jueves, 12 de marzo de 2015

Crearían fiscalías especializadas en Combate a la Corrupción y Delitos Electorales



·         Modificarían la Ley Orgánica del Ejecutivo estatal, para eliminar disposiciones relativas a la extinta Procuraduría General de Justicia

Xalapa, Ver.


Para garantizar la imparcialidad y objetividad en la función del Ministerio Público y mejorar las actividades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, la diputada Ana Cristina Ledezma López, en nombre de su grupo legislativo, presentó una Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política local.

La propuesta, turnada a las comisiones permanentes unidas de Procuración de Justicia y de Justicia y Puntos Constitucionales, plantea disposiciones relativas al titular de la FGE, entre las que destaca que su designación deberá tener el aval de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso local, y no sólo de quienes se encuentren presentes.

Proponen que la remoción del Fiscal derive de faltas u omisiones a las leyes o tratados internacionales que resulten aplicables con motivo de sus funciones y que afecten de manera grave e irreparable los derechos humanos de una persona dentro de un proceso penal. Esto sería promovido por el Ejecutivo estatal con intervención del Congreso del Estado, para que el proceso no esté supeditado a un solo poder.

La Iniciativa también plantea incluir en la FGE órganos como las fiscalías especializadas en Combate a la Corrupción y en Delitos Electorales, cuyos titulares sean nombrados y removidos por el Fiscal, con la posibilidad de ser objetados por el Congreso local.

Los legisladores coincidieron en la necesidad de un mecanismo para la rendición de cuentas de los titulares de los organismos autónomos, tal como la Fiscalía, y anunciaron una Iniciativa al respecto.

Además, para adecuar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado en relación con la función del Ministerio Público, se presentó una Iniciativa que deroga algunos de sus artículos, para eliminar a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), que ya no existe.

Los miembros de las comisiones permanentes unidas de Procuración de Justicia y de Justicia y Puntos Constitucionales analizarán esta propuesta, que busca derogar las referencias y atribuciones que tenía el Ejecutivo sobre la extinta PGJ, y que la norma jurídica aún señala.

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