*México recibió y acepto recomendaciones sobre el fortalecimiento del Estado de derecho en relación a un medio ambiente sano.
*También recibió y aceptó recomendaciones sobre consulta y participación de los pueblos indígenas.
Ante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, México aceptó todas las recomendaciones relacionadas con el derecho al medio ambiente sano y los derechos de acceso. En particular, el Estado mexicano se comprometió a construir un mecanismo de consulta indígena en el marco de la Evaluación de Impacto Ambiental, así como otros mecanismos de consulta indígena relacionados con megaproyectos de desarrollo.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) reconoce este avance e insta al Estado mexicano a convocar comunidades indígenas y campesinas, organizaciones de la sociedad civil y académicos a que aporten en la construcción de mecanismos efectivos y eficaces de consulta sobre megaproyectos para recabar el consentimiento libre previo e informado de las comunidades indígenas y campesinas afectadas por megaproyectos de desarrollo.
En México, en numerosos casos, los megaproyectos son implementados por empresas e industrias, tanto nacionales como extranjeras, por empresas paraestatales o por el Estado mismo, en áreas rurales y forestales, así como en territorios sagrados de pueblos indígenas, sin informar ni consultar a las comunidades indígenas o campesinas, destruyendo su territorio, sobrexplotando los recursos naturales y contaminando el medio ambiente.
CEMDA también hizo referencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de casos específicos en los que las comunidades siguen los cauces institucionales buscando justicia, sin que las resoluciones se acaten ni se cumplan. Es el caso de la Tribu Yaqui, en el estado de Sonora, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió sentencia a su favor, reconociendo la violación de su derecho a la consulta en el caso de la construcción del Acueducto Independencia. A la fecha, la obra sigue operando de forma ilegal, mientras las autoridades federales retrasan la implementación de la consulta, de acuerdo a lo que mandató el máximo tribunal de la Nación.
También se denunció la persecución que existe en México en contra de defensores ambientales, 30 de los cuales han sido asesinados en los últimos años y otros exiliados de sus comunidades de origen por las amenazas y agresiones sufridas a manos de las empresas, gobiernos locales o integrantes del crimen organizado. Entre 2009 y 2012 se documentaron más de 50 casos de agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos ambientales, en 17 entidades federativas del país, la mayoría ligados a proyectos de desarrollo mineros y forestales. Prácticamente todas estas agresiones permanecen hasta ahora en la impunidad.
El pasado viernes 14 de marzo, el gobierno de la República presento públicamente una Addendum, en el cual se aceptan las recomendaciones realizadas a México en materia de Derechos Humanos en la última Evaluación realizada por el Mecanismo de Evaluación Periódica Universal (EPU) del consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Dentro de este proceso México aceptó recomendaciones de diversas índoles realizadas por diferentes países como, violaciones internacionales a derechos humanos, fortalecimiento del marco normativo e institucional, igualdad y no discriminación, derecho a la vida, el arraigo, la violencia y discriminación en contra de la mujer, desaparición forzada, prevención y tortura, derechos de los niños, niñas y adolecentes así como el fortalecimiento del estado de derecho y los derechos de los pueblos indígenas entre otros.
El documento presentado por el gobierno prevé un cumplimiento cabal de estas recomendaciones y compromete a México ante las Naciones Unidas para el desarrollo de acciones que permitan solucionar estas problemáticas de la forma más efectiva. Asimismo, México se comprometió a implementar un mecanismo de seguimiento y evaluación de cada una de las recomendaciones EPU, en participación con la sociedad civil y todas las entidades del Estado mexicano.
Vale la pena rescatar que por primera vez, México recibió una recomendación sobre la necesidad de hacer cumplir el Derecho Humano al medio ambiente sano para cada una de las personas. La recomendación 108 realizada por Singapur establece: "Continuar el fortalecimiento de la Ley para proveer a las personas el derecho a un medio ambiente sano."
A pesar de ser un derecho reconocido constitucionalmente, el derecho a un medio ambiente sano está constantemente vulnerado por medidas del Estado que no contemplan el eje de sostenibilidad, privilegiando el consumo desenfrenado de los recursos naturales. En México, la destrucción ecológica, la deforestación, la erosión de suelos, la desertificación, la explotación de recursos naturales y la contaminación de agua y aire son realidades que ponen en riesgo a millones de personas. En este sentido, la recomendación de Singapur se presenta en un momento relevante para el Estado Mexicano, ya que establece la necesidad de que la política ambiental que asuma la perspectiva de los derechos humanos y la sustentabilidad y se ajuste a los instrumentos internacionales que hay sobre la materia.
Uno de los casos sobre los que debe ponerse atención en este sentido es la extracción de gas natural a través del fracking[1] -contemplada como uno de los principales ejes de la reforma energética, en la que no se vinculan "los objetivos del sector energético con los ambientales y sociales"[2] -, por ser una técnica con enormes riesgos para los derechos humanos, el agua, la salud, el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de México[3].
Igual importancia amerita que México haya aceptado siete recomendaciones en materia de Derechos de consulta y para los pueblos indígenas y afrodescendientes, en donde se cumpla con el derecho a la consulta y principio de autodeterminación de los pueblos en México.
Las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en el diálogo con la Unión Europea para los Derechos Humanos y que estarán presente en la presentación de los resultados y análisis que realizará el gobierno e México (SEGOB y SRE) ante las Naciones Unidas en Ginebra el próximo 21 de marzo, recordamos al Estado Mexicano la necesidad de implementar las siguientes recomendaciones para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas en el Mecanismo EPU:
1. Delinear en conjunto con los pueblos indígenas de México, un marco normativo sobre consulta indígena y consulta campesinas en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos y reformar o derogar las leyes secundarias en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos sobre todo en materia forestal y minera.
- Reconocer la propiedad comunal de los pueblos indígenas y campesinos sobre su agrodiversidad, así como su importante papel en la conservación de la misma.
- Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Reformar la figura jurídica de la consulta pública de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente (LGEEPA) para conformarla con los estándares internacionales de derechos humanos.
- Establecer en todas las legislaciones en materia ambiental de los Estados el derecho a la consulta pública en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.
2. Garantizar la reparación del daño ecológico por parte de las empresas o agentes del Estado responsables del deterioro ambiental, consiguiendo la restauración del sitio afectado.
- Mejorar el acceso a la justicia en materia ambiental.
- Reformar la normativa vigente sobre Acciones Colectivas para dar cumplimiento pleno al artículo 16 constitucional.
3. Elaborar e implementar una política pública con enfoque ambiental transversal para todas las dependencias del gobierno federal, evitando que la temática ambiental sea vista únicamente como un asunto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sino que exista una oficina de sustentabilidad en todas las dependencias.
4. Fortalecer la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el sistema de persecución de los delitos ambientales para que puedan actuar de forma eficaz, oportuna, independiente.
[2] Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C., Postura ante la reforma energética, visible en http://www.cemda.org.mx/postura-ante-la-reforma-energetica/
Para mayor información contactar:
Centro Mexicano de Derecho Ambiental
Margarita Campuzano
mcampuzano@cemda.org.mx
Ricardo Ruiz Esparza
ricardo_ruiz@cemda.org.mx
Tel. 52863323
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