Amigas, amigos:
Inicio con una afirmación categórica: la
corrupción política es el gran problema de México y la causa principal
de la desigualdad económica y social, así como de la violencia que se
padece.
Siempre ha existido la corrupción pero,
aunque parezca increíble, lo sucedido en el actual periodo neoliberal no
tiene precedente.
En estos tiempos, el sistema funciona
por entero para la corrupción. El poder público y el poder del dinero se
han unido, alimentado y nutrido mutuamente, y se ha implantado como
política el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la
Nación.
Ahora, la deshonestidad es mayor que
nunca. Antes del neoliberalismo, los gobernantes no se atrevían a
privatizar las tierras ejidales, los bosques, el agua, las playas, los
ferrocarriles, las minas, la industria eléctrica, ni mucho menos tocaron
el petróleo.
En la actualidad, no solo se trata, como
antes, de actos delictivos individuales o de una red de complicidades
para hacer negocios al amparo del poder público; ahora, la corrupción se
ha convertido en la principal función del Estado.
Un pequeño grupo ha confiscado todos los
poderes y mantiene secuestradas las instituciones para su exclusivo
beneficio. El Estado ha sido tomado y convertido en un mero comité al
servicio de una minoría. Y como decíaLeón Tolstoi: Un Estado que no
procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
La nueva forma de saqueo comenzó a
principios de los años ochenta del siglo pasado, al mismo tiempo que se
impuso, en casi todo el mundo, el llamado modelo económico neoliberal
que consiste, en esencia, en transferir bienes del pueblo y de la nación
a particulares, nativos o extranjeros.
Esta gran estafa, se ha acompañado de
mucha propaganda para hacer creer que la privatización es la panacea y
que el Estado no debe promover el desarrollo ni procurar la distribución
del ingreso. Se proclama que, si les va bien a los de arriba, les
irá bien a los de abajo, como si la riqueza, en sí misma, fuese
permeable o contagiosa.
Con este sofisma, un grupo se apoderó de
bancos, empresas públicas, de valiosos recursos naturales y del
gobierno. Es decir, no nada más se conformaron con acumular inmensas
fortunas para figurar en la lista de los hombres más ricos del mundo,
sino que también han concentrado suficiente poder político para situarse
por encima de las instituciones constitucionales y ser ellos la
encarnación misma del Estado.
En los hechos, los integrantes de este
grupo son los que verdaderamente mandan y deciden sobre cuestiones
fundamentales en la Cámara de Diputados y en el Senado, en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en el Instituto NacionalElectoral y en
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la
Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda, y en
los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. Además,
poseen o controlan a la mayoría de los medios de comunicación.
Por cierto, sobre esto último, el
presidente François Mitterrand sostuvo, en sus Memorias
interrumpidas que, en Francia, sería difícil aceptar el predominio de lo
que llamaba el poder audiovisual. Hablaba que implicaría una
inclinación antidemocrática suponer que un presidente, además del poder
político que le confieren las instituciones, contara con el favor de los
medios masivos de comunicación.
No sé si esto se ha podido evitar o si
en los últimos tiempos aquí, se ha padecido semejante aberración. Lo que
me consta y puedo decir con pesar es que en mi país, el grupo
dominante, con mucho dinero y publicidad, en especial con la televisión,
impuso al actual presidente, un personaje escenográfico, falso, sin
preparación y deshonesto.
Pero retomando el hilo de nuestro
planteamiento estructural, afirmamos que la política de pillaje y la
república simulada predominante han provocado la decadencia de México.
El fracaso, en términos de bienestar colectivo, es rotundo. En vez de
avanzar en lo económico, social, moral y político, hemos retrocedido. Y
no podría ser de otra forma. El supuesto nuevo paradigma, como le
llaman, fue diseñado con el único fin de favorecer a una pequeña
minoría de políticos corruptos y delincuentes de cuello blanco que se
hacen pasar por hombres de negocios.
Llevamos décadas sin políticas
públicaspensadas para promover el desarrollo o procurar la justicia; no
se atienden demandas sociales ni con fines humanitarios ni para evitar
conflictos y violencia; tampoco se gobierna con rectitud y honestidad,
todo se reduce a ejecutar operaciones de traslado de bienes del pueblo y
de la nación a particulares, con el engaño de que eso nos
traerá prosperidad.
Y es evidente que la privatización no ha
implicado crecimiento, empleo y bienestar. Si asífuera, ya se estarían
viendo los beneficios. A estas alturas, conviene preguntar puntualmente a
los defensores de esa política:
¿En qué se beneficiaron los mexicanos con la privatización del sistema de telecomunicaciones?
¿Qué no, acaso, los servicios de telefonía e internet están entre los más caros, atrasados y lentos del mundo?
¿En qué se avanzó con la privatización
de los Ferrocarriles Nacionales si, en veinte años, las empresas
extranjeras, además de que no han construido nuevas líneas férreas,
eliminaron los trenes de pasajeros y cobran lo que quieren por el
transporte de carga?
¿Cuál ha sido el beneficio para los
mexicanos de la entrega de concesiones por 100 millones de hectáreas, la
mitad del territorio nacional, para la explotación del oro, la plata y
el cobre?
Los trabajadores mineros mexicanos
ganan, en promedio, dieciséis veces menos que los mineros de Estados
Unidos y Canadá. Un dato: las empresas de este ramo han extraído en
sólo cinco, el equivalente a toda la plata y el oro que se trajeron los
españoles en 300 años y, durante la Colonia, mal que bien, se
construyeron bellos edificios y templos que hasta hoy se aprecian en los
centros históricos de las ciudades mineras y de la capital del país.
Pero ahora no dejan nada. No hay ninguna obra, ningún beneficio, ni
siquiera pagan impuestos por la explotación de esta riqueza, con el
añadido de la destrucción y la contaminación impune de nuestro
territorio.
Recientemente, hace menos de dos años,
se privatizó todo el sector energético, el gas, la industria eléctrica y
el petróleo. ¿Y cuál es el resultado? En poco tiempo, la hacienda
pública ha dejado de recibir 500 mil millones de pesos (unos 25 mil
millones de euros), tanto por la baja del precio del petróleo, como por
las trasferencias de ganancias a empresas particulares. Obviamente, la
economía permanece estancada y no se generan empleos, como ofrecieron
los profesionales de la mentira y del hurto.
En suma, estamos viviendo la época de
mayor saqueo de los recursos naturales en la historia de México y nada
bueno nos ha dejado la llamada política neoliberal o
neoporfirista. En treinta años, ni siquiera en términos cuantitativos,
hemos avanzado. Al contrario, somos de los países con menos crecimiento
económico en el mundo; incluso, en este aspecto, por algunos años, nos
hemos colocado por debajo de Haití. La falta de oportunidades de empleos
ha obligado a millones de mexicanos a emigrar a Estados Unidos o a
buscarse la vida en actividades consideradas como informales. Hoy, la
mitad de los mexicanos trabaja en forma precaria y sin ninguna seguridad
social.
Aquí hago una aclaración pertinente. No
debe confundirse al gobierno corrupto de México con nuestro pueblo. La
deshonestidad y la ostentación del presidente Peña, con sus mansiones y
su lujoso avión y la violencia difundida en el extranjero, solo son
calamidades transitorias. México es un país con una cultura milenaria y
grandiosa, de ahí su pueblo ha heredado su extraordinaria vocación por
el trabajo. Gracias por a ello, nuestro país no ha sucumbido por
completo. Por ejemplo, los migrantes mexicanos que se han visto
obligados a salir del territorio nacional por falta de oportunidades,
sobre todo de empleo, son ahora los que más ingresos aportan a la
economía nacional. Nuestros paisanos, según cifras oficiales, de enero a
agosto de este año, enviaron a sus familiares, desde Estados Unidos, 16
mil 578 millones de dólares, mientras los ingresos petroleros, en el
mismo periodo, fueron de 13 mil 633 millones de dólares y las divisas
por turismo, de 12 mil 252 millones de dólares. En otras palabras, el
pueblo de México es mucho más que su gobierno, es de los pueblos más
honestos, más fraternos y más trabajadores del mundo.
También, debe señalarse que, por culpa
del abandono de las actividades productivas y del campo, por el
desempleo y por la desatención a los jóvenes, se desataron la
inseguridad y la violencia que han cobrado miles de muertes en nuestro
país.
Por todo ello, es ilógico pensar que con
la misma política económica podremos superar la decadencia. Por el
contrario, y duele decirlo, mientras no haya un cambio de fondo, que
incluya también una nueva corriente de pensamiento que fortalezca
valores morales, culturales y espirituales, México seguirá en crisis y
su pueblo no encontrará la salida.
De ahí que nuestra propuesta se centre
en cambiar el régimen de corrupción y privilegios, de manera pacífica y
por la vía electoral, con la participación consciente y organizada del
pueblo. Aspiramos llegar al gobierno de la República para
ejecutar, concretamente, dos acciones: combatir la corrupción hasta
erradicarla por completo y abolir los privilegios de la alta burocracia
con la aplicación de una política de austeridad republicana.
Estamos convencidos de que, con estas
dos medidas, es posible ahorrar hasta 800 mil millones de pesos, unos 42
mil millones de euros, para promover la actividad productiva, la
creación de empleos y el bienestar de los mexicanos.
El propósito es lograr que haya
movilidad social, que los jóvenes puedan, con el estudio y el trabajo,
ascender en la escala social; que a nadie se le cancele el futuro y se
enfrente la infame condena, de corte conservador, según la cual, el que
nace pobre debe morir pobre.
El éxito de esta nueva forma de hacer
política dependerá, en mucho, de gobernar con honestidad. La corrupción
se origina, fundamentalmente, de arriba hacia abajo, por eso, el ejemplo
debe darse desde los más altos niveles de gobierno. Benito Juárez, el
mejor presidente en la historia de México, decía: “Bajo el sistema
federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas
sin responsabilidades. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad
caprichosa, sino con sujeción a las leyes: no pueden improvisar fortunas
ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente
al trabajo, resignándose a vivir en la honrada medianía que proporciona
la retribución que la ley ha señalado”.
Un gobierno honesto tendrá que promover
la creación de un nuevo marco legal para otorgar absoluta independencia
al Poder Judicial y acabar con la impunidad. Por ejemplo, mientras en
Guatemala se encarcela y enjuicia al Presidente por robo, en México,
desde hace más de un siglo, la Constitución establece que no se puede
juzgar al Presidente en turno por el delito de corrupción.
Asimismo, el nuevo gobierno democrático
de México buscará revertir las mal llamadas reformas estructurales,
sobre todo, las que tienen que ver con la privatización de bienes y
recursos públicos. Pero esto no se hará por decreto. No somos ni
actuaremos como ellos. No se responderá a la imposición con imposición.
Siempre convocaremos a la consulta ciudadana. El método democrático
será la guía. Desde luego, nosotros defenderemos con argumentos nuestra
postura, pero el pueblo tendrá la última palabra, el pueblo decidirá.
Por ejemplo, estamos convencidos que se
necesita cancelar la privatización del petróleo y los convenios
respectivos manchados por la corrupción y el influyentismo, porque es
fundamental recuperar el sector energético para convertirlo en palanca
del desarrollo nacional, todo ello, con la idea de reducir el costo de
los energéticos, explotarlos con racionalidad y crear empleos en el
país. Pero, aun tratándose de un asunto estratégico, antes de iniciar el
proceso legal para nacionalizar de nuevo la industria eléctrica y el
petróleo, vamos a llevar a cabo una amplia consulta en la cual serán los
mexicanos los que decidan el rumbo de nuestras acciones políticas.
Claro está que primero hay que ganar
las elecciones de 2018. Actualmente, las encuestas nos colocan en primer
lugar en las preferencias electorales, pero enfrentamos una mafia de
poder que no quiere perder sus privilegios. Tampoco son blancas
palomas. A pesar del desprestigio del régimen opresor todavía cuentan
con el control de los medios de información y con un recurso vil e
inmoral, como es el tráfico con la pobreza de la gente. Los partidos del
régimen compran, con migajas y dinero, el voto de la mayoría de los
ciudadanos.
Es demostrable que mientras nosotros,
que somos auténticamente de izquierda, obtenemos votos en ciudades y en
las clases medias, ellos, que son de derecha, los están comprando en las
zonas más pobres del campo y de la ciudad.
Este es el principal reto que
enfrentamos. Ya no les ayuda tanto el control monopólico de la
información porque, con las redes sociales, la comunicación alternativa y
de boca en boca, la verdad se abre paso y llega hasta el más apartado
rincón del país.
Sin embargo, la compra del voto sí les
funciona porque hay millones de mexicanos desposeídos. Esa es la gran
inmoralidad, la paradoja perversa: los opresores, encima de todo, se
aprovechan de la pobreza de sus víctimas.
A pesar de lo anterior, este desafío lo
estamos enfrentando con mucho trabajo de organización y
concientización, desde los pequeños pueblos, colonias y a lo largo y
ancho del territorio nacional. Además, hay un despertar ciudadano
extraordinario, verdaderamente transformador. En fin, estamos seguros
que, en el 2018, le ganará la dignidad al dinero y triunfará la justicia
sobre el poder.
Muchas gracias.
París, Francia, 16 de octubre de 2015
