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Presiones de informales
Descontento creciente
Perversa maniobra
POR RAYMUNDO LEÓN
Al final de cada trienio, comerciantes informales presionan. Buscan lograr más espacios, más permisos y más “tolerados” en las calles de Xalapa. Por años ha sido así y todo el mundo lo sabe. Por ello, no es de extrañar que las “noticias” en las que los comerciantes informales sean los protagonistas vayan en aumento a medida que finaliza la administración municipal.
Lo que se advierte es que a pesar de las presiones que puedan ejercer, el gobierno municipal no cederá y no otorgará ni más permisos, ni más espacios y no permitirá a más “tolerados”. Esa posición la ha mantenido durante los dos años y medio de la administración y lo hará hasta el 31 de diciembre de este año. Para ello se basa en el Acuerdo de Cabildo firmado el 26 de mayo de 2008 en el que se establece que la venta ambulante de productos diversos en las calles del centro histórico de Xalapa no está permitida. También existen dos acuerdos previos de 2004 y 2005 que establecen lo mismo, además del artículo sexto del Reglamento de Desarrollo Económico Municipal.
Ya Edgar Portilla Salazar, director de Comercio municipal, informó que “en el año 2004, la autoridad municipal entregó alacenas y vitrinas a comerciantes informales para la venta de mercancías diversas en el interior de la Plaza Clavijero. En su momento, los comerciantes estuvieron de acuerdo con la reubicación; ahora, algunos han traspasado o vendido los locales y han decidido regresar a las calles para la venta de sus productos”.
En el país, todos tienen derecho a un trabajo digno, pero también todos deben respetar los lineamientos que existen para ello. El gobierno municipal hace valer la ley existente y con base en ella no cederá a presiones. Ignorar la ley y ceder a las presiones sería equivalente a llenar las calles del centro histórico de comerciantes informales. Sería equivalente a hacer lo mismo que han hecho administraciones anteriores: fomentar la competencia desleal entre comerciantes establecidos e informales.
*** Se señaló la semana pasada: En la Escuela Secundaria General Número 1 “Sebastián Lerdo de Tejada” hay entre los padres de familia un descontento creciente que pude llegar a su clímax en los próximos días. Es que ahí, la asociación de padres de familia, exige el pago obligatorio, por concepto de aportación voluntaria, de 900 pesos, 300 de los cuales corresponden a la rifa de un automóvil Nissan Tiida que se realizará el 25 de abril del próximo año por conmemorarse 50 años de la fundación del mencionado centro educativo.
Los reclamos crecen y hasta ahora ninguna autoridad de la Secretaría de Educación de Veracruz ha intervenido en el problema. Y como que tampoco ahí están para enviar a la supuesta representante de los padres de familia en el estado, Rita María Guerra Nogueira, porque no tendría calidad moral para emitir recomendaciones, además de que en la APAFEV los recursos públicos que se reciben del gobierno estatal se manejan con opacidad inaudita.
A los padres de familia de la citada escuela se les exige pagar primero su cuota en el banco y después acudir a inscribir a sus hijos, si no es de esa forma no hay inscripción. Los 900 pesos deben depositarse en el banco HSBC y en la cuenta número 4054542980 a nombre de la tesorera de la asociación de padres de familia, Erika Patricia Vázquez Velásquez, lo que sin duda alguna es una seria anomalía. En esta situación de exigencia de recursos se encuentra inmerso Maximiliano Merino Roldán, que al parecer es profesor jubilado del CBTIS 13, y quien lleva dos años como presidente de la citada asociación, además de que no se sabe si tiene o no hijos en la citada escuela. También lo está David Mejía Moctezuma, director del plantel educativo. A los tres, los padres de familia los señalan de usar a su favor recursos procedentes de los padres de familia.
La asociación de padres de familia de la Escuela General Número 1 “Sebastián Lerdo de Tejada” ecibió para el ciclo escolar 2012-2013 un aproximado de 900 mil pesos considerando a mil 600 alumnos en los dos turnos. Para el próximo ciclo, se calculan un millón 440 mil pesos. El problema es que, se segura, no hay un informe acerca de qué es lo que se hizo con los recursos que se recibieron durante el año pasado. Y nadie se traga el cuento de que en una sala de lectura y biblioteca y un mural en la plaza cívica la asociación de padres de familia de la escuela se gastó 900 mil pesos porque la escuela luce sucia y descuidada. Los paterfamilias extrañan a la mesa directiva de hace dos años que, aseguran, rendía cuentas e hizo mucho en favor de la citada escuela.
Por situaciones como la expuesta, urge que se reforme el artículo 102 de la Ley General de Educación para el Estado de Veracruz. Este artículo ordena que la organización y funcionamiento de las asociaciones de padres de familia, en lo concerniente a sus relaciones con las autoridades de las escuelas, se sujeten a las disposiciones que emita la autoridad educativa federal, disposiciones que se contienen en un reglamento expedido conforme a la anterior Ley Federal de Educación y que no se ha actualizado en razón de que, desde 1992, se descentralizó la función educativa, por lo que se transfirieron, de la federación a las entidades federativas, las principales atribuciones en esta materia. Ello explica, se lee en la iniciativa de reforma presentada por la diputada Diana Santiago Huesca, que en lo referente a las asociaciones de padres de familia exista un vacío legal, toda vez que el reglamento a que deben sujetarse está desfasado tanto del derecho positivo como de la realidad social, pues se emitió para un orden jurídico y un tiempo muy diferentes a los actuales. Urge, pues, un reglamento local que satisfaga las necesidades de establecer normas claras y precisas para la integración y funcionamiento de dichas agrupaciones.
*** Se sabe que Rita María Guerra Nogueira, presidenta no renovable de la Asociación Estatal de Padres de Familia (APAFEV) busca afanosamente al diputado Ulises Ochoa Valdivia con la finalidad de poder negociar con él que la iniciativa de reforma del artículo 102 de la Ley General de Educación para el Estado de Veracruz sea enviada a la congeladora. La razón es que a ella no le conviene que exista un reglamento “que satisfaga las necesidades de establecer normas claras y precisas para la integración y funcionamiento” de las asociaciones de padres de familia, incluyendo la estatal.
La perversa y mafiosa maniobra podría funcionar, porque hace unos días se vio al secretario particular del diputado local en las mismas oficinas de la APAFEV, quien según versiones, llevó la encomienda de concertar una entrevista entre la presidenta no renovable de la APAFEV y el legislador veracruzano, que, dicho sea de paso, está muy molesto porque la diputada Diana Santiago Huesca ha señalado una y otra vez que en la comisión que él preside no se trabaja.
Otro dato, desde la misma APAFEV o la Secretaría de Educación de Veracruz alguien tendría que esclarecer si Rita María Guerra Nogueira e Itzel Rodríguez Mesa, presidenta y vicepresidenta de la citada asociación, podrían seguir fungiendo como tales ya que a partir del próximo ciclo escolar ninguna de las dos tendrán hijos en jardín de niños, primaria o secundaria, niveles en los que la APAFEV se atribuye representación entre los padres de familia. Sin duda, es una representación que se mofa de los padres de familia.
Pero si los padres de familia en general se quedan callados ante las denuncias de opacidad que existe desde la APAFEV, entonces que nadie se queje amargamente cuando los obliguen a pagar las "aportaciones voluntarias" en las escuelas y mucho menos cuando nadie quiera rendirles cuentas de qué es lo que se hace con el dinero que aportan a las sociedades de padres de familia.
e-mail: desdelaesquina@hotmail.com
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