Más de 160 millones, para seguridad pública y procuración de justicia

• La Iniciativa del diputado Ricardo Ahued Bardahuil propone asignar el 10 por ciento del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (IERTP) a estos rubros, para 2015

Xalapa, Ver.

Más de 160 millones de pesos se ejercerían durante 2015 en materia de seguridad pública y procuración de justicia en Veracruz, de aprobarse la Iniciativa presentada por el diputado Ricardo Ahued Bardahuil, para asignar a estos rubros 10 por ciento de los ingresos del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (IERTP).

De acuerdo con la propuesta de reforma al artículo 105 del Código Financiero, presentada al Pleno legislativo, el Estado dispondría de más recursos para garantizar el bienestar de la población.

Al reconocer que el presupuesto es insuficiente para cubrir dicha demanda, el representante popular consideró “saludable que en el proyecto anual de egresos que aprueba la Legislatura local se etiqueten recursos para infraestructura, operación técnica y capacitación en seguridad pública y procuración de justicia”.

Ahued Bardahuil señaló que es tarea de los legisladores buscar nuevos mecanismos para resolver las problemáticas sociales y coadyuvar en los esquemas que propicien un mayor desarrollo para los veracruzanos.

La iniciativa consigna que en Veracruz deben destinarse recursos adicionales para que las instituciones encargadas de investigar conductas delictivas estén en condiciones de atender las solicitudes de los ciudadanos.

El Artículo 105 del Código Financiero del Estado establece que el impuesto mencionado se destina a otorgar créditos para micro, pequeñas y medianas empresas, financiamiento del gasto público, obra pública  y protección civil en la entidad.

Para ello, el Gobierno del Estado constituyó un fideicomiso público, al que destina 100 por ciento de la recaudación, y el Comité Técnico del Fideicomiso está facultado para conocer, aprobar y controlar los proyectos de obras y acciones públicas, así como fijar el monto destinado a otorgar los créditos que se sometan a su aprobación, para garantizar la correcta aplicación de los recursos.