Por Ricardo Garay.
Es hora de llamar las cosas por su nombre: la administración de la ex presidenta municipal de San Andrés Tuxtla, Dra. María Elena Solana Calzada (Dra. Remedios), dejó un rastro preocupante de irregularidades, opacidad y presunto daño patrimonial que ya no puede seguir minimizándose. Lejos de ser un “gobierno de corazón”, su gestión se caracterizó por señalamientos recurrentes de desorden financiero, adeudos millonarios y obras cuestionables que profundizaron los problemas de la población en lugar de resolverlos.
Las auditorías no mienten. El ORFIS y la ASF han documentado observaciones graves: presuntos daños patrimoniales que en distintos ejercicios alcanzaron decenas de millones de pesos, incluyendo más de 52 millones reportados en 2023, adeudos millonarios con CONAGUA (alrededor de 18 millones), ISR retenido y no enterado al SAT (cerca de 7 millones), y pliegos por más de 17 millones en obras relacionadas con la crisis del agua. Todo esto en un municipio que enfrentaba rezagos urgentes en servicios básicos.
El verdadero daño a la población
Este desorden no es solo un asunto de números en un informe: tiene rostro humano y consecuencias directas para los sanandrescanos. Mientras se acumulaban irregularidades y presuntos desvíos:
• La gente siguió sufriendo escasez de agua crónica.
• Las calles y la infraestructura pública se deterioraron.
• Se generaron deudas que limitan la capacidad del nuevo gobierno para invertir en soluciones reales.
Los recursos públicos que debían destinarse a pavimentación, salud, empleo o atención a la crisis hídrica terminaron en un agujero negro de omisiones, contratos cuestionables y un estilo de gobernar que privilegió lealtades personales y familiares por encima del interés colectivo. El nepotismo y la opacidad minaron la confianza ciudadana, polarizaron al municipio y dejaron una “herencia tóxica” de arcas colapsadas, proveedores sin pagar y obligaciones fiscales incumplidas.
San Andrés Tuxtla merecía mucho más que una administración que, en lugar de ser el “remedio”, agravó los males estructurales del municipio. La población terminó pagando el pato: menos servicios, más desconfianza y un futuro inmediato hipotecado por decisiones irresponsables.
En espera del ORFIS
Hoy, los ciudadanos de San Andrés Tuxtla esperan con justa impaciencia las acciones concretas del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS). Con toda la información recabada en las auditorías de la Cuenta Pública, el ORFIS tiene la obligación de ir más allá de las observaciones y fincar responsabilidades claras, con celeridad y sin simulaciones.
No más dilaciones ni pliegos que se archivan. La gente exige que se esclarezca el destino de los millones señalados, que se recupere lo posible y que se castigue ejemplarmente a quienes resulten responsables. Solo así se podrá cerrar este capítulo oscuro y comenzar a reconstruir la confianza en las instituciones.
La Dra. Remedios tuvo su oportunidad y la gestión habla por sí sola: promesas incumplidas, finanzas en rojo y un municipio más lastimado. San Andrés Tuxtla no puede permitirse repetir errores. Es momento de rendición real de cuentas. La población está atenta. El ORFIS tiene ahora la responsabilidad de actuar con firmeza.
