Por Simón Rodríguez Triano
Xalapa, Ver., 23 de julio de 2025
Más de 120 organizaciones del sector transportista, representadas por el Movimiento Nacional Transportista en Veracruz (MNTV) , se reunieron recientemente para fijar una postura común frente a la actualización de tarifas anunciada por el gobierno estatal. La presidenta del movimiento, Claudia Elizabeth Hernández Siles, informó que el principal objetivo del encuentro fue solicitar formalmente a la gobernadora la entrega del estudio técnico que justifique dicho ajuste, el cual —según indicaron— representa un impacto económico negativo para el gremio.
Representantes del sector multimodal respaldaron esta exigencia, sumándose al llamado por mayor transparencia y apertura al diálogo. Hernández Siles destacó que decisiones como la actualización tarifaria se han tomado sin consulta ni participación de los actores clave del sector. “Solicitamos ser incluidos en las mesas de trabajo porque somos parte esencial de la cadena logística y económica del estado”, expresó.
La líder transportista también manifestó su preocupación por la exclusión del gremio en los procesos de deliberación que precedieron al ajuste. “Queremos saber por qué no fuimos considerados y exigimos que las decisiones se tomen con base en información clara, contando con la participación de quienes somos directamente afectados”, declaró.
Respecto a la interlocución con autoridades, Hernández Siles señaló que aunque han mantenido acercamientos con las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública, hacen un llamado a que sea la propia gobernadora quien intervenga de manera directa.
Los líderes del movimiento reiteraron que su demanda no responde a intereses políticos, sino sociales. “Buscamos colaborar con el gobierno para encontrar soluciones que beneficien a transportistas y ciudadanía. Nuestra meta es reducir los costos operativos y contribuir al bienestar económico del estado”, subrayaron.
Finalmente, el Movimiento Nacional Transportista y los representantes del transporte multimodal expresaron su disposición al diálogo y a participar activamente en el diseño de políticas públicas más equitativas, siempre que se garantice transparencia, participación efectiva e inclusión real.
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