Respecto a la declaratoria de aprobación de la reforma a los artículos 3° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza expresa lo siguiente:
- Nos sumamos al clamor social de mejorar la educación de nuestro país, porque estamos seguros que la educación de calidad con equidad y pertinencia brinda las oportunidades de igualdad y justicia social que anhelamos como nación.
- Estamos convencidos de que la educación pública, laica, gratuita y obligatoria es un derecho humano de todas y todos los mexicanos, un bien público y una obligación indelegable del Estado Mexicano, para lo cual hemos impulsado propuestas e iniciativas encaminadas a elevarla al rango de Política de Estado y de Nación.
- Nuestro compromiso es y será con la educación de calidad y con equidad, no sólo en el discurso político, sino con propuestas e iniciativas de ley, como la que presentamos desde marzo de 2012 para transformar el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en un organismo constitucional autónomo, encargado de evaluar el sistema educativo.
- Es una incongruencia jurídica que, en una modificación constitucional que pretende mejorar la calidad de la enseñanza y los aprendizajes, así como institucionalizar un sistema de formación docente y de evaluación educativa, se incorporen ordenamientos que impactan directamente en el ámbito administrativo y laboral.
- Al mismo tiempo, consideramos que cancelar el debate y la deliberación de ideas significa desnaturalizar a la misma democracia, porque ningún pacto político puede estar por encima del derecho a expresar y presentar propuestas.
- Las diputadas y diputados de Nueva Alianza participaremos de manera activa en las reformas a las leyes secundarias, preservando la educación como un bien público, exigiendo que todas las voces sean escuchadas y defendiendo el respeto irrestricto a los derechos de la niñez, la juventud, los padres familia, las maestras y los maestros.
- Con la misma fuerza y determinación que apoyamos la construcción de una verdadera reforma educativa que beneficie a los mexicanos, defenderemos los legítimos derechos e intereses de los trabajadores de la educación. Planteamos que la reforma sea a favor de la calidad educativa, con los maestros, no contra ellos.
- Tenemos la obligación de señalar de manera clara y contundente que lo aprobado no fue una reforma educativa, sino una reforma administrativa en materia educativa.
- Una verdadera reforma educativa requiere de la participación corresponsable de todos los actores involucrados en el sistema educativo: educandos, padres de familia, maestros, autoridades educativas federales y estatales.
- Una verdadera reforma educativa pondría en el centro de la discusión, un proyecto de Nación, sustentado en la formación integral de sus futuros ciudadanos, sentaría las bases de la innovación en los procesos de enseñanza aprendizaje e impulsaría el desarrollo científico, tecnológico, humanístico y cultural, que obligue a una profunda transformación del modelo educativo nacional.
- Una verdadera reforma educativa debería contribuir a resolver las deficiencias, insuficiencias, carencias y rezagos, además de atender el lamentable abandono en el que se encuentra la infraestructura y el equipamiento de las escuelas públicas.
- Una verdadera reforma educativa se construye con las maestras y los maestros de México, con los padres de familia, los alumnos y todos aquellos sectores de la sociedad que deseen sumarse a este proyecto.
- La justificación de la reforma constitucional parte de falsas premisas: la pérdida de la rectoría del Estado en el sistema educativo y que el fracaso de la educación en México es culpa de los maestros. Para Nueva Alianza la obligación del Estado implica asegurar y promover una educación pública, gratuita y laica. ¿En qué momento el Estado Mexicano perdió la rectoría del Sistema Educativo Nacional? Nunca la ha perdido, tampoco la ha asumido.
- Es indudable que las maestras y los maestros son actores fundamentales en el sistema educativo, pero ello no significa que sean responsables de la situación actual, de la extrema pobreza, la desnutrición, la falta de empleos, de la violencia e inseguridad que lacera a toda la sociedad.
- Estamos a favor de un sistema de evaluación integral, que considere todos los componentes del sistema educativo y no sólo a maestros y alumnos.
- Además, apoyamos un servicio profesional docente como instrumentó para estimular el desempeño de las maestras y maestros en cuanto a sus condiciones laborales y mejoramiento salarial, no un sistema inquisidor que atenté contra la titularidad de la plaza y sus derechos laborales.
- Estamos ciertos que el embate es contra la educación pública y los maestros de México, a quienes falsamente responsabilizan de los resultados educativos, por lo que es inaceptable pretender condicionar la permanencia de los educadores en función del resultado de pruebas estandarizadas con carácter punitivo.
- Esta es una estrategia impulsada por grupos de interés que intentan privatizar la educación, a ellos les decimos: LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO Y UN BIEN PÚBLICO, NO UNA MERCANCÍA.
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