El Partido Acción Nacional lamenta el fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conceder el amparo liso y llano con el que se ordena la inmediata liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada y sentenciada como responsable de secuestro y otros delitos graves.
Resulta evidente que los derechos de las víctimas en México han quedado vulnerados y las voces de quienes han sufrido un secuestro no fueron escuchadas por los ministros que concedieran el beneficio a Cassez.
Para Acción Nacional, los ministros de Justicia minimizaron los testimonios de las víctimas que han sido contundentes: Todos identifican a Florence como integrante de la banda de secuestradores Los Zodiacos, acusada por lo menos de 10 plagios y la muerte de una persona.
El mensaje que envía la SCJN nos alerta retrocesos en la justicia mexicana, y sienta un peligroso precedente de impunidad en favor de criminales y secuestradores.
Acción Nacional emprenderá una cruzada para la defensa de los derechos de las víctimas y dará puntual seguimiento a los casos de violación de derechos humanos contra la población mexicana.
El PAN puntualiza que en el sexenio pasado el Ejecutivo Federal en todo momento fue respetuoso del equilibrio y autonomía entre los Poderes de la Unión, ya que Cassez fue procesada por tres instancias diferentes del Poder Judicial con todos sus derechos y obligaciones que otorgan las leyes mexicanas.
Además, resguardó el principio del Estado de Derecho, por lo que este fallo representa un infortunio para la justicia mexicana. Probables vicios al procedimiento en nada afectan la valoración de pruebas, mismas que eran incontrovertibles.
Acción Nacional se ha mostrado en todo momento del lado de las víctimas, no en balde se impulsaron un sinnúmero de iniciativas para darles atención. En el caso que nos ocupa, nos solidarizamos con las organizaciones de derechos humanos que han levantado su voz para protestar por este fallo.
Aunque somos respetuosos de las decisiones del Poder Judicial, hacemos un atento llamado a los Ministros de la Corte y al Gobierno Federal para que se haga efectiva la división de poderes, la protección de los derechos humanos se cumpla en los términos que fue promulgada la reforma constitucional en el pasado sexenio, y la aplicación de penas privativas de la libertad se juzguen cuando se cometa delitos que dañen los derechos de los mexicanos.
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