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- La Secretaría General del Congreso del Estado enlistará el asunto para la Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente, que citaría a una Sesión Extraordinaria
Xalapa, Ver.
Los
miembros de la Comisión Permanente Instructora de la LXIII Legislatura del
Estado entregaron este martes a las 23:00 horas a la Secretaría General, el
Dictamen con sus consideraciones respecto del Juicio Político y Declaración de
Procedencia que se sigue al Presidente Municipal de Medellín de Bravo, acusado de
la autoría intelectual del secuestro y asesinato del periodista de Moisés
Sánchez Cerezo.
Firmaron el
Dictamen los diputados Juan Manuel Velázquez Yunes y Raúl Zarrabal Ferat,
presidente y vocal –respectivamente– de la Comisión Permanente Instructora. No
así su secretario, Édgar Hugo Fernández Bernal.
De acuerdo
con el procedimiento, la Secretaría General del Congreso del Estado remitirá el
asunto a la Junta de Coordinación Política, que podría enlistarlo para la
Cuarta Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente –este martes 24 de marzo–,
cuando se citaría a una Sesión Extraordinaria, pues la decisión sobre el
posible desafuero del Presidente Municipal deberá obtener mayoría calificada.
Es decir, el voto de dos terceras partes de los 50 diputados locales.
Durante la
Sesión Extraordinaria, la Secretaria de la Mesa Directiva leerá el Dictamen o
una síntesis que contenga los puntos sustanciales y sus conclusiones, y se
concederá la palabra a Omar Cruz Reyes o a su defensor, hasta por 30 minutos,
para que repliquen lo que a sus intereses convenga.
Luego, la
Presidenta de la Mesa Directiva solicitará al servidor público y a su defensor
que se retiren del recinto, y el Pleno –instituido como Órgano de Acusación–
acordará o no continuar el procedimiento de desafuero. De no obtener la mayoría
calificada, el expediente se archivará como asunto concluido.
El pasado
martes 27 de enero, el fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras,
acudió al Palacio Legislativo y entregó la solicitud de Juicio Político y
Declaración de Procedencia en contra del presidente municipal de Medellín de
Bravo, junto con nueve tomos de la Investigación Ministerial correspondiente.
El 10 de
marzo se celebró la Audiencia de Pruebas y Alegatos, a la que acudieron el
propio Fiscal General y los abogados del Edil.
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