Discurso de AMLO en la Casa de América Latina, París

Amigas, amigos:

Inicio con una afirmación categórica: la corrupción política es el gran problema de México y la causa principal de la desigualdad económica y social, así como de la violencia que se padece.

Siempre ha existido la corrupción pero, aunque parezca increíble, lo sucedido en el actual periodo neoliberal no tiene precedente.

En estos tiempos, el sistema funciona por entero para la corrupción. El poder público y el poder del dinero se han unido, alimentado y nutrido mutuamente, y se ha implantado como política el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la Nación.

Ahora, la deshonestidad es mayor que nunca. Antes del neoliberalismo, los gobernantes no se atrevían a privatizar las tierras ejidales, los bosques, el agua, las playas, los ferrocarriles, las minas, la industria eléctrica, ni mucho menos tocaron el petróleo.

En la actualidad, no solo se trata, como antes, de actos delictivos individuales o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del poder público; ahora, la corrupción se ha convertido en la principal función del Estado.

Un pequeño grupo ha confiscado todos los poderes y mantiene secuestradas las instituciones para su exclusivo beneficio. El Estado ha sido tomado y convertido en un mero comité al servicio de una minoría. Y como decíaLeón Tolstoi: Un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.

La nueva forma de saqueo comenzó a principios de los años ochenta del siglo pasado, al mismo tiempo que se impuso, en casi todo el mundo, el llamado modelo económico neoliberal que consiste, en esencia, en transferir bienes del pueblo y de la nación a particulares, nativos o extranjeros.

Esta gran estafa, se ha acompañado de mucha propaganda para hacer creer que la privatización es la panacea y que el Estado no debe promover el desarrollo ni procurar la distribución del ingreso. Se proclama que, si les va bien a los de arriba, les irá bien a los de abajo, como si la riqueza, en sí misma, fuese permeable o contagiosa.

Con este sofisma, un grupo se apoderó de bancos, empresas públicas, de valiosos recursos naturales y del gobierno. Es decir, no nada más se conformaron con acumular inmensas fortunas para figurar en la lista de los hombres más ricos del mundo, sino que también han concentrado suficiente poder político para situarse por encima de las instituciones constitucionales y ser ellos la encarnación misma del Estado.

En los hechos, los integrantes de este grupo son los que verdaderamente mandan y deciden sobre cuestiones fundamentales en la Cámara de Diputados y en el Senado, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Instituto NacionalElectoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda, y en los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. Además, poseen o controlan a la mayoría de los medios de comunicación.

Por cierto, sobre esto último, el presidente François Mitterrand sostuvo, en sus Memorias interrumpidas que, en Francia, sería difícil aceptar el predominio de lo que llamaba el poder audiovisual. Hablaba que implicaría una inclinación antidemocrática suponer que un presidente, además del poder político que le confieren las instituciones, contara con el favor de los medios masivos de comunicación.

No sé si esto se ha podido evitar o si en los últimos tiempos aquí, se ha padecido semejante aberración. Lo que me consta y puedo decir con pesar es que en mi país, el grupo dominante, con mucho dinero y publicidad, en especial con la televisión, impuso al actual presidente, un personaje escenográfico, falso, sin preparación y deshonesto.

Pero retomando el hilo de nuestro planteamiento estructural, afirmamos que la política de pillaje y la república simulada predominante han provocado la decadencia de México. El fracaso, en términos de bienestar colectivo, es rotundo. En vez de avanzar en lo económico, social, moral y político, hemos retrocedido. Y no podría ser de otra forma. El supuesto nuevo paradigma, como le llaman, fue diseñado con el único fin de favorecer a una pequeña minoría de políticos corruptos y delincuentes de cuello blanco que se hacen pasar por hombres de negocios.

Llevamos décadas sin políticas públicaspensadas para promover el desarrollo o procurar la justicia; no se atienden demandas sociales ni con fines humanitarios ni  para evitar conflictos y violencia; tampoco se gobierna con rectitud y honestidad, todo se reduce a ejecutar operaciones de traslado de bienes del pueblo y de la nación a particulares, con el engaño de que eso nos traerá prosperidad.

Y es evidente que la privatización no ha implicado crecimiento, empleo y bienestar. Si asífuera, ya se estarían viendo los beneficios. A estas alturas, conviene preguntar puntualmente a los defensores de esa política:

¿En qué se beneficiaron los mexicanos con la privatización del sistema de telecomunicaciones?

¿Qué no, acaso, los servicios de telefonía e internet están entre los más caros, atrasados y lentos del mundo?

¿En qué se avanzó con la privatización de los Ferrocarriles Nacionales si, en veinte años, las empresas extranjeras, además de que no han construido nuevas líneas férreas, eliminaron los trenes de pasajeros y cobran lo que quieren por el transporte de carga?

¿Cuál ha sido el beneficio para los mexicanos de la entrega de concesiones por 100 millones de hectáreas, la mitad del territorio nacional, para la explotación del oro, la plata y el cobre?

Los trabajadores mineros mexicanos ganan, en promedio, dieciséis veces menos que los mineros de Estados Unidos y Canadá. Un dato: las empresas de este ramo han extraído en sólo cinco, el equivalente a toda la plata y el oro que se trajeron los españoles en 300 años y, durante la Colonia, mal que bien, se construyeron bellos edificios y templos que hasta hoy se aprecian en los centros históricos de las ciudades mineras y de la capital del país. Pero ahora no dejan nada. No hay ninguna obra, ningún beneficio, ni siquiera pagan impuestos por la explotación de esta riqueza, con el añadido de la destrucción y la contaminación impune de nuestro territorio.

Recientemente, hace menos de dos años, se privatizó todo el sector energético, el gas, la industria eléctrica y el petróleo. ¿Y cuál es el resultado? En poco tiempo, la hacienda pública ha dejado de recibir 500 mil millones de pesos (unos 25 mil millones de euros), tanto por la baja del precio del petróleo, como por las trasferencias de ganancias a empresas particulares. Obviamente, la economía permanece estancada y no se generan empleos, como ofrecieron los profesionales de la mentira y del hurto.

En suma, estamos viviendo la época de mayor saqueo de los recursos naturales en la historia de México y nada bueno nos ha dejado la llamada política neoliberal o neoporfirista. En treinta años, ni siquiera en términos cuantitativos, hemos avanzado. Al contrario, somos de los países con menos crecimiento económico en el mundo; incluso, en este aspecto, por algunos años, nos hemos colocado por debajo de Haití. La falta de oportunidades de empleos ha obligado a millones de mexicanos a emigrar a Estados Unidos o a buscarse la vida en actividades consideradas como informales. Hoy, la mitad de los mexicanos trabaja en forma precaria y sin ninguna seguridad social.

Aquí hago una aclaración pertinente. No debe confundirse al gobierno corrupto de México con nuestro pueblo. La deshonestidad y la ostentación del presidente Peña, con sus mansiones y su lujoso avión y la violencia difundida en el extranjero, solo son calamidades transitorias. México es un país con una cultura milenaria y grandiosa, de ahí su pueblo ha heredado su extraordinaria vocación por el  trabajo. Gracias por a ello, nuestro país no  ha sucumbido por completo. Por ejemplo, los migrantes mexicanos que se han visto obligados a salir del territorio nacional por falta de oportunidades, sobre todo de empleo, son ahora los que más ingresos aportan a la economía nacional. Nuestros paisanos, según cifras oficiales, de enero a agosto de este año, enviaron a sus familiares, desde Estados Unidos, 16 mil 578 millones de dólares, mientras los ingresos petroleros, en el mismo periodo, fueron de 13 mil 633 millones de dólares y las divisas por turismo, de 12 mil 252 millones de dólares. En otras palabras, el pueblo de México es mucho más que su gobierno, es de los pueblos más honestos, más fraternos y más trabajadores del mundo.

También, debe señalarse que, por culpa del abandono de las actividades productivas y del campo, por el desempleo y por la desatención a los jóvenes, se desataron la inseguridad y la violencia que han cobrado miles de muertes en nuestro país.

Por todo ello, es ilógico pensar que con la misma política económica podremos superar la decadencia. Por el contrario, y duele decirlo, mientras no haya un cambio de fondo, que incluya también una nueva corriente de pensamiento que fortalezca valores morales, culturales y espirituales, México seguirá en crisis y su pueblo no encontrará la salida.

De ahí que nuestra propuesta se centre en cambiar el régimen de corrupción y privilegios, de manera pacífica y por la vía electoral, con la participación consciente y organizada del pueblo. Aspiramos llegar al gobierno de la República para ejecutar, concretamente, dos acciones: combatir la corrupción hasta erradicarla por completo y abolir los privilegios de la alta burocracia con la aplicación de una política de austeridad republicana.

Estamos convencidos de que, con estas dos medidas, es posible ahorrar hasta 800 mil millones de pesos, unos 42 mil millones de euros, para  promover la actividad productiva, la creación de empleos y el bienestar de los mexicanos.

El propósito es lograr que haya movilidad social, que los jóvenes puedan, con el estudio y el trabajo, ascender en la escala social; que a nadie se le cancele el futuro y se enfrente la infame condena, de corte conservador, según la cual, el que nace pobre debe morir pobre.

 El éxito de esta nueva forma de hacer política dependerá, en mucho, de gobernar con honestidad. La corrupción se origina, fundamentalmente, de arriba hacia abajo, por eso, el ejemplo debe darse desde los más altos niveles de gobierno. Benito Juárez, el mejor presidente en la historia de México, decía: “Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidades. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes: no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley ha señalado”.

 Un gobierno honesto tendrá que promover la creación de un nuevo marco legal para otorgar absoluta independencia al Poder Judicial y acabar con la impunidad. Por ejemplo, mientras en Guatemala se encarcela y enjuicia al Presidente por robo, en México, desde hace más de un siglo, la Constitución establece que no se puede juzgar al Presidente en turno por el delito de corrupción.

 Asimismo, el nuevo gobierno democrático de México buscará revertir las mal llamadas reformas estructurales, sobre todo, las que tienen que ver con la privatización de bienes y recursos públicos. Pero esto no se hará por decreto. No somos ni actuaremos como ellos. No se responderá a la imposición con imposición. Siempre convocaremos a la consulta ciudadana. El método democrático será la guía. Desde luego, nosotros defenderemos con argumentos nuestra postura, pero el pueblo tendrá la última palabra, el pueblo decidirá.

 Por ejemplo, estamos convencidos que se necesita cancelar la privatización del petróleo y los convenios respectivos manchados por la corrupción y el influyentismo, porque es fundamental recuperar el sector energético para convertirlo en palanca del desarrollo nacional, todo ello, con la idea de reducir el costo de los energéticos, explotarlos con racionalidad y crear empleos en el país. Pero, aun tratándose de un asunto estratégico, antes de iniciar el proceso legal para nacionalizar de nuevo la industria eléctrica y el petróleo, vamos a llevar a cabo una amplia consulta en la cual serán los mexicanos los que decidan el rumbo de nuestras acciones políticas.

 Claro está que primero hay que ganar las elecciones de 2018. Actualmente, las encuestas nos colocan en primer lugar en las preferencias electorales, pero enfrentamos una mafia de poder que no quiere perder sus privilegios. Tampoco  son blancas palomas. A pesar del desprestigio del régimen opresor todavía cuentan con el control de los medios de información y con un recurso vil e inmoral, como es el tráfico con la pobreza de la gente. Los partidos del régimen compran, con migajas y dinero, el voto de la mayoría de los ciudadanos.

 Es demostrable que mientras nosotros, que somos auténticamente de izquierda, obtenemos votos en ciudades y en las clases medias, ellos, que son de derecha, los están comprando en las zonas más pobres del campo y de la ciudad.

 Este es el principal reto que enfrentamos. Ya no les ayuda tanto el control monopólico de la información porque, con las redes sociales, la comunicación alternativa y de boca en boca, la verdad se abre paso y llega hasta el más apartado rincón del país.

 Sin embargo, la compra del voto sí les funciona porque hay millones de mexicanos desposeídos. Esa es la gran inmoralidad, la paradoja perversa: los opresores, encima de todo, se aprovechan de la pobreza de sus víctimas.

 A pesar de lo anterior, este desafío lo estamos enfrentando con mucho trabajo de organización y concientización, desde los pequeños pueblos, colonias y a lo largo y  ancho del territorio nacional. Además, hay un despertar ciudadano extraordinario, verdaderamente transformador. En fin, estamos seguros que, en el 2018, le ganará la dignidad al dinero y triunfará la justicia sobre el poder.

Muchas gracias.

París, Francia, 16 de octubre de 2015