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- Los alcaldes no deben dejar los asuntos financieros del municipio totalmente en manos de los despachos contables a los que contratan, advierte la Vocal de la Comisión de Vigilancia
- Congreso y Orfis los capacitan para garantizar la entrega en tiempo y forma de los estados financieros y que la comprobación de gastos o aplicación de los recursos públicos sea escrupulosa
Xalapa, Ver.
Los
ayuntamientos de Veracruz deben asumir su responsabilidad y ser más exigentes
con los despachos contables a los que contratan para realizar auditorías
internas, porque éstos en ocasiones dan servicio a varios municipios y, debido
a su carga de trabajo, relegan a las comunas que ejercen menos presupuesto,
dijo la diputada María del Carmen Pontón Villa.
La también
Presidenta y Vocal de las comisiones permanentes de Hacienda Municipal y de
Vigilancia, respectivamente, dijo que esta situación genera problemas a las
administraciones al presentar la Cuenta Pública anual, ya que los municipios pequeños
se van rezagando. Sin embargo, la mayoría de los alcaldes han solventado las
observaciones.
La
legisladora recordó que tanto el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) como
la Secretaría de Fiscalización del Congreso han ofrecido cursos de capacitación
para garantizar la entrega en tiempo y forma de los estados financieros y que
la comprobación de gastos o aplicación de los recursos públicos se hiciera de
manera escrupulosa.
Muchas de
las observaciones financieras a los presidentes municipales se debían al
extravío de documentación o a que los alcaldes dejan la Cuenta Pública
totalmente en manos de los despachos contables, cuando la responsabilidad es
del Ayuntamiento, aclaró.
Los
alcaldes deben tomar conciencia de que los despachos son sus empleados
–advirtió– y no los deben sustituir en responsabilidades; si los ayuntamientos
no les exigen, el problema será para los ediles, a quienes el Orfis y el
Congreso fincarán responsabilidades.
Pontón
Villa añadió que respecto de la Cuenta Pública 2013, se reintegraron a las
tesorerías municipales cientos de millones de pesos, y el monto total del daño
patrimonial que dictaminará dicha Comisión se redujo considerablemente, en
comparación con años anteriores.
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