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Presentan
una Iniciativa para modificar el Código de Procedimientos Civiles
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El
Juez tendrá 24 horas para fijar una pensión provisional; en Veracruz hay 527
mil jefas de familia
Xalapa, Ver.
Las
demandas por pensión alimenticia en el estado de Veracruz podrían realizarse
ante los tribunales de manera oral, además de escrita, y su trámite deberá ser
expedito, a fin de garantizar la manutención de los menores, conforme a la
Iniciativa que presentó el diputado Édgar Hugo Fernández Bernal, en nombre de
su grupo legislativo.
Durante la
Tercera Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente, el Legislador explicó que
al reformar los artículos 61, 207 y 210 del Código de Procedimientos Civiles,
se facilitará presentar demandas de pensión alimenticia y se fijaría una
provisional en favor de los acreedores, a partir de la necesidad de niñas,
niños o adolescentes de recibir alimentos; mecanismo que el Estado debe
garantizar.
Con la
propuesta se pretende establecer que en los casos en que se reclame pensión
alimenticia, el Juez decrete el porcentaje y aseguramiento de la pensión
provisional en las 24 horas siguientes a la presentación de la demanda.
En relación
con el Artículo 61, relativo al plazo de tres días para los autos, se plantea
la excepción cuando se trate de pensión alimenticia. Se remite al Artículo 210
para estipular que el Juez fijará la pensión provisional y decretaría su
aseguramiento en las 24 horas siguientes, siempre y cuando se presenten las
actas del estado civil o del vínculo matrimonial o parentesco con el deudor
alimentista.
Los
legisladores exponen que es frecuente, cuando ocurre un divorcio, que la mujer
quede sola con los hijos, sin apoyo económico. Según resultados del Centro de
Estudios Históricos e Interdisciplinarios, entre los principales temores de las
mujeres antes de promover un divorcio está la preocupación por los hijos, con
62 por ciento, seguida de la situación económica, con 49 por ciento.
En más de 527
mil hogares veracruzanos, la mujer es jefa de familia, por lo que es necesario
crear medidas que permitan la igualdad y garanticen el interés superior de los
menores, mediante su derecho a recibir alimentos, vestido, educación y
protección, entre otros.
La
iniciativa se turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales, para su análisis y dictaminación posterior.
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