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Modificarían
la Ley Orgánica del Ejecutivo estatal, para eliminar disposiciones relativas a
la extinta Procuraduría General de Justicia
Xalapa, Ver.
Para
garantizar la imparcialidad y objetividad en la función del Ministerio Público
y mejorar las actividades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz,
la diputada Ana Cristina Ledezma López, en nombre de su grupo legislativo,
presentó una Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución
Política local.
La
propuesta, turnada a las comisiones permanentes unidas de Procuración de
Justicia y de Justicia y Puntos Constitucionales, plantea disposiciones
relativas al titular de la FGE, entre las que destaca que su designación deberá
tener el aval de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso local,
y no sólo de quienes se encuentren presentes.
Proponen
que la remoción del Fiscal derive de faltas u omisiones a las leyes o tratados
internacionales que resulten aplicables con motivo de sus funciones y que
afecten de manera grave e irreparable los derechos humanos de una persona
dentro de un proceso penal. Esto sería promovido por el Ejecutivo estatal con
intervención del Congreso del Estado, para que el proceso no esté supeditado a un
solo poder.
La
Iniciativa también plantea incluir en la FGE órganos como las fiscalías
especializadas en Combate a la Corrupción y en Delitos Electorales, cuyos
titulares sean nombrados y removidos por el Fiscal, con la posibilidad de ser
objetados por el Congreso local.
Los
legisladores coincidieron en la necesidad de un mecanismo para la rendición de
cuentas de los titulares de los organismos autónomos, tal como la Fiscalía, y
anunciaron una Iniciativa al respecto.
Además,
para adecuar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado en relación con la
función del Ministerio Público, se presentó una Iniciativa que deroga algunos
de sus artículos, para eliminar a la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJ), que ya no existe.
Los
miembros de las comisiones permanentes unidas de Procuración de Justicia y de
Justicia y Puntos Constitucionales analizarán esta propuesta, que busca derogar
las referencias y atribuciones que tenía el Ejecutivo sobre la extinta PGJ, y
que la norma jurídica aún señala.
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