Piden adecuar las leyes locales en materia de disciplina financiera

• Se debe armonizar las leyes locales con los principios constitucionales en materia de deuda pública, dijo el diputado local Julen Rementería del Puerto

Xalapa, Ver.

Armonizar las leyes locales con los principios constitucionales en materia de deuda pública y aprobar la Minuta del Senado de la República en materia de disciplina financiera, pidió a la LXIII Legislatura del Estado el diputado local Julen Rementería del Puerto.

Durante la Sexta Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente, el Legislador dijo que el Poder Legislativo federal expedirá una ley general con reglas para el endeudamiento de los estados y los municipios, con límites máximos para la contratación de deuda.

Además, se les obliga a inscribir y hacer pública la totalidad de la deuda y obligaciones de pago en un registro único, en el que por transparencia y acceso a la información el estado deberá informar el nombre acreedor, monto de la deuda, tasa de interés, plazo, tipo de garantía y fuente de pago.

El Secretario de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado informó que el ordenamiento establece un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda, prohíbe los préstamos para cubrir el gasto corriente y prevé sancionar a los funcionarios por el manejo y control de la deuda pública.

De acuerdo con Julen Rementería, la Auditoría Superior de la Federación podría fiscalizar en la entidad el ejercicio de los recursos prevenientes de deuda, cuando se garantice con recursos federales, y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) vigilaría la deuda pública.

La contratación de deuda requerirá la autorización del Congreso local con mayoría calificada de los diputados presentes, y deberán justificarse las mejores condiciones de mercado, destino de los recursos, capacidad de pago y establecimiento de la fuente de pago u otorgamiento de garantías.

El también vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia agregó que una vez en vigor esta reforma, una disposición transitoria establece que el estado y los municipios envíen al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión –en un plazo de dos meses–, un informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes.