Padres omisos en la mira: denuncias alcanzan a proveedores del Estado
La marcha del 8 de marzo en Xalapa volvió a poner sobre la mesa un tema que preocupa a colectivos feministas y ciudadanía: la impunidad de hombres que, pese a ser denunciados como padres omisos, continúan recibiendo contratos millonarios con el gobierno estatal.
Entre los nombres señalados públicamente apareció el de Arturo Marabato, empresario que figura en la Plataforma Nacional de Transparencia como proveedor con adjudicaciones de alto monto. Durante la movilización, su fotografía fue exhibida junto a testimonios que lo acusan de incumplir responsabilidades paternas, desde el reconocimiento de hijos hasta el pago de pensión alimenticia.
La exigencia de las manifestantes fue clara: el gobierno de Veracruz debe establecer filtros éticos en la contratación pública, solicitando constancias de no adeudo de alimentos y responsabilidad paternal a quienes buscan proveer al Estado. “No más contratos a padres irresponsables”, se escuchó entre consignas que recordaron que las infancias son las más afectadas por estas omisiones.
El caso de Marabato refleja una contradicción que indigna: mientras se acumulan ganancias en contratos públicos, se acumulan también denuncias de abandono y violencia económica hacia hijas e hijos. La demanda ciudadana es contundente: justicia y cero impunidad frente al machismo que se replica desde los espacios de poder.
La marcha del 8 de marzo en Xalapa volvió a poner sobre la mesa un tema que preocupa a colectivos feministas y ciudadanía: la impunidad de hombres que, pese a ser denunciados como padres omisos, continúan recibiendo contratos millonarios con el gobierno estatal.
Entre los nombres señalados públicamente apareció el de Arturo Marabato, empresario que figura en la Plataforma Nacional de Transparencia como proveedor con adjudicaciones de alto monto. Durante la movilización, su fotografía fue exhibida junto a testimonios que lo acusan de incumplir responsabilidades paternas, desde el reconocimiento de hijos hasta el pago de pensión alimenticia.
La exigencia de las manifestantes fue clara: el gobierno de Veracruz debe establecer filtros éticos en la contratación pública, solicitando constancias de no adeudo de alimentos y responsabilidad paternal a quienes buscan proveer al Estado. “No más contratos a padres irresponsables”, se escuchó entre consignas que recordaron que las infancias son las más afectadas por estas omisiones.
El caso de Marabato refleja una contradicción que indigna: mientras se acumulan ganancias en contratos públicos, se acumulan también denuncias de abandono y violencia económica hacia hijas e hijos. La demanda ciudadana es contundente: justicia y cero impunidad frente al machismo que se replica desde los espacios de poder.
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