Se busca beneficiar a las personas adultas mayores, así como una casa hogar pública donde puedan recibir los cuidados por parte del área de salud del Gobierno Estatal que pueda brindar la atención médica.
CONSIDERACIONES del Anteproyecto.
El Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, establece en uno de sus ejes de acción que en su elaboración “se tomó en consideración poner fin a la pobreza extrema, brindándole atención especial al sector más olvidado y de la discriminación de todo tipo”; lo que implica un enorme reto que nos hace corresponsables a todos los poderes del Estado y sociedad civil.
El artículo 235 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave señala “Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado. A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos o hermanas. Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto grado. A falta de cualquiera de estos el Estado será deudor subsidiario en los términos de la legislación aplicable”.
Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) establecidos en su Informe 2008-2018, señalan que en 2018 Veracruz ocupo el lugar 4 respecto a las demás entidades federativas por su porcentaje de adultos mayores en situación de pobreza, con aproximadamente 467,300 adultos mayores en esta condición. En el mismo Plan Veracruzano de Desarrollo (Pag. 64), se señala que de acuerdo a estimaciones del CONEVAL, Veracruz es la segunda entidad donde se registrará el mayor aumento de personas adultas mayores y de la correspondiente relación de dependencia por vejez en los próximos años.
En este sentido y de acuerdo al análisis realizado en 2017 por el mismo CONEVAL, es importante y necesario revisar este grupo poblacional, ya que son dos aspectos asociados y poco atendidos que son agudizados y merecen atención inmediata: Pobreza y relación de dependencia por vejez. Considerando que Veracruz cuenta con el 8.5 de su población en edad de entre 65 años y más, se hace necesario desarrollar políticas publicas encaminadas a generar bienestar en estas personas.
Es importante señalar que como sucede en la mayoría del resto del territorio nacional, la edad resulta una limitante para encontrar un trabajo bien remunerado y que permita el acceso a los servicios de salud pública, lo que ocasiona que las personas adultas mayores entren dentro del amplio grupo afectado por algún indicador de pobreza. Según datos del censo 2020 realizado por el INEGI, existen 52 dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar en el país.
Como podemos apreciar, la población adulta mayor está creciendo de manera acelerada, lo que representa un gran desafío e impacto en el sistema de salud y a la propia organización familiar, así como cargas adicionales de trabajo de cuidados, en especial para las mujeres, quienes realizan mayoritariamente estos trabajos. Es importante reconocer que las personas adultas mayores tienen una contribución social y económica importante muchas veces no reconocida que realizan en sus hogares; ya que muchas de ellas y ellos realizan actividades domésticas y de producción primaria, o actividades de cuidado o apoyo para integrantes de su hogar.
Es sabido que uno de los problemas más recurrentes que afrontan las personas en esta etapa de la vida es la falta de ingresos o la insuficiencia de los mismos, y reconociendo que los próximos años no solo habrá más, sino que también vivirán más años como consecuencia del incremento en la esperanza de vida que se prevé pase de 75.2 años en 2020 a 79.6 años a mediados del siglo, lo que implica tomar medidas adecuadas para afrontar esta situación. Los esfuerzos del Gobierno Federal por atender a este sector de la población han sido importantes hasta el momento, sobre todo con la publicación el 8 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma al Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece la obligación del Estado de garantizar la entrega de pensiones a adultos mayores de 68 años y de 65 años a indígenas y afro mexicanos; situación que les permite adquirir productos de la canasta básica alimentaria, reduciendo considerablemente la vulnerabilidad económica a la que este grupo se encuentra sometido en su mayoría, al ser la única fuente de ingresos que actualmente tienen en esta etapa de la vida.
El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la Republica, público en junio de 2021 un estudio titulado “las personas mayores a través de los datos censales de 2020”, mismo que hace referencia a la situación actual que viven las personas adultas mayores en el país y donde señala “es precisamente en el ámbito relacionado con la infraestructura en salud y el de cuidados de las personas mayores en el que se incrementara la presión por el envejecimiento de la población debido a que las personas mayores se caracterizan por estados de salud complejos que requieren de cuidados más intensos y de más larga duración”.
Si bien es cierto que las políticas actuales de atención a este sector por parte del Gobierno de la Republica, es importante que en el ámbito Local el Gobierno del Estado también asuma su papel como el mayor provisor de servicios de cuidado y de salud, pues las condiciones que presentan actualmente una parte importante de esta población en estos aspectos; aunado a un paulatino deterioro funcional natural por la edad o por causa de enfermedades que algunos de ellos padecen, representan un enorme reto para el Estado; lo que implica brindar atención hacia esta población que por alguna circunstancia se encuentre fuera de cualquier esquema de apoyo gubernamental o de la propia familia.
Como podemos apreciar, aun cuando el ordenamiento civil en Veracruz es claro y preciso al señalar a la familia más cercana como la obligada a brindar los cuidados y atenciones pertinentes a las personas adultas mayores cuando así lo requieran, en la realidad no siempre sucede de esta manera; teniendo como resultado que en la actualidad un importante número de estas personas vivan privadas de los más elementales servicios que les permita tener una vida digna, situación que se da a causa del abandono de la propia familia o en otros casos por carecer de ella, viviendo muchos de ellos de la caridad ciudadana y por ende en situaciones de extrema vulnerabilidad. Acorde con lo descrito, considero necesario que el Gobierno del estado a través de las instituciones de beneficencia y acorde con los indicadores del INEGI, basándose sobre la referencia de municipios donde se encuentre ubicada la mayor cantidad de esta población, implemente un programa de incorporación a los servicios públicos de salud y casas de asistencia social para personas que carezcan de ellos y puedan disfrutar dignamente de estos beneficios.
Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien presentar la siguiente propuesta que es avalada y respaldada por grupos organizados de jubilados; y que busca coadyuvar con este sector de la población que lo demanda y requiere, misma que sustenta el presente:
ANTEPROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO
Único. - El H. Congreso del Estado de Veracruz, exhorta atenta y respetuosamente al Ejecutivo del Estado, para que, a través de las Instituciones de Salud y Beneficencia Pública, incorpore a brindar éstos servicios a las personas adultas mayores que vivan en el Territorio Veracruzano y que así lo requieran.
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