Lista, la Ley General de la Fiscalía del Estado: Marcela Aguilera

• Trabajaron en su dictamen las comisiones de Procuración de Justicia y de Justicia y Puntos Constitucionales

Xalapa, Ver.

Las comisiones de Procuración de Justicia y de Justicia y Puntos Constitucionales trabajaron de manera estrecha con el fiscal general de la entidad, Luis Ángel Bravo Contreras, y analizaron la Ley General de la Fiscalía del Estado, cuyo Dictamen está listo.

La diputada local Marcela Aguilera Landeta, presidenta de Comisión Permanente de Procuración de Justicia, informó que con sus homólogos Mónica Robles Barajas y Gustavo Gudiño Corro, secretaria y vocal de esta instancia, y Domingo Bahena Corbalá, secretario de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, se analizó cada uno de los más de 100 artículos que conforman la iniciativa enviada por el Gobernador el 11 de diciembre.

Explicó que el Dictamen contempla regular el ejercicio, el funcionamiento y la organización de las facultades del Ministerio Público, las funciones de una Visitaduría General y la figura del Fiscal General Adjunto, entre otros temas.

En este proceso se integraron también las modificaciones que consideraron los diferentes grupos políticos representados en la LXIII Legislatura del Estado. Estos trabajos –añadió– reflejan un importante avance en la materia y la colaboración entre los tres niveles de Gobierno en la entidad.

DOS PROPUESTAS:

MUJERES E INDÍGENAS

La diputada Aguilera Landeta dijo que espera que en breve concluya el análisis de las dos propuestas que presentó ante el Pleno legislativo.

La primera es un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, por el que pide garantizar justicia pronta y expedita a mujeres víctimas de violencia, al instalar mesas especializadas en la atención de sus denuncias, donde no existan Agencias del Ministerio Público Especializadas en Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y contra la Familia.

La otra, turnada a las comisiones permanentes unidas de Gobernación y de Asuntos Indígenas, propone adicionar un capítulo y diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre, para que los ayuntamientos que tengan en su jurisdicción uno o más pueblos o comunidades indígenas instituyan, por obligación, una Comisión que vigile el fomento y respeto a los derechos de sus pobladores.