégica. 
Como se puede apreciar, la gobernabilidad además de franqueza, requiere de muchas otras  capacidades y habilidades para sumar esfuerzos, compartir costos y sobre todo, estatura ética y política  dispuesta a compartir los méritos de las soluciones, cualidades y virtudes que se dan en la experiencia y madurez de un tipo específico de  servidor público: aquel que sólo está comprometido con la responsabilidad encomendada.
 ¿Cuántos habrá así? Pocos mientras falte la madurez ciudadana que hace exigible la rendición de cuentas;  pocos mientras la sociedad no cuente con una cultura política democrática que haga de la participación ciudadana mucho más que un ejercicio electoral y libere a clase política de la adicción al poder político, convertido en fin y no lo que debieran ser: medio al servicio a la sociedad. Comentarios: romeo-gonzalez@hotmail.com
DESPERTAR A TIEMPO
Romeo González Medrano
LA PLAZA LERDO EN
TIEMPOS ELECTORALES
En tiempos electorales es común que se incrementen las manifestaciones sociales en Xalapa, la capital de los veracruzanos generalmente en la Plaza Lerdo a un lado de la Catedral y frente al Palacio, sede del Gobierno del Estado. 
Los manifestantes ejercen así sus derechos constitucionales, entre otros, los de expresión, asociación y de petición.  Las autoridades encargadas de la gobernabilidad, tienen la responsabilidad de recibir y atenderles con diligencia y mucha disposición pues se supone que quienes acuden a estas formas de expresión, agotaron su paciencia en infructuosas gestiones previas. Al respecto, el Primer Informe de Gobierno ofrece un registro estadístico de esas expresiones durante 2011 en donde se aprecia que la mayoría corresponden a demandas sociales de competencia municipal  que al no encontrar eco en su localidad, acuden al Gobierno del Estado.
Durante todo el año, el histórico espacio público es ocupado por manifestantes portando sus mantas, cartulinas y aparatos de sonido: campesinos, colonos, amas de casa, estudiantes, trabajadores, taxistas, vendedores ambulantes, sindicatos, etc., y  no es casual que en tiempos electorales estas  expresiones se incrementen o incluso, radicalicen el tono de sus consignas y discursos. 
Tanto líderes como manifestantes saben muy bien que en estos tiempos sus demandas e inconformidades “suben de precio” y, aunque el triunfo se da en las urnas, el anticipadamente todas las encuestas otorguen sobrada ventaja al candidato del PRI, es un hecho que genera sinergias en las organizaciones en busca de “la ventanilla alternativa”. En este periodo y en todo el país, así opera el sistema político  mexicano desde hace décadas. En el clímax de esta lógica sociopolítica, cada organización busca el reconocimiento de su peso electoral, real o ficticio, y/o al menos, la promesa de soluciones, sea de la autoridad en turno o de candidatos a representarle.
La semana pasada Gerardo Buganza, el Secretario de Gobierno y encargado de la estabilidad social y política de la entidad expresó que la dependencia a su cargo atiende de manera inmediata todas las manifestaciones o muestras de inconformidad. “Nuestra obligación es buscar el diálogo, sin duda que la gente se sienta sobre todo escuchada, plantear y hablar con verdad”.
Una política interior que supone precisar qué se puede, cuándo se puede, bajo qué condiciones se puede o de plano lo que no se puede; postura que debe ser uno de los principios fundamentales del buen gobierno y por lo tanto estar presente no en uno sino en todos los funcionarios y servidores públicos, sean federales, estatales o municipales y lo mismo vale para los candidatos, independientemente del partido al que pertenezcan. Si algo daña a ciudadanos o grupos demandantes de atención,  es precisamente la mentira, el engaño, las escusas o las falsas esperanzas, que para el caso es lo mismo. 
 Dicho en otras palabras, si hay algo adicional a las necesidades sociales insatisfechas que haga mayor daño al pueblo, es el engaño de aquellos  funcionarios que para librase de los inconformes, acuden a la respuesta fácil, e irresponsable. Otro tanto ocurre a candidatos que prometen resolver “en 15 minutos” los problemas. La promesa incumplida como la falta de atención eficaz de una demanda, obvio que produce un malestar que se vuelve irritación e inevitablemente es motivo de conflicto cuando la franqueza y el respeto recíproco no presiden el dialogo entre autoridades y representantes sociales y tampoco se demuestra disposición para buscar otras alternativas de solución.  

En esta materia, no es extraño ver funcionarios que les invade el nerviosismo, la actitud defensiva, o el temor de ver  dañada su imagen personal  y responden con toda clase de excusas, pretextos, evasivas, o lo  peor, falsas promesas o la  “aplicación del carrusel” (recorrido por otras dependencias).  
Desgraciadamente entre los funcionarios de gobierno, hablar con franqueza no es una cualidad común sino la excepción; aún pesa mucho la cultura paternalista, la otra cara de una añeja relación construida en tiempos del Estado Benefactor y las políticas populistas.  Si a ello se le añade que en ocasiones los líderes magnifican  la voz de sus representados y el reclamo acude a tácticas provocadoras  y mediáticas, las soluciones obviamente se dificultan. 
 En el terreno de los hechos, es difícil demostrar que un problema pueda ser resuelto mediante una sola formula; sin embargo suele suceder que en eso se empantane el  diálogo cuando el (los) funcionario (s) que atiende la inconformidad, son de mentalidad burocratizada o los líderes persiguen intereses completamente ajenos a las demandas de sus representados o bien sus solicitudes son de competencia federal y lo que se exige es la mediación del gobierno del estado. 
En el modelo de la gobernabilidad agotada, más no aniquilada, se opta por la respuesta fácil, incluso, la que sucumbe a la tentación de ofrecer prebendas a líderes; una práctica en la que han incurrido funcionarios de todos los partidos y que genera otros problemas más graves porque en la corrupción no hay presupuesto que alcance y en cambio un líder “planchado” es como un virus que se reproduce y multiplica en otros actores semejantes que  ingresan al mercado de las presiones. 
Gobernabilidad  reactiva es aquella que si bien reditúa estabilidades precarias en cambio, ha sido la causa de la pulverización de la organización social y productiva de nefastas consecuencias para la gestión y concertación transparente y la productividad del gasto público, particularmente el destinado al sector agropecuario. El diagnóstico de un padrón de organizaciones sociales permitiría deslindar daños, perversiones, manipulaciones, opacidad y corrupción etc., en las relaciones entre el poder político y las organizaciones  sociales. 
En consecuencia, adicional a la franqueza de parte de los funcionarios, resulta imprescindible la respuesta congruente con las políticas establecidas, en equipo y con la participación de cada una de las dependencias de gobierno con las que   esté relacionado el problema. De  sus titulares se requiere una  gran disposición e imaginación para ofrecer  soluciones  a necesidades no contempladas en el presupuesto que está en ejercicio.
La gobernabilidad es tarea compleja siempre a prueba y para que sea eficaz requiere funcionarios con sensibilidad social, conocimiento de las políticas públicas, mucha habilidad política, conocimiento de los problemas sociales más frecuentes, de sus actores involucrados, de sus móviles sociales y/o políticos, y de muchas cosas más que son necesarias para conducir negociaciones con mentalidad y actitud abierta, con visión local y regional, de corto y mediano plazo, capaz de explorar  formas de solución no experimentadas hasta ese momento y, además, concretar acuerdos dentro de la legalidad y la coyuntura de la transición, como es el caso de un gobierno en fase inicial - como el de Javier Duarte - y la víspera de una renovación de orden federal; sin duda, oportunidad para operadores con visión y propuesta estratégica. 
Como se puede apreciar, la gobernabilidad además de franqueza, requiere de muchas otras  capacidades y habilidades para sumar esfuerzos, compartir costos y sobre todo, estatura ética y política  dispuesta a compartir los méritos de las soluciones, cualidades y virtudes que se dan en la experiencia y madurez de un tipo específico de  servidor público: aquel que sólo está comprometido con la responsabilidad encomendada.
 ¿Cuántos habrá así? Pocos mientras falte la madurez ciudadana que hace exigible la rendición de cuentas;  pocos mientras la sociedad no cuente con una cultura política democrática que haga de la participación ciudadana mucho más que un ejercicio electoral y libere a clase política de la adicción al poder político, convertido en fin y no lo que debieran ser: medio al servicio a la sociedad. Comentarios: romeo-gonzalez@hotmail.com v